Opinion

-Tiene su primo secuestrado al alcalde

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GPS / Columna

sábado, 09 octubre 2021 | 05:00

-Aprovechan los agiotistas de Banobras

-Por algo “Santa Roba” goza su lujoso Audi

-Otra vez los actuarios acusados de transas

A Jorge Aldana Aguilar, alcalde recién estrenado de Camargo, lo tiene “secuestrado” su primo el excorralista diputado Luis Aguilar Lozoya, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso del Estado.

Ni lo disimula el legislador. En GPS versión digital una muestra de eso. Aparecen juntos en uno de los juegos de la Liga Estatal de Beisbol, al que fueron además Jesús Valenciano de Delicias, Teporaca Romero del Deporte y Pável Aguilar del gabinete estatal.

Como el Presidente Municipal no es panista de pedigrí -ese es uno de los principales problemas, además de que no conoce la administración pública- prácticamente el legislador y sus socios son los que le manejan el changarro en la región donde han sentado sus reales.

Es por ello que para “ayudarle” a Aldana, su primo diputado le envió a Salvador Cardoza Carlos como Secretario del Ayuntamiento, quien se ha distinguido por tener malas relaciones con los regidores y el resto del gabinete municipal. No hay semana sin pleitos o reclamos por su mala atención.

Es un gran riesgo el asumido por el alcalde si se toma en cuenta que Luis Aguilar, aunque tiene fuero, ha sido señalado irregulares, como mantener en la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social, de la que fue titular con Javier Corral, a más de 500 aviadores.

Si bien hubo otros secretarios como Víctor Quintana y Ramón Galindo, a Aguilar Lozoya le tocó administrar recursos emergentes por la pandemia, cuyo destino no está claro y de hecho son motivo de revisiones y auditorías.

Pues bien, Cardoza, mejor conocido en Camargo como el “el rey de los chavorrucos” por su afición a los antros de moda, fue el coordinador administrativo de Desarrollo Social en el tiempo del ahora legislador. O sea que trae varios pecaditos cargando, con los que llegó a la Secretaría del Ayuntamiento.

El ahora funcionario municipal, por ejemplo, enfrenta la acusación de nepotismo simulado, al tener a su esposa Cristina Serna en la nómina de Desarrollo Social; esto, pese a la evidente relación y conflicto de interés que representaba, pues había sido también encargada de la oficina de enlace de Aguilar.

Los camarguenses no dudan que el diputado vaya a hacer uso de su poder e influencia como presidente de una importante comisión para proteger a Cardoza y Serna. Y a él mismo, al tiempo que se sirve de quien tiene de achichincle como alcalde, al que de plano le impide avanzar por sí mismo.

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En el renglón de los que tienen cuentas pendientes con la ley, pero de otro municipio, los que saben de las finanzas del pequeño Belisario Domínguez precisan que los señalamientos contra el exalcalde Aarón Loya son graves, pero surgieron por meros errores de primaria.

Resulta que la causa que le siguen en la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción es por haber contratado un despacho que le recuperara el Impuesto Sobre la Renta pagado a la Secretaría de Hacienda.

El municipio tenía derecho a devoluciones del ISR, pero no había necesidad de recurrir a un despacho al que le pagó algo así como el 30 por ciento del monto recuperado... obviamente cobrándole su respectivo diezmo a los vivales que la hicieron de gestores.

De hecho hasta había mensajes precisos de la autoridad estatal y federal para que no se contrataran despachos para eso. Pero la ambición le ganó a Loya Jáquez y cayó así de fácil en las garras de los auditores. Pese a eso hoy es secretario municipal.

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Desatados por todo el estado y con las pilas bien puestas han estado durante la última semana varios ejecutivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Anduvieron ofreciendo créditos a los 67 municipios del estado, pues ya sabían que estaba aprobada y por publicarse la autorización que les dio el Congreso a los alcaldes para endeudarse, dejando como garantías el Fondo General de Participaciones y otro fondo de asistencia a los ayuntamientos.

Apenas el miércoles (imagen en versión digital) se publicó la autorización correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, pero los tratos ya estaban apalabrados en la mayoría de los municipios de la entidad.

Va a prestar Banobras desde 2.5 millones de pesos en los más pequeños hasta más de 50 millones en las ciudades medias. Aunque es banca de desarrollo los intereses, comisiones y accesorios no son algo barato.

Chihuahua y Juárez se manejan aparte. Podrán disponer de hasta 318 millones de pesos y hasta 495 millones, respectivamente, si desean endeudarse. Pero son los únicos dos municipios que no están urgidos ni en crisis de liquidez. Aún así tienen su línea abierta con los agiotistas de Banobras.

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Tras el escándalo del prestanombres del exdirector del Instituto del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, surgieron más detalles de los escuderos del exfuncionario. Todos siguen activos en los negocios privados hechos desde ese espacio del servicio público.

Si no estaban en la mira de la nueva titular, Teporaca Romero del Hierro, seguramente ya se pusieron con recientes acciones para defender los beneficios a los que estaban acostumbrados con su exjefe, cuyo paso por dicha área estatal fue un desastre, basta ver la situación de la Ciudad Deportiva.

Pues bien, además de Aldo Pedroza -quien pretende mantener los negocios de Santa Rosa en el instituto, sobre todo su Liga Premier que floreció al amparo del poder- reportan de la dependencia que hay otro prestanombres plenamente identificado y cuando menos otros seis empleados.

Se trata de Amsel Palomino, Julio Ortega, Fernando Caraveo, Carlos Zempalt, Julio Villegas, Alejandra Ramírez y Pedro Ramírez, todos con el doble papel de trabajar para el negocio personal de Santa Rosa González y la dependencia estatal.

Gracias a ellos, que le operaban negocios de la Liga Premier, escuelas de fut con acceso privilegiado a instalaciones estatales y hasta las tienditas de chuchulucos, es que Santa Rosa (“Santa Roba” para sus críticos) goza su lujoso Audi gris del que ahora ni se baja.

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El tráfico de influencias y los negocios indebidos con la justicia han vuelto a surgir en el Poder Judicial, pues semanas atrás, según los reportes internos, volvieron a descubrirse transas de la Central de Actuarios con despachos de litigantes.

No es cosa nueva. La Central de Actuarios se presta a que avancen más o se releguen los asuntos de interés para los abogados, a quienes no les queda de otra que mover a los notificadores judiciales a punta de algunos billetitos.

Lo sorprendente es que de nuevo se ha visto involucrado en escándalos Ricardo Tello Terrazas, sobrino incómodo del destituido (obligado a jubilarse) magistrado Mario Garnica, uno de los que, como muchos, tenía todo su árbol geneaológico en la estructura del Tribunal Superior de Justicia.

También salió a relucir el nombre de Carlos Olivas, como otro de los que se prestaban a acelerar diligencias a contentillo de los abogados que podían pagarlo.

Si eso no fuera suficiente para sorprenderse, dado que son referentes comunes de la corrupción tolerada en el aparato de justicia, llega el dato de los tribunales de que ambos, entre otros, nomás fueron cambiados de labores.

Básicamente nomás les dijeron que ya no se porten mal y no hagan tantas transas, enviándolos a notificar asuntos menores en los que difícilmente alcanzarían a poner las cuotas que manejaban por diligencia, arriba de los cinco mil pesillos.