Opinion

-Salida obligada del director del Cereso

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GPS Columna

miércoles, 04 enero 2023 | 05:00

-Eran federales en penales estatales

-El trailero y los cables de la Ortiz Mena

-Deben 30 millones predial, no pagan desde 1987  

Era de esperarse la salida del director del Cereso Estatal 3 de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Téllez. 

El desorden existente dentro del penal quedó nuevamente exhibido con el motín del pasado primero de enero, en el que 19 personas perdieron la vida y 30 reclusos lograron escapar, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”. 

Era imposible sostenerlo en el puesto, sin escalar a otro nivel de responsabilidad.

Pero también hay reflejo del nivel deficiente con que trabajaba el mencionado funcionario y el resto de sus colaboradores, en los pequeños-grandes detalles como la pobreza con la que están elaboradas las medias filiaciones o fichas de identificación de las personas privadas de la libertad. 

Estos documentos comenzaron a difundirse entre las corporaciones de seguridad para lograr la recaptura de los reos evadidos durante la trifulca del pasado domingo, que en primer corte eran 27 las personas que escaparon del centro carcelario, luego la cifra bajó a 25 para, finalmente, tener un saldo oficial de 30. 

Algunas de las fichas no precisan el nivel de peligrosidad de la persona detenida o si cuenta con antecedentes penales; tampoco hay precisión si el recluso tiene sentencia o sigue bajo proceso. En algunos casos ni siquiera aparece el delito y en casi la totalidad hay edades incorrectas, pues los datos no están actualizados. 

Parecieran minucias, pero si no hay siquiera control y cuidado en detalles en apariencia sencillos, no sorprende que el ahora exdirector no haya podido o no haya querido ordenar las evidentes irregularidades que hay dentro del penal y que ahora esté bajo investigación por posibles responsabilidades en los hechos.

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No puede dejarse el tema de esas fichas de identificación de los reos, sin reparar en un detalle que involucra la responsabilidad de la federación.

Seis de los reos prófugos estaban a disposición de un juez de distrito, es decir, del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el dato concreto arrancado de esas fichas mal elaboradas que fueron difundidas por Seguridad Pública.

Los internos enfrentaban procesos y/o sentencias diversas, Daniel Andrés Rodríguez Cardoso, por delitos contra la salud; Julio César Perales Pacheco, por  portación de cartuchos de armas de uso exclusivo del ejército, y Brian Eduardo De Santiago Samaris, Isaac Jesús Rojas Ruiz, Raúl Alfonso López Moriel, y Jorge Arturo Meléndez Alvídrez, por portación de arma de uso exclusivo del ejército y los primeros.

Eran pues responsabilidad federal, no tenían nada que estar haciendo en un Cereso que no cumple con estándares de alta seguridad.

Pero además, cuando hay análisis del detalle, de los prófugos sujetos a proceso y/o sentencia por juez del fuero común o local, hay tres por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cuatro por secuestro, delitos que por su propia naturaleza implican delincuencia organizada, que también deberían estar siendo atendidos por la federación.

Y si se quiere aún más ahondar en el tema, habría que revisar con lupa las once causas penales de los procesados y/o sentenciados por homicidio, porque en muchos de esos casos encontraremos delincuencia organizada.

El análisis de la situación de los penales tendría que empezar desde arriba, en la toma de decisiones en el sistema carcelario nacional, y por supuesto, en paralelo, a nivel local para erradicar prácticas de corrupción inaceptables.

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Aunque la cuenta pública 2021 del municipio de Chihuahua sale limpia y casi desinfectada en la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE), hay un detalle que su magnitud representa uno de los grandes retos de la administración del alcalde Marco Bonilla y quienes sean sus sucesores. 

El Gobierno municipal tiene cuentas pendientes de cobrar del impuesto predial por mil 402 millones de pesos, sin que exista evidencia de procedimientos efectivos tendientes a la recuperación de los adeudos, que representan más del 20 por ciento del presupuesto total de la ciudad. 

La observación de la ASE señala que la autoridad municipal ha sido omisa en aplicar los procedimientos administrativos de ejecución y se ha quedado corta en la recuperación de esas cuentas. Ahí se han dejado crecer como bola de nieve y ahora representan algo así como todo el gasto de un año de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

Una muestrita enlista 20 claves catastrales que mayor adeudo acumulan, aunque los nombres de los propietarios han sido censurados, sustituidos con “caso 1”, “caso 2”, etcétera. El primero de los casos muestra un adeudo de 192 bimestres y el segundo 144, por 30.5 millones y 20.3 millones de pesos, respectivamente.  

Entre la veintena de mayores deudores hay quienes no pagan el predial desde 1987 y los que no lo han hecho desde 2018, lo que la autoridad municipal trató de justificar ante la Auditoría echándole la culpa a las administraciones pasadas, típica respuesta para encubrir las fallas de unos y maximizar las de otros que estuvieron antes. 

La falta de cobro es también falta de responsabilidad en las funciones gubernamentales, por lo que dejar crecer los adeudos fiscales debería ser sancionable y no sólo observable por los órganos revisores. Al menos la transparencia y la exhibida pública para que la ciudadanía sepa quiénes son los incumplidos, serían un gran avance. 

Claro, es imposible recuperar todo porque además de los pagos no cubiertos las cuentas se cargan con réditos producto del rezago, pero ya un 10 por ciento de ese monto le puede servir muy bien a Obras Públicas, Mantenimiento Urbano o DIF Municipal. Cualquier instancia aprovecharía mejor el dinero que mantenerlo nada más en los registros contables. 

No porque sea un problema común de todos los municipios del estado puede pasarse por alto, sino más bien un municipio debe poner ejemplo de eficiencia a todo el estado y qué mejor que sea la capital. 

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Un abusivo trailero arrancó impunemente con su caja los cables de electricidad, teléfono y proveeduría de internet, a una decena de negocios en el cruce de las vialidades Ortiz Mena y Mirador.

Vieron los aterrorizados clientes de negocios –entre ellos el Fanatic World-, transeúntes y automovilistas, cómo arrancó el pesado camión algunos postes de madera.

Saltaron algunas chispas y serpentearon cables sin mayores consecuencias, salvo el susto y una tarde de negocios perdida, porque hubo que cerrar.

El trailero siguió campante sin que nadie le dijera nada, y creemos que incluso pudo salir de la ciudad y seguir su camino, si no es que aún anda por estos lares.

Ni la municipal, ni vialidad estuvo cerca para llamar a cuentas al abusón, que causó serios desperfectos, y que aún a destiempo, debiera pagar.

Nos mandó foto de los hechos un cliente de uno de los negocios que debió correr a un cajero para sacar efectivo y pagar el consumo, toda vez que el internet se interrumpió durante horas, hasta que las diversas empresas proveedoras de servicio tuvieron que reparar el relajito.