Opinion

-Tiene Maru al enemigo en casa

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GPS / Columna

miércoles, 06 enero 2021 | 05:00

-Les quitan millones a la moda china

-Corral se quiere comer todo el préstamo

-El abrazo de Mario Delgado a Juan Carlos

Hay una operación abierta del gobierno corralista por influir en el proceso interno para posicionar al candidato oficial.

No le interesa a los funcionarios saber que esa conducta constituye delito que se paga con cárcel, lo hacen abiertamente, con la impudicia de quien se sabe intocable.

Las banderillas fueron puestas por la misma Maru Campos en sede panista, en el mismito Comité Municipal de esta ciudad. Es Leticia Corral, la hermana del gobernador, quien lo hace. Una y otra vez se ha hablado de ella metida ilegalmente en asuntos de gobierno.

Paco Navarro, el dirigente municipal, se incomodó con la mención, tragó bolitas y no le quedó de otra que hacer un llamado muy genérico a respetar las reglas del procedimiento.

Se olvidan que el panista de a pie se crece al castigo y que no admite injerencias, menos del poder público, cuando de imponer candidatos se trata.

Peor aún cuando se hace uso de la nómina pública, como evidenció la precandidata en su denuncia abierta en contra de la intervención ilegal.

Hoy toma con mayor razón y pertinencia la decisión adoptada por el equipo de campaña de Maru de no exhibir todas las firmas durante el registro para evitar las presiones.

Tiene al enemigo en casa en la figura de la dirección partidista estatal que no ha asumido plenamente su papel imparcial, y que exige del delegado nacional una postura inmediata y radical para evitar la contaminación del proceso.

¿O Corral ha empezado a llevar su apuesta a los tribunales judiciales, donde le es más cómodo ganar?

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El único responsable del agravamiento de la crisis en Pensiones Civiles es el mismo gobernador del estado, como cabeza y controlador absoluto de las finanzas estatales. Ninguna decisión se adopta sin estar él enterado.

Desde la titularidad del Ejecutivo hizo cuanto quiso en los órganos autónomos y descentralizados, incluso en los otros poderes del Estado.

Pretender enjuiciar a sus propios colaboradores en todos esos órganos del sector público estatal por el asunto Pensiones está generando reacciones de harta molestia.

Es a todas luces un acto de deslealtad si no es que de franca traición a sus colaboradores.

Tenía todo el conocimiento de la situación del organismo que presta servicios médicos y de pensiones a los burócratas estatales, y aún así hizo absolutamente nada para resolver el problema, que ahora pretende arreglar de último momento a través de un decreto legislativo desesperado.

Un decreto que bien podría ser incluso anticonstitucional por violentar la autonomía del Poder Judicial e instituciones autónomas diversas, a quienes se les arrebata presupuesto por disposición legislativa, a través de la ejecución directa de la Secretaría de Hacienda.

Nunca fueron tomados en cuenta, como dijimos, ni los titulares ni los órganos colegiados que son el gobierno de dichos entes públicos.

Esa es la trascendencia de los transitorios incorporados en el presupuesto de egresos, los cuales tienen señalados como plazo límite para firmar convenios el último día de febrero.

A la moda china le quitarán a la UACH 154 millones y al Poder Judicial 376 millones.

Pero no es todo, además ha iniciado procedimientos de carácter administrativo en contra de funcionarios de los organismos públicos bajo el supuesto de que se han negado a pagar a Pensiones Civiles, cuando son asuntos que se trataban periódicamente en el mismo despacho del Secretario de Hacienda, eficiente operador directo del gobernador en este y todos los temas financieros.

Es un asunto institucional que en la recta final busca culpables para sacudirse cualquier responsabilidad. Omiso y echador de culpas ajenas de principio a fin.

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En el fondo los mil 600 millones de pesos solicitados como préstamo pagadero en dos décadas, se convertirá en una caja chica del estado durante los próximos meses.

Una tarjeta de crédito para evitar cualquier sobresalto e incluso, poder disponer de una cantidad millonaria para hacer y deshacer en el último año de gobierno.

Pero aún más. Las obras que han sido presentadas, más de 400, tienen todas el sello característico de ser administradas directamente por la administración estatal.

No habrá, salvo excepciones de centavos, transferencias a los municipios para realizar por ellos mismos acciones, sino que serán centralizadas de manera conveniente, como ha ocurrido durante toda la administración corralista. Nunca les soltó un peso, menos lo va a hacer ahora.

Esa por supuesto es una gran molestia de los ayuntamientos, que sin distingo de partido, son utilizados como ariete de presión hacia el Congreso, para que se autorice el capricho crediticio de último momento.

De poco sirvió la aparición pública del Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, defendiendo el punto, con contradicciones hasta el cansancio, en rueda de prensa transmitida por redes sociales.

Cada vez que ahonda en el préstamo se enreda más en la pita. No le queda llegar casi a las lágrimas ante la angustia de no obtener la codiciada autorización, que en cada momento se antoja más lejana si no son puestas las cartas sobre la mesa de la verdadera intención gandalla subyacente.

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Dos caras de la misma moneda casi simultáneas. Juan Carlos Loera de abrazo con Mario Delgado, el presidente Nacional de Morena, en visita a la ciudad de México, afinando detalles de la campaña.

Cruz Pérez Cuéllar, en la desesperación porque la Comisión de Honestidad y Justicia del mismo partido, no ha dado muestras de vida en la impugnación por la elección interna.

Uno y otro, Loera y Cruz, saben que el tiempo transcurre y corre en su perjuicio, de ambos, porque ni uno puede arrancar con tranquilidad la precampaña, ni el otro puede hacer lo propio.

No le queda de otra al Tribunal Estatal Electoral que asumir su responsabilidad jurisdiccional y resolver. Ya no hay manera de sacudirse la obligación de emitir una resolución, sea cual sea, porque es un conflicto que no se detendrá en ese nivel.

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Batalló meses para lograrlo pero al fin el dirigente de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Pablo Serna, logró la remoción del director del Hospital General, Carlos Benítez Pineda.

La salida del médico fue a causa de la Asamblea Permanente de Brazos Caídos, que desde el 22 de octubre del año pasado se instaló en el nosocomio Salvador Zubirán en contra del directivo, señalado por actos de acoso contra el personal y una deficiente administración en el periodo de mayor riesgo por la pandemia.

Aunque no se oficializó la remoción hasta el último día del año, se sabe que semanas atrás se le dio un plazo a Benítez para abandonar el cargo y entregar la gestión del hospital, cuya operación de rutina se vio gravemente afectada durante semanas.

Ahora el problema del que se queja el personal es que prácticamente se quedó sin cabeza el nosocomio, pues no ha sido designado un titular que lleve las riendas de todos los procesos internos, tanto médicos como administrativos.

La falta de insumos, de personal en varios turnos, de organización para la atención médica a los pacientes hospitalizados y a los que llegan de emergencia siguen siendo problemas de todos los días. No acabaron con la remoción del ahora exdirector, al contrario.

Supuestamente está al tanto de las deficiencias pasadas y actuales el Secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, pero hasta la fecha no ha puesto orden en este que es el más grande los hospitales estatales de la capital.