Opinion

-Sin explicaciones ocurrencia del naranja

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GPS / Columna

jueves, 03 septiembre 2020 | 05:00

-El golpe de la deuda a las participaciones

-Premio a su corrupción con regreso a la nómina 

-Un golpe la desaparición de Minería

 

Entre el lunes y ayer han desfilado varios empresarios por las oficinas del Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta. Han ido a buscar explicaciones al inexplicable semáforo naranja mantenido para esta ciudad.

A lo más que llegó Mesta Soulé es a ofrecer detalles diariamente del confuso sistema de indicadores que aplica la Secretaría de Salud, mediante el cual la frontera y unos cuantos municipios del norte pasaron al color amarillo.

Desde la primera reunión a la Secretaría de Gobierno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini Ramos, pidió el cambio de naranja a amarillo, con base en la información disponible de espacios, camas, ventiladores, contagios y decesos. 

Las cifras ubican por debajo a la capital y otros municipios del estado en relación a Juárez, mientras la pandemia muestra señales de que se sostiene en límites manejables en prácticamente todo el estado.

Pero el Secretario General se ha limitado a exponer que la emergencia sanitaria se mantiene, más allá del color del semáforo. Es decir, que la contingencia sigue siendo grave y que el virus no habrá de desaparecer ni aún cuando se declare el verde.

Con ello también ha responsabilizado a la Secretaría de Salud de las decisiones sin dar mayores explicaciones, lo que ha reforzado la idea de que el semáforo tiene más criterios políticos que técnicos y médicos.

Para el empresariado la decisión del semáforo se agrava con cada día que se mantienen las restricciones del naranja. Cada hora de inactividad o prohibiciones pesa y eso podría no tener marcha atrás cuando a la autoridad se le ocurra, en unas tres semanas, que la capital ya puede cambiar de color.

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Del informe de deuda publicado por la Secretaría de Hacienda Federal con motivo del primer trimestre a la fecha, se ha incrementado sustancialmente la afectación de participaciones como garantía por parte del Estado de Chihuahua.

Si en aquel momento el dato del apalancamiento sobre las participaciones federales, que significan el mayor recurso con que cuenta una entidad federativa como la nuestra, era de 51 por ciento, en el informe con corte a junio es del 59 por ciento.

Subió ocho puntos, que no son nada despreciables, son algo así como 22 mil millones de pesos, con cargo a una fuente de financiamiento que está en muchos aspectos etiquetada para inversión específica y pago de gasto corriente.

Si tomamos en cuenta los municipios y su deuda el asunto se torna aún más delicado, sube tres puntos, para colocarse en 62 por ciento. La relación es muy alta y riesgosa en un entorno financiero complicado en la época Covid y PostCovid, con repercusiones en el Producto Interno Bruto que es desalentador. Crecimiento menos que mediocre.

Por ello no puede menos que preocupar que en lugar de reducir el monto de la deuda, en relación con este indicador como es la garantía sobre participaciones, se ha estado abusando bajo la figura de deuda a corto plazo.

Hay créditos que apenas cumplieron su procedimiento de registro por un monto de mil 200 millones, de los cuales se adeudan a la fecha tres de cada cuatro pesos.

Pensar en nuevos créditos a corto plazo en este contexto, a un año de concluir la administración, sería una medida dolorosa, con plazos legales encima que empujan a empréstitos de largo plazo.

El año que entra vendrá una nueva administración en peores condiciones que en 2016. La deuda de largo plazo que echa lumbre y una hipoteca pesada por el compromiso pactado sobre dineros futuros que aún no se tienen y ya están más que etiquetados. Se despacharon y siguen despachándose con la cuchara grande.

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Los bonos de cien mil pesos y la adjudicación directa de millones en medicamento a varias empresas favoritas, son cosas del pasado.

El procedimiento -si es que lo hubo en forma- debe estar más que guardado en un cajón de la Función Pública que sirve de tapete para las irregularidades, incluso ya con alguna exoneración.

Con esas credenciales, el médico militar, el anestesiólogo Ernesto Ávila, regresa al gabinete en un puesto que nadie entiende.

Será con cargo al presupuesto de la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, donde ya cobran jugosos sueldos los excoordinadores de Comunicación Social, José Antonio Pinedo y María José Valles. Moderna “Reserva Nacional de Talentos”.

Ahí estará en algún escritorio el médico, a disposición del “higadito” Eduardo Fernández, el Secretario de Salud que no viste bata blanca.

Es irónico que necesite Fernández fortalecer el equipo de asesores que supuestamente es muy eficiente con un secretario defenestrado por los bajos resultados obtenidos, únicamente con fines de sostenibilidad salarial.

Dentro de Servicios de Salud hay un aparato de planeación integrado por decenas de personas que tienen bajo su responsabilidad el seguimiento a la obra e infraestructura. Ese personal depende de Fernández. Darle ese encargo a Ávila sólo es engrosar la nómina con generales en un ejército desmoralizado en una prolongada batalla con el Covid.

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El sillón roto ubicado en uno de los pisos de la Ciudad Judicial es prueba palpable de que las cosas no marchan bien.

Si las instalaciones que son lo más visible lucen destartaladas y descuidadas por un área administrativa que las tiene en el abandono, cómo estará el resto.

Más allá de lo anecdotario de tan descuidado bien, la imagen que mostramos en nuestra edición digital pudiera entenderse como evidencia del deterioro en otras áreas.

El caso reciente, por el cual Corral se rasga las vestiduras, es ejemplo indudable. Durante meses se niega la medida cautelar de implicados en delitos que lo permiten, bajo el argumento de la posibilidad de evasión.

Incluso ya con el Covid encima, fue ignorada la solicitud de los inculpados, hasta que de pronto se presenta un deceso, y ello fue suficiente para detonar en cascada la autorización de la medida, ante la evidencia de condiciones de alto riesgo de contagio y muerte.

Discrecionalidad pura y llana, fuera totalmente el Consejo de la Judicatura de su facultad de corrección, bajo el argumento de la autonomía de los jueces, aunque pueda ser violatoria de derechos.

Regresamos al sillón. Esas roturas son aún más grandes en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales, donde ni siquiera un parche es colocado.

 En ese sillón para el olvido se sientan las víctimas a esperar temerosos, a merced de una justicia que no es justicia.

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El sector minero pegó el grito en el cielo por la decisión que tomó la 4T en el sentido de pulverizar el único puente que tendió para velar por el crecimiento económico y la reactivación de los proyectos en distintas zonas del país.

Al sentido desconcierto generado se sumó el Clúster Minero de Chihuahua mediante una carta de reclamo al presidente López Obrador.

 “...externamos respetuosamente, nuestro profundo desacuerdo por la desaparición de un órgano estratégico para la recuperación económica que necesita nuestro país”, dice el mensaje escrito con pincitas.

La Subsecretaría de Minería, donde despachaba Francisco Quiroga, al menos era una vía administrativa de gestión. Ahora ni eso. Los trámites se van a México sin llorar.

El argumento de la austeridad no convenció a nadie. Es más, en Chihuahua el espacio no costaba ni renta, seguramente ni agua ni luz pagaban. Ni aún así pudo sobrevivir el experimento de descentralización que fue un sueño guajiro para un sector muy importante para la entidad.