Opinion

-Toda la mano dura del PAN-gobierno vs conductores

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GPS / Columna
martes, 25 junio 2019 | 05:00

-Fue peculado la “caravana por la dignidad”

-No hay hospitales para Juárez en Plan Maestro

-Alumbrado público; el IEE a modo nomás de Corral


El director de la Policía Vial, el panista Rafal Palacios Reyes, dio la orden de llevarse detenidos a cuanto conductor tenga el infortunio de caer en manos de sus agentes, bajo la sospecha de manejar alcoholizado.

Pidió que en los operativos de noche se pusieran duros los elementos, sobre todo en fin de semana, que es cuando más posibilidades hay de capturar a potenciales clientes de licencias, placas y carros para la Recaudación de Rentas.

Sería plausible si la acción de la autoridad fuera preventiva, para evitar accidentes en las calles.

Porque realmente hace falta la prevención, en vista de la cantidad de choques, atropellos, volcaduras y muertes que ocurren por conducir en estado de ebriedad, algo en lo que no puede quitarse el dedo del renglón para que lo comprendan todos.

Pero todo apunta que, para variar, la orden tiene más tintes recaudatorios que otra cosa, pues ni prueba de alcoholímetro les aplican a los desafortunados conductores y cuando llegan a la delegación ya les tienen la cuentota por pagar si quieren salir libres con todo y sus vehículos.

Los mismos agentes son quienes han revelado que tienen la instrucción de llevar detenidos sin discriminar.

Así hay unos que llegan en tercer grado, como otros con apenas aliento alcohólico, que no es lo mismo ni representan riesgo similar.

Eso no importa, ya en las oficinas de Vialidad y con la sartén por el mango, les aplican la multa sin consideración alguna.

Las quejas van en aumento, pues se supone que los agentes tienen algún incentivo por cazar incautos.

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Fueron muchas las líneas e imágenes publicadas en relación con la reciente visita del Presidente de la República, que no hizo más que repetir los anuncios genéricos de acciones de su gobierno.

Los discursos estuvieron lejos, muy lejos, de establecer compromisos concretos. Pero en su lugar, fue el gobernador prolijo en hacerlos.

Particularmente habló de los hospitales de Juárez, entre otras muchas obras, que anunció vendrían en los próximos meses, como corolario de la visita presidencial.

Sin embargo, no vemos cómo.

La imagen que le mostramos en la edición digital es el concentrado de acciones de obra en materia de salud contemplados por el gobierno federal.

Es el famoso Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para el Estado de Chihuahua, que tiene colgado en su página principal la Secretaría de Salud Federal, y que se encuentra empatado con el presupuesto de egresos de la federación.

La fecha de actualización del proyecto es del mes de marzo del 2019; hace apenas 90 días.

Los recursos en relación con ese plan ya se encuentran depositados y ejecutándose porque nos encontramos a mitad del año.

Están contempladas seis unidades médicas móviles, tres centros de salud, 2 centros de salud con servicios ampliados, dos hospitales de la comunidad, un hospital general y otra obra únicamente identificada como “otro”.

De las obras sólo tres son nuevas, y son los centros de salud. El Hospital General es por sustitución y se entiende que será el de Delicias y párenle de contar.

Los hospitales de alta especialidad de Juárez no están contemplados para recursos y muy probablemente no lo estarán, al menos mientras cede el gobernador a la firma del convenio de centralización de la salud.

Es iluso el jefe del ejecutivo estatal de Chihuahua si piensa que la federación le otorgará los 700 millones de pesos que se requieren para concluirlos, sin contar con el equipamiento y la operación con los recursos humanos necesarios.

Curiosamente fue precisamente en marzo, en la penúltima gira presidencial, donde Andrés Manuel abordó el compromiso de concluir los hospitales, fecha de la última actualización del Plan Maestro de Infraestructura.

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La revelación de los gastos realizados en la “caravana por la dignidad” simplemente evidenció lo que ya sabíamos desde el año pasado: que hubo uso de recursos oficiales en una acción política del Gobierno del Estado.

Los números evidencian aviones, viáticos y hospedajes, por casi medio millón de pesos, bajo el camuflaje de una acción de la justicia.

Fue una movilización ciudadana-gubernamental que partió desde Chihuahua y llegó hasta la capital del país, para hacer una manifestación frente al hemiciclo de Juárez.

No hay en las partidas presupuestales autorizadas para 2018 concepto de gasto alguno para realizar tales manifestaciones.

Nos dicen los expertos que, si se revisan con lupa incluso las partidas de comunicación social y relaciones públicas carecen de viabilidad para justificar el gasto.

Tendría que ser la Función Pública Estatal o en su caso la Auditoría Superior del Estado, quien revise y sancione el uso indebido del gasto en partidas que no se justifican, más con la existencia de un supuesto decreto de austeridad.

Peor, se trata de un asunto de ética y moral pública. Qué lejos está Corral de Don Luis H. Álvarez, que pidió licencia para ejecutar una acción política, en una posición de auténtica congruencia con los postulados de su partido, que, por cierto, es el mismo. Corral ha guardado ética y moralidad al menos mientras sea gobernador.

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En una cueva leonera se convirtió ayer el Instituto Estatal Electoral. De nueva cuenta se operó a conveniencia y contentillo un mecanismo de participación ciudadana.

El plebiscito contra proyectos clave de las administraciones de Armando Cabada y Maru Campos, será llevado al escrutinio público riesgoso por todo el trasfondo político existente.

Ni Andrés Manuel ha querido realizar algún ejercicio bajo la estructura del INE, y aquí en el OPLE se hace chilar y huerto sólo para justificar el gastadero de dinero público.

Semanas atrás, fue desechada la propuesta de revocación de mandato presentada en relación con la figura del gobernador mediante un artilugio jurídico.

Ahora convenientemente es autorizado el mecanismo de participación ciudadana sobre los megaproyectos de alumbrado público de Chihuahua y Juárez. 

Con el plebiscito se quita un peso de encima el gobernador, que subrepticiamente es un celoso opositor de ambos proyectos.

Una de las principales discusiones ayer recayó en las preguntas, pero al final fueron redactadas de manera sumamente complejas y ambiguas; contienen demasiada información y se prestarán con seguridad a mucha confusión entre la ciudadanía.

Es la pregunta una clave precisa. Habría bastado una línea: ¿está usted de acuerdo con el proyecto Iluminamos Chihuahua o Juárez Iluminado, y punto. Sí o No?

Pero los consejeros tomaron el camino de lo oscuro, ausente de claridad, para tratar de quedar bien con Dios y con el Diablo. La pregunta es un anticipo de una intentona por frenar ambos proyectos.

Fue una lucha de posiciones políticas la de los consejeros en la herradura del órgano electoral, con muy poco argumento de Gilberto Sánchez y de Fryda Licano, frente a la imposición de la pregunta. A grado tal llegó el presidente Arturo Meraz, que se negaba a incluir la frase Iluminamos Chihuahua.

En el fondo se trata de proyectos de inversión de alto nivel técnico, que van más allá de un sí o un no de ciudadanos sujetos al bombardeo de publicidad durante las próximas semanas.

Subyace naturalmente la discusión acerca de la justificación de votar a mano alzada o mediante boleta del Sí/No, este tipo de proyectos.

En la Laguna se cayó la construcción de un necesarísimo Metrobús. Aquí podría caerse un importante proyecto vinculado transversalmente a aspectos urgentes como seguridad y calidad de vida.