Opinion

-Son picaderos y les llaman de rehabilitación

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GPS / Columna
martes, 19 noviembre 2019 | 05:00

-Piden respetar derechos que en Chihuahua violan

-Hay traición del gobernador a Cuchillo Parado

-Amparo cuestiona burocracia anticorrupción


Es desastroso que la Comisión Nacional contra las Adicciones tenga registrados solamente 19 de los más de 50 centros de rehabilitación contra adicciones que funcionan en la entidad.

El escaso conocimiento puntual de este tipo de centros es demostración de una ausencia de vigilancia y control en el funcionamiento y los métodos con que operan.

En muchos de ellos se cometen violaciones a los derechos humanos porque adoptan medidas de rehabilitación que son sumamente agresivas, por no decir denigrantes.

La relación de centros que se publicitan en la página oficial de la Comisión mencionada se queda muy corta.

Pero no es sólo una responsabilidad federal, también es estatal, y en ella interviene la Comisión Estatal Contra las Adicciones, que se ha convertido en un elefante blanco.

Por supuesto, a dichos centros tampoco acude la Secretaría de Salud, que desde su papel rector y vigilancia, debiera ordenar y supervisar una labor de inspección mínima.

Resulta relevante que Juan Carlos Loera, el delegado de los programas federales para Chihuahua, sostenga reuniones en la Ciudad de México, para tocar el punto.

Sin embargo, no sólo tiene que ver con Juárez, como se deja ver. Sino que tiene relevancia para toda la entidad, a donde se debe extender la indispensable intervención de la autoridad, que en el caso es ostensiblemente omisa.

Todo ello con el agravante de que algunos de estos centros han sido identificados como auténticos picaderos y sitios de distribución de droga.

Con el aumento en las ejecuciones y la violencia que no se detiene, debe recordarse que fueron estos lugares escenario de algunas de las más terribles matanzas ocurridas en tiempos pasados que no deben regresar.


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Tiene razón Teresa Ortuño al manifestar que “la violación o supuesta violación a los derechos humanos, siempre es del Estado: autoridades, policías, ejército, GOBIERNO.....”.

Tal crítica realizada por la Directora General del Colegio de Bachilleres tiene como destinatario la designación de Rosario Piedra, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo del revoltijo ocurrido en el Senado de la República.

Pero más allá, son precisamente las autoridades las responsables de dichas violaciones, y Chihuahua no es la excepción.

Tan solo en 2018 y 2019 hay 109 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que han sido cumplidas a medias, y muchas de ellas recurridas a nivel nacional.

Esas recomendaciones tienen como destinatario al gobierno del estado de Chihuahua, y sus diferentes secretarías e incluso organismos descentralizados, como Salud.

En la estadística, el principal violador de estos derechos es la Fiscalía General del Estado, a través de sus agentes del ministerio público, policías ministeriales, elementos de vialidad y de la Comisión Estatal de Seguridad.

Por ello, la flamante coordinadora de Bachilleres acierta, sólo que el pecado se encuentra en su misma casa.

Ha sido la administración de Javier Corral constante vulneradora de las antiguas garantías hoy reconocidas como derechos humanos.

Hay una viga en el ojo propio de los funcionarios estatales que les impide observar la realidad palpable.

Pero no es Ortuño la única que tiene esta falta de objetividad. Desde su convalecencia, Luz Estela Castro, la ex consejera de la judicatura, tuvo también una reacción similar contra Rosario Piedra.

Peculiar, diríamos, porque la señora Castro ha tenido un acompañamiento permanente desde la izquierda y los movimientos sociales, muy cercanos a la facción política a la cual pertenece la militante morenista, hija de la fundadora de la organización social Eureka, Doña Rosario Ibarra.

Lucha no se tienta el corazón al replicar un tuit venenoso contra la nueva titular de la CNDH, sin pensar que su amigo Corral se encuentra pésimo en la materia.


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En el afán distractor, porque no encontramos otra razón, el Congreso del Estado le siguió el avión al gobernador y ahora resulta que hay tenebra en consulta académica para planchar el camino y arrebatarle a la sección municipal de Cuchillo Parado la declaratoria de cuna de la revolución, que está en su poder por decreto que data del 2003.

Abrirán la caja de Pandora buscando textos históricos que refrenden a San Isidro, en Guerrero, en un afán incomprensible, porque hay otros lugares del país que disputan también el nombramiento. Si fuéramos objetivos, tal vez Chihuahua debiera perder tal epíteto, lo cual es un despropósito mayor.

Corral juega al historiador y amenaza con convertirse en el gobernador panista que le arrebata un honor a la modesta población de Cuchillo Parado, un municipio donde el PAN ha sentado sus reales, con reelección y toda la cosa.

Era Corral el gobernador que le haría justicia a Cuchillo Parado. Ahora vemos que así será pero a la inversa, lo cual no tiene nada contentos a sus correligionarios azules de la región que vio a Toribio Ortega alzarse en armas, aunque no haya peleado hasta días después.


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Lo normal hubiera sido que Luis Alfonso Rivera Campos el nuevo director de la Facultad de Derecho hubiera tomado protesta ante el Consejo Universitario, máximo órgano de dirección de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde la semana pasada en que fue electo, pero no ocurrió así.

La jugada es que dicho evento protocolario ocurra en la misma Facultad de Derecho, en una atención personal del Consejo Universitario, y del rector Luis Fierro, con los togados.

Cambió Rivera Campos unos días de espera para asumir su puesto, por el hecho de hacerlo en la institución cuyos destinos dirigirá durante los próximos tres años, ya que terminará el cargo junto con la actual administración universitaria.


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La exdirectora estatal de Profesiones, Fátima Guzmán Gallardo, logró el amparo por la opaca y turbia designación de cargos dentro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Compitieron 10 personas para encabezar la Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil, en una discreta -casi secreta- convocatoria que rompió con el principio de transparencia que se supone debe regir en el SEA.

Las finalistas que integraron la terna fueron la escritora Ana Luisa Calvillo Vázquez, con estudios de doctorado y exacadémica de la Universidad Nacional Autónoma de México; Georgina Arroyo, auxiliar en la Junta Central de Agua y Guzmán Gallardo, exfuncionaria estatal echada del nuevo amanecer luego de quejarse de acoso por parte de altos funcionarios de la Secretaría de Educación y Deporte.

Después de un proceso igual de discreto que muchos otros del SEA, la seleccionada con supuesto mayor puntaje fue la empleada estatal de la JCAS, cuyo currículum no muestra algo destacable en preparación, desempeño o experiencia.

Por dicho resultado Guzmán Gallardo solicitó al Comité de Participación Ciudadana una revisión y un desglose del puntaje, pues el perfil con menos experiencia y formación había sido ganador por una gran diferencia.

Pese al primer cuestionamiento el Comité de Participación Ciudadana votó a favor del nombramiento sin ni siquiera abstenerse y hacer mención alguna a la solicitud de revisión.

Ante ello la exfuncionaria de Profesiones recurrió y ganó el amparo, que cuestiona y pone en entredicho, otra vez, toda esa burocracia anticorrupción que se ha gestado durante el régimen actual.

Sobra decir que aún no se le ha encontrado utilidad práctica a todo este aparato integrado la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia y el dichoso Comité de Participación Ciudadana.