Opinion

-También la Cruz Roja sufre por jineteo

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GPS / Columna

viernes, 04 junio 2021 | 05:00

-Matan a sus policías y calla

-Será un Conteo Rápido impuesto

-Amenazan con quedarse mandos de Seguridad

Mañosa y abusiva, no se le puede llamar de otra forma, ha sido la conducta desplegada desde la Secretaría de Hacienda para jinetear miles de millones de pesos recaudados y no pagados en tiempo a diversos organismos autónomos y fideicomisos.

Las observaciones ahí están en la revisión a la cuenta pública del 2019 cuando menos por parte de la Auditoría Superior del Estado, en sus diversos informes.

Es un sudado extra de dinero de varios meses, sino es que de todo el año, que es cercano al 20 por ciento de los casi 5 mil millones de pesos recaudados y que le pertenecen a la UACH, UACJ, Ficosec, Fechac, y aunque no se crea, a la benemérita institución de la Cruz Roja.

Con descaro los recursos incluso son pagados hasta el siguiente año fiscal, como si nada pasara, bajo el pretexto de ausencia de liquidez o un presupuesto deficitario.

En el colmo, no existe comprobante alguno de que se paguen intereses por el sudado del dinero, que con justa razón, sufre una depreciación en el tiempo, y más aún, son recursos presupuestados por las instituciones en su funcionamiento ordinario.

Es mañoso el manejo porque a pesar de la advertencia de la Auditoría Superior para que se establecieran calendarios precisos de pago y las sanciones por no hacerlo por parte del Legislativo, hubo una omisión criminal al respecto. Durante 2020 de nuevo se presentó el mismo abuso, con cientos de millones jineteados.

No debe entonces sorprender a la Secretaría de Hacienda la denuncia penal presentada en contra de los funcionarios responsables, Arturo Fuentes Vélez, y sus encargados del área respectiva.

Ahorita no configura probablemente un delito...pero mañana, con una nueva administración y un criterio justo, podría pensarse en sanción severa.

Es gravísimo, que mientras los organismos autónomos y fideicomisos apenas pueden hacer frente a los gastos para su sobrevivencia, la sobre tasa al impuesto sobre nómina, el impuesto universitario o el impuesto para la Cruz Roja, sea objeto de desvío momentáneo a otros fines.

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Es escandaloso el silencio y la ausencia de solidaridad mínima con los policías caídos en el cumplimiento de su deber, por parte del güevornador, Javier Corral.

La saña con que han sido cometidos los asesinatos es escalofriante. El vehículo en llamas del jefe ministerial en Ojinaga, Andrés Lara, es demostración de ello. No se diga el artero asesinato en Parral de Luis Raúl Tarango.

Pero el gobernador está en otro mundo. De plano ya ni siquiera quiere hablar de ello. Su boca cerrada es demostración de la franca incapacidad para darle seguridad a los chihuahuenses, no de ahorita, sino desde siempre.

Es más cómodo encerrarse en el auditorio universitario para leer un discurso preparado por alguien más acerca de la aportación de Edgar Morín, filósofo destacado en el pensamiento complejo.

Clavó su mirada en las tarjetas y posó para la foto. Afuera del recinto la realidad lo deprime y lo ha derrotado.

Tal vez tenga razón. En sustancia es poco lo que puede decir. Lamentarse, decir que caerá todo el peso de la ley, que perseguirá a los criminales, dar condolencias de los dientes para afuera, para luego ausentarse de las ceremonias luctuosas.

Es Chihuahua cabeza nacional de asesinatos de policías. Van cerca de 180 policías asesinados en su administración, sino es que más.

Causa común registra puntualmente 98 entre el 2018 y el 2010. Pero faltan 2017, el pedazo de 2016 y lo que va del 2021. En este año ya van 14 y sumando. Entre ellos varios mandos.

Resulta terrible la forma en que la autoridad ha cedido y se ha replegado, abandonando a su suerte a los agentes. 

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Encima de tener que lidiar con los problemas ordinarios y extraordinarios de organización de los comicios, los institutos electorales de las entidades federativas donde se renueva gubernatura, tendrán que colaborar forzosamente en la realización de un capricho centralista del INE.

Se trata de la organización de conteos rápidos, donde Chihuahua no será la excepción. 

Pero no es noticia de última hora. El INE se arrogó la facultad de asunción parcial, como le llaman, a ser los responsables de llevarlos a cabo, desde hace varios meses, pero ha pasado desapercibido.

Si bien hay una comisión integrada por el Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, sus integrantes sólo serán simples observadores del procedimiento...y aparte habrá qué pagar.

Habrá una muestra más o menos en 400 casillas y con ellas, pasado el cierre de casillas, se proyectará un posible resultado electoral.

Para qué tanto brinco, el PREP ha demostrado velocidad y sobre todo certeza, para ir presentando resultados oficiales derivados de la captura de actas. Chihuahua es ejemplo nacional en ello. El asunto por supuesto tiene nerviosos a más de tres por lo delicado del tema.

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Previo a la jornada electoral del domingo, hay dos detalles que no pasan desapercibidos. 

Uno, el celo con el que los capacitadores electorales insisten en que se registre como incidencia hasta el volar de una mosca.

Ese prurito de tratar de hacer ver como posible irregularidad cualquier detalle, podría llevar a engrosar el número normal de incidentes que se presentan durante la jornada electoral, y que son irrelevantes, pero que en número podrían dar pie a múltiples especulaciones.

El segundo detalle, enlazado con el anterior, es la determinación de la Fiscalía General del Estado de acuartelar a todo el personal, como si fuera un día normal de trabajo, y concentrarlos para ir a levantar actas por supuestas irregularidades.

Tales hechos por supuesto no pueden ser casualidad ni pueden ser minimizados.

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Está para no creerse pero en la onerosa estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al mando de Emilio García Ruiz, aparece una Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

En el organigrama, subordinado a esta dependencia, también existe un Departamento de Coordinación de Prevención, que dirige Susana Cecilia Pérez Grajeda, uno de los tantos mandos impuestos por García Ruiz, todos de extraños antecedentes.

Pues bien, el personal administrativo del departamento vive bajo un acoso constante de Pérez. Sobre todo por la imposición de castigos absurdos y amenazas de que habrá represalias para los que se quejen, ahora y en el siguiente gobierno.

No saben al interior de la SSPE de dónde se agarran los mandos protegidos por García Ruiz y su grupo que defiende los más oscuros intereses de los ramos de la seguridad, para asegurar y amenazar con que van a quedarse el siguiente sexenio.

Según los mandos, gane quien gane la gubernatura ellos van a permanecer, porque sus tentáculos están extendidos a los dos proyectos políticos más sólidos.

Por eso se dan el lujo, por ejemplo, de tratar a los administrativos como policías, sometiéndolos a instrucción policiaca, defensa personal y de orden cerrado. Y si se quejan o reclaman, sus superiores les imponen peores rutinas y castigos.

Esa es la marca característica que ha dejado García Ruiz y su gente, el azote al personal y el acoso laboral. Los resultados de la dependencia están a la vista con esa política de asegurar que son eternos y hostigar hasta el límite a los empleados.