Opinion

-Sigue el trato de terroristas a agricultores

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GPS / Columna

miércoles, 23 diciembre 2020 | 05:00

-Ataca Lucha a la federación pero no a Corral

-A Jaime se le mueve una patita

-Roba cámara Mesta a “Igor”

Los jueces federales Tomás Acosta Canto, Alberto González Ferreiro y Nelson Pedraza Sotelo han sido implacables con los agricultores de La Cruz detenidos desde el nueve de septiembre, en medio de las protestas por el agua de La Boquilla.

Han burlado incluso resoluciones de los tribunales federales de segunda instancia que han pedido revisar la pena de prisión preventiva impuesta a Juan Carlos Rivera Márquez, Juan Lechuga Montes y Rosendo Lerma Lechuga. Pese a su demostrada actividad campesina les han dado trato de terroristas o peligrosos narcotraficantes.

Los alegatos jurídicos del Ministerio Público Federal, ante al que han sido por demás obsequiosos, rayan en lo ridículo. Han validado acusaciones absurdas como la portación de peligrosos explosivos que no son más que granadas de humo y amenazas a la Guardia Nacional.

En todo el proceso que les ha seguido la Fiscalía General de la República se ha pasado por alto la mayor injusticia de todas: Ribera, Lechuga y Lerma fueron detenidos la misma noche de la muerte de Jessica Silva en el ataque perpetrado por agentes de la Guardia Nacional. 

Fueron los mismos elementos que dieron muerte a la mujer y lesionaron a su esposo, Jaime Torres, los que detuvieron y consignaron a los agricultores de La Cruz. Hay algo más que una duda razonable en cuanto a irregularidades cometidas en la puesta a disposición de la justicia federal. Ni por eso han reparado los jueces en sus drásticas resoluciones.

Ya se quisiera esa FGR y esos jueces federales así de duros en los casos que involucran a la delincuencia organizada. No hay mayor prueba de que los detenidos son presos políticos que esa dureza mostrada en las medidas cautelares.

Pero ni por eso la autoridad federal ha buscado, con la misma motivación política, válida cuando se busca la justicia, ponerles un freno a los jueces y a la misma FGR.

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Sabemos que por cuestión de enfermedad y la residencia en España de un familiar muy próximo, son algunos de los motivos por los cuales se encuentra Lucha Castro, la exconsejera de la Judicatura estatal, en aquellas latitudes.

Pero esa distancia no es impedimento para acordarse de su país y de Chihuahua en particular.

Desde allá lanza cohetes y cohetones a quienes se oponen a su amigo Javier Corral, entre ellos, con mucha periodicidad, al inquilino de Palacio Nacional.

Pero ahora no se limitó a los clásicos tuitazos o feibukazos, fue hasta el consulado de México en Barcelona, para encabezar una manifestación con motivo del aniversario luctuoso de Marisela Escobedo.

Incluso fue atendida por personal diplomático de la representación mexicana, que le recibió una carta de exigencia y castigo, por el asunto de Marisela y el crimen de Soledad Jarquín cometido en Oaxaca, en similares circunstancias.

Muy meritorio en condiciones normales, por la resonancia internacional que el Caso de Marisela ha tenido.

Pero resulta que ni con el pétalo de una rosa se tocó a la indiferencia estatal en el tema de los feminicidios, ni la obstaculizada alerta de género que debe estar guardada en algún cajón.

Todos los misiles de ella y el grupo de mujeres que la acompañaron, el colectivo Furia Mexicana, se dirigieron, como ya dijimos al ámbito federal, incongruentemente, cuando Chihuahua encabeza a nivel nacional la estadística tétrica de homicidios de mujeres por razón de género.

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Se le mueve la patita por supuesto al registro de Jaime García Chávez, como candidato independiente a la gubernatura del Estado.

La impugnación presentada se basa en un examen de constitucionalidad de la negativa del registro, específicamente, al exigirse la cuenta bancaria de la asociación civil en la cual se administrarán los recursos económicos de recolección de firmas de apoyo ciudadano y, posteriormente, los gastos de campaña.

Ya estaban los tribunales pensando en cerrar changarro con harto espíritu navideño y dejar las cómodas guardias de fin de año, pero no podrá ser así.

Aparte del asunto del abogado García Chávez, traen varios fierros encima, que no han logrado dictaminar.

Este expediente sin duda no parará hasta que sea resuelto en instancias nacionales y podría constituir un precedente relevante, toda vez que la cuenta aperturada en lo personal en cualquier institución bancaria bien cubre las exigencias de control de gasto para fines electorales.

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Ya va para mes y medio que Jesús Mesta se ha convertido en el comunicador de gobierno del estado en los videos para dar seguimiento lo mismo al Covid, que a las obras y a cuanta ocurrencia exista. Quizá porque la pasa en estado etílico permanente.

Lo mismo está los lunes, que los miércoles o los viernes, supliendo las ausencias que son cada día más constantes por parte del gobernador.

Manuel “Igor” Del Castillo, el Coordinador de Comunicación Social, se ha convertido en un simple presentador inicial. Ahora las entrevistas y el acaparamiento del programa Chihuahua adelante, está en manos de Mesta Fitzmaurice.

Sin duda hay plan con maña en la estrategia comunicacional, porque está sumando horas y horas de presencia sin justificación alguna, en pleno proceso electoral.

Es la imagen y voz del funcionario público, sin restricción alguna, violando las normas electorales que prohíben el uso de recursos de gobierno para posicionarse en busca de un cargo de elección popular.

Por supuesto, el gobernador encantado, mata dos pájaros de un tiro, posiciona a uno de sus favoritos, y a la vez, se deshace de un compromiso que lo tenía atado seis horas, tres días a la semana.