Opinion

-Sigue pugna macabra por los cadáveres

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GPS / Columna

viernes, 22 mayo 2020 | 21:01

-El foco rojo son los hospitales públicos

-Sólo 69 mil pesos para hoteles

-La encuesta del INEGI es más reveladora

La semana pasada la Dirección de Servicios Periciales presumió la inhumación de 30 cadáveres no reclamados que llegan al Servicio Médico Forense y cuyo destino final fue el panteón de Carrizalillo.

Todo iba bien hasta que la nota apareció en varios medios. Al compartirse en grupos de whatsapp fue una bomba que aumentó en la rivalidad entre Daniel Ricardo Jaramillo y Mauro Bernal. El segundo subalterno del primero.

En los pasillos del Semefo se rumora que la Función Pública podría echar guante a uno o los dos mandos en Periciales, primero porque hay indicios de manipulación en diversas actas de causas de muerte.

También porque hay relajamiento en las necropsias ya sea para distraer una investigación o por no hacer el trabajo completo.

Otro factor serían los sendos acuerdos de dinero o favores con funerarias para dar el pitazo de fallecidos y datos personales de las familias. En meses pasados incluso el préstamo ilegal de cadáveres para razones médicas a pasantes de las escuelas de medicina. 

Una indagatoria paralela señala que hace 15 días la coordinación del Semefo entregó el cuerpo que no era a unos deudos. El familiar fallecido terminó sepultado como desconocido en una fosa de Carizalillo; de ello se dio cuenta toda la plantilla ya que se estuvo preparando un operativo secreto para realizar el intercambio de cuerpos. 

Bernal es coordinador del Semefo, un puesto que obtuvo tras una serie de grillas que se aventó en contra del anterior jefe, un médico de apellido Lozano, quien nos reportan se fue de la administración al enterarse de las jugadas en su contra.

Bernal acababa de ser despedido de la Coespris, según indican a GPS, por malos manejos en el ejercicio de sus funciones, y a los meses, inexplicablemente llegó a la administración estatal. 

La obsesión malsana de Bernal, de subir a costa de todo, ha ocasionado el establecimiento de un reino del terror en la dependencia.

Muchos aseguran que para que las cosas funcionen “bien” administrativamente hablando, amenaza… “cuándo un grupo de peritos se manifestó porque a ellos no se les dio aumento salarial, se pensó en paro de labores”, no se hizo porque Bernal les dijo: sic:  “No saben con quien se están metiendo, así que bájenle a su pedo”, haciendo alusión a que si la bronca llegaba a oídos de Corral, él quedaría mal parado. 

Los cuerpos no reclamados se entierran por decenas en actos que se programan varias veces al año, principalmente para no saturar los refrigeradores y congeladores estatales.

La mayoría murieron en la calle producto de asesinatos dolosos y de la incontrolable violencia en la presente administración, pero hay otros que llevaban años en el edificio, cada uno con su propia historia y sin que nadie les brinde cristiana sepultura. 

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El  suministro suficiente en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para remediar el desabasto actual; y sobre todo solicitar una reunión de trabajo con el director general del Seguro Social Zoe Robledo para plantearle el caso Juárez, fueron los acuerdos principales en una reunión sostenida ayer por integrantes de “Por Juárez, No más muertes por Covid-19”.

En la misma se contó con la presencia del senador, José Narro Céspedes, y representantes de la iniciativa privada, donde se agendaron nuevas fechas para reuniones de seguimiento.

En el desarrollo del encuentro se sostuvo que aunque existió una baja en la tasa de letalidad de Juárez, los hospitales públicos siguen representando un foco rojo.

Mientras que en Juárez de 172 muertos sólo cinco han sido en hospitales privados, en Chihuahua capital de 39 defunciones 4 fueron en hospitales privados.

La coordinación del grupo “Por Juárez, No más muertes por Covid-19”, sostuvo el reconocimiento en el avance en la liberación de  pruebas rápidas por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS). Además, la Secretaría de Trabajo mediante la representación del delegado Eduardo Ávila, ha estado pendiente de reforzar los operativos de vigilancia.

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El Gobierno del Estado activó un micrositio en el que asegura difundirá los planes y programas que se aplican debido a la contingencia económica y sanitaria del Covid-19.

En la descripción se lee que es el primero en su tipo en el país. Pero se nota que se hizo al vapor porque al no tener penetración social desde ahora se apuesta al fracaso.

Aunque no se puede soslayar el hecho del servicio social que representa la pestaña de búsqueda de empleos, da pena ajena que el gobierno apenas ofrezca 400 plazas a través de sólo cinco empresas inscritas en la bolsa de trabajo, con sueldos que ofenden y pedimentos inalcanzables, en comparación con los miles de chihuahuenses que están en búsqueda de fuentes laborales.

En un vistazo general al portal web se nota fuera de contexto, con una última actualización hace cinco días. 

La dispersión de recursos presenta un avance mínimo en rubros; y peor aún, no se ha canalizado ni un peso para ayuda psicosocial, apoyo a mipymes y ocupación temporal. Un irrisorio apoyo de 69 mil pesos para hoteles. 

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Es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental publicada por el INEGI-2020, -la imagen en nuestra edición digital-, en la cual Chihuahua queda en muy mala posición.

Cuando el gobernador la usó para tratar de justificar su actuación, por supuesto queda muy mal, porque sólo utiliza una muy pequeña porción del instrumento, la tasa de prevalencia de corrupción con una disminución del 40 por ciento.

Manda boletines y le dedica un gran espacio, pero sólo tergiversa la realidad. El estudio es mucho más completo.

En la misma investigación demoscópica levantada del 4 de noviembre al 20 de diciembre, la seguridad por los suelos.

En sitios públicos, parques y jardines, el 70 por ciento piensa en que hay inseguridad, con una disposición de la policía en ayudar del 56 por ciento y ayuda de la policía para dar una sensación de seguridad del 31 por ciento!!

No se diga en términos de seguridad del 18 por ciento, confianza en gobiernos estatales del 37 por ciento y confianza de policías en 36 por ciento.

Más aún, del 2017 al 2018, el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa, aumento de 87 al 89.4 por ciento.

Los indicadores muy encima de lo que prevalece en otras entidades del país. Pero la administración corralista sólo ve lo que quiere ver, muy lejos de la realidad.