Opinion

-Si son 300 de sueldo debe regresar una diferencia

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GPS / Columna

miércoles, 24 noviembre 2021 | 05:00

-Denuncian a veterinaria mata perritos

-Van por maquinación en promesa de dividendos

-Poder Judicial le hace al policía malo

Está circulando profusamente en redes sociales una imagen de lo que se presenta como sueldos del rector Luis Fierro y demás personal directivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Es una captura de pantalla de una hoja de Excel, no actualizada, con números que son francamente de escándalo y que merecen mínimo una aclaración.

Salta a la vista lo exorbitante de las remuneraciones para todos los directivos de oficinas centrales y directores de facultad, incluyendo al rector, así como la existencia de funcionarios de primera, segunda y tercera.

Estaría ganando el rector cerca de 300 mil pesos mensuales, 124 mil de remuneración y 161 mil de compensación, seguido por unos cuantos pesos por el director administrativo Francisco Márquez, y luego los de segunda, Extensión, Investigación, Planeación y el abogado general, con casi 150 mil pesos.

Y luego vienen los de tercera, con directores y titulares de área, de 100 a 120 mil mensuales, el Departamento de tesorería, el Secretario General, y un largo etcétera. Al final los coleros, en cuarto nivel, Economía, Adquisiciones, Contabilidad y el secretario particular.

Los datos a detalle en la imagen que publicamos en edición digital.

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Grupos de defensa de los animales han recibido quejas de la veterinaria Ramos, ubicada en el Periférico de la Juventud número 970, porque lejos de curar a sus pacientes los encierran a morir en condiciones lamentables.

El lugar se presume como hospital veterinario y estética, por lo que sus costos son más bien elevados. Obviamente se aprovecha el negocio de la urgencia de quienes llevan a sus mascotas, a quienes les cobran de mil 500 pesos hacia arriba por internar a los animales.

Una de las quejas enviada como advertencia sobre el lugar indica que una pareja llevó a su perrita a eso de las cinco de la madrugada hace unas semanas.

De entrada les cobraron mil 700 pesos ponerle suero y dejarla internada, además de que la iban a estar monitoreando con cámaras mientras la atendía el médico veterinario a cargo.

A las 10 de la mañana del mismo día, los clientes fueron a visitar a su mascota y a informarse de su estado de salud, pero sólo había un estudiante que permitió el ingreso al lugar de internamiento.

“Era un lugar asqueroso, súper sucio y en muy malas condiciones, y mi perrita estaba en una jaula toda oxidada. Le pregunte dónde están las cámaras... no había nada más que basura”, relata uno de los quejosos.

En el sitio donde la paciente animal estaba con suero de dudosa calidad, encontraron una cámara desconectada y volteada a la pared, detrás de una transportadora. Mientras reclamaba al empleado las condiciones, llegó la dueña y de forma por demás prepotente corrió a los clientes.

“Sentí tanto coraje e impotencia. De alguna manera se tiene que saber en qué condiciones tienen a los animalitos. Creo ya han tenido problemas, porque la dueña llegó con un perrote de su tamaño para cuidarla”, asienta el reclamo.

El negocio, que no se le puede llamar de otra manera más que de esa, ya debe estar en la mira de los animalistas. 

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Una de las líneas de investigación para configurar un fraude por parte de los sabuesos de Carlos Mario Jiménez, en la Fiscalía de la Zona Centro, en el caso de Aras, es la maquinación que se presume existe para simular inversiones, cuando el fondo es un contrato accionario.

Es decir, establecer la manera en que los asesores financieros, prometieron rendimientos mensuales, cuando las empresas conformadas mediante el esquema de SAPI, son empresas accionarias comunes, que pagan dividendos al concluir el año fiscal, después de deducir costos de operación y sólo mediante balances revisados por los socios.

El tema es delicadísimo, y al respecto brotan a borbotones las preguntas, ¿quién autorizaba hacia el interior de la empresa los estados financieros de manera periódica como exige cualquier empresa basada en una organización por acciones, con administradores y comisarios, que vigilan y auditan?

La respuesta que hasta el momento se ha brindado es que nadie fuera del círculo cerrado de los principales administradores de la empresa conocía esos datos. Los accionistas, hasta donde ha trascendido, jamás pudieron tener acceso a los números, resumidos en ingresos, egresos, movimientos financieros y administrativos, de planeación, bienes muebles e inmuebles.

Es entonces totalmente ilegal que una empresa prometa rendimientos a sus accionistas de manera mensual, cuando eso en dado caso corresponde a financieras y operadoras de inversión, cuando tienen contratos de inversión a plazo, siempre y cuando cuenten con autorización de la CNBV.

Al respecto, el aviso emitido hace una semana por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se puede revisar completito en la página oficial del Gobierno de la República, parece no dejar lugar a dudas de la ilegalidad con la cual se ha movido la empresa, que no ha dicho nada en los últimos días.

Es más, pudieron iniciar el proceso para convertirse en sociedad financiera, pero ni eso hicieron, de acuerdo a la CNBV, que no cuenta en sus registros con trámite alguno de solicitud, a pesar de que el año pasado Aras inició un proceso de capacitación financiera para su personal con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos el documento íntegro en nuestro poder.

La constancia de la STPS es apenas del 2 de junio del año pasado, como se puede verificar en la imagen que mostramos en nuestra edición digital. Este es solo unos de los requisitos para operar como Sociedad Financiera Popular, lo cual -como es público- ya venía realizando Aras en los hechos y como todo indica, al margen de las autoridades regulatorias.

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No es ni mucho menos nuevo el tema del pago de predial por parte del Aeropuerto de Chihuahua, que se ha negado a ser solidario con los chihuahuenses desde siempre.

El grupo aeroportuario que tiene la concesión incluso ha buscado artilugios legales para evitar el pago del impuesto que, al paso del tiempo, es una muy considerable suma de dinero, casi cien millones de pesos.

Patricio Martínez, primero como alcalde, después como gobernador y finalmente como Senador de la República, no quitó el dedo del renglón, lástima que sin resultados.

Quienes lo sucedieron en el puesto hicieron lo propio, incluso la gobernadora cuando fungió como alcaldesa, pero no ha existido fuerza humana ni legal que los obligue al pago de algo que es de elemental lógica.

Ahora la estrategia es exigir que los negocios que no forman parte de la prestación del servicio aeroportuario paguen el impuesto, porque no realizan funciones esenciales para las cuales fueron otorgadas las concesiones.

Veremos a dónde llega la propuesta del legislador Alfredo Chávez, y si concita la unión de todas las entidades federativas en tan legítimo reclamo.

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Ahora resulta que el Poder Judicial está jugando al policía malo en el penoso asunto que tiene encarcelados a tres agricultores y a su líder, Andrés Valles Valles.

El asunto ha llegado a grado tal que tuvieron que ponerse de acuerdo el ministerio público federal y la defensa, para posponer la audiencia de los tres primeros, en busca de mejores condiciones en el mes de diciembre para obtener su preliberación.

Nada que haga pensar otra cosa a los agricultores y su defensa, cuando se encuentra plegado el Poder Judicial, como ha ocurrido siempre, a los intereses presidenciales.

Se trataría entonces que, si es por la vía política, no se le dé vueltas al asunto, ya hay un convenio político, y si es por la aplicación del estricto derecho, también se haga, pero auténticamente, ya que el asunto carece de cualquier asidero para sostener la imputación de delitos que se les achacan injustamente.