Opinion

-Traen desde Juárez resorteras vs La Golondrina

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GPS Columna

viernes, 11 noviembre 2022 | 05:00

-Debe ser aumento a camiones este año 

-Sin cita para juzgados federales

-Estallan por pasividad de Lozoya

Exprofeso habría venido a estas tierras chihuahuenses la exconsejera de la Judicatura estatal, Lucha Castro, con el fin de encabezar acciones de protesta que buscarían sabotear la obra teatral de Alberto Espino, “La Golondrina y su Príncipe”.

Tanta es la enjundia y el rencor personal hacia todo lo que huela a la actual administración, que no podía quedarse en tierras ibéricas, dejando la oportunidad de hacerse presente. En el mismo plan está todo el corralato y algunos seguidores de Morena.

Serían Lucha y gente de Ciudad Juárez vinculada con el morenista, Marcelino Gómez Brenes, como es el caso de “Nanta” y Génesis respectivamente, quienes intentarían opacar el inicio de la puesta en escena de la obra, catalogada como extraordinaria incluso por el senador morenista, Rafael Espino.

El municipio solicitó el apoyo a la Policía Estatal e incluso la Guardia Nacional, para evitar cualquier incidente violento, toda vez que se calcula la asistencia en no menos de 12 mil personas por función, familias enteras, muchos niños y niñas. Debe ser evitado cualquier incidente o provocación, con esa cantidad de personas en El Palomar.

Lo que resulta muy penoso es que funcionarios y empleados federales pretendan echar abajo el espectáculo que ha generado gran expectación entre los chihuahuenses. 

De cumplir sus amenazas, estarían poniendo en riesgo a las cientos de familias que acudieron por sus boletos, interesados en pasar un momento agradable.

Los incitadores han quedado expuestos y plenamente identificados.

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Si algo está claro en la negociación del aumento a la tarifa del transporte público es que el incremento deberá ser autorizado antes de que termine el año 2022, al menos es lo que dicen los concesionarios que en más de una ocasión han debido ser llamados a serenarse para no tratar de dar un madruguete con el costo.

Llevan la negociación, con pincitas y siempre aliados del tiempo, el secretario general de Gobierno y el subsecretario de Transporte, César Jáuregui y Luis Manuel Aguirre, quienes al menos esta semana lograron de nuevo contener al desesperado gremio de los camioneros.

Los concesionarios insisten en que el círculo vicioso de inflación-costos de mantenimiento-imposible acceso al crédito por las altas tasas de interés, les impide cumplir con la modernización de las unidades, algunas de las calles andan echando el motor por el mofle o traen tan gastadas las balatas que hacen un ruido infernal en cada frenada.

Con tarifa de hace seis años, aseguran, es toda una proeza mantener las concesiones con un mínimo de utilidad, por lo que han insistido en flexibilizar algunos compromisos adquiridos a fin de tener el respiro que les permita la reinversión en el negocio del transporte público.

Por eso, con la idea de que no va a terminar el año corriente sin que exista el ansiado incremento autorizado por el Gobierno del Estado, es que han aguantado agosto, septiembre, octubre y lo que va de noviembre. 

Más que a un triunfo aspiran a resistir y sacarle mayor flexibilidad a las condiciones impuestas desde Palacio de Gobierno para el incremento que, como ya se había dicho, esperan que sea sustancial o cuando menos quede a la mitad de las expectativas.

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Hay dos proyectos en algún cajón de la administración estatal o la misma Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), que tendrían que ser desempolvados en los próximos días, con motivo del anuncio realizado por la gobernadora Maru Campos en relación con el hospital universitario.

Uno de ellos fue elaborado por la empresa Deloitte hace ya mucho tiempo, nueve ó 10 años, consistente en una asociación pública-privada, que fue presentada al gobierno federal, el cual incluso aportó recursos para la elaboración del proyecto ejecutivo.

Hay otro proyecto más reciente al respecto, que contempla igual que el anterior, medios de sustentabilidad para el ambicioso proyecto, hotel, centro comercial, etc.

Esa sin duda es la clave, que se pague solo el proyecto, dadas las condiciones económicas y políticas prevalecientes.

No vemos por dónde pudieran inyectarse esos miles de miles de millones de pesos. Se habla de cerca de siete mil para ser invertidos, cuando el año que entra no viene ni un centavo, literal, del gobierno federal en obra, que no sea el Hospital General de 260 camas del IMSS en Juárez.

Pero además, tendría que ser por sustitución, para que el personal del Hospital Central pueda pasarse al Hospital que sería edificado en terrenos del Campus II de la UACh.

Es oportunidad para que la UACh recupere el Hospital Universitario no sólo en su dirección, que le fue arrebatado con Duarte y Corral, sino también en su administración, la cual nunca ha tenido.

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Tardaron pero al final doblaron las manos en el Poder Judicial de la Federación, para agilizar el acceso a los juzgados, tribunales colegiados y demás oficinas localizadas en el edificio ubicado sobre la avenida Washington.

Tenían todavía en vigencia la obligación de litigantes y público en general de sacar cita obligatoria para poder acceder hasta para una simple revisión o consulta de expedientes, con el consecuente problema por saturación de líneas telefónicas y del mismo sistema informático.

Pero esta semana nos dicen que ya no fue necesario, sino que se levantó la restricción que era una reminiscencia de las precauciones muy justificadas con motivo de la pandemia por Covid, que dejó 10 mil muertos y más de 100 mil contagiados en la entidad.

Contrario al Poder Judicial federal, a nivel estatal, en el Tribunal Superior de Justicia, ya hacía tiempo que se había levantado dicha restricción de cita previa, hasta llegar en la actualidad a un acceso libre, únicamente proporcionando nombre, juzgado y número de expediente, con lo cual se han agilizado los trámites.

Distintas medidas en distinto nivel de autoridad, dirigidas a los mismos litigantes, que van de un juzgado a otro sea federal o estatal, que ahora se igualan.

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Ya es notoria la molestia de los concesionarios hacia el líder cetemista, Francisco Lozoya Ontiveros, que ahora les salió con que la sesión del Consejo Consultivo de Transporte prevista para ayer quedó cancelada, sin alguna razón aparente.

Los transportistas acudieron a las oficinas de la CTM ubicadas en el Paseo Bolívar, a contraesquina de la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir una explicación por la cancelación de la convocatoria, a lo cual sólo les respondió con el oficio en el que se postergaba la cita. 

Sin embargo, más de uno de los concesionarios se quedaron insatisfechos con esta respuesta pues, al parecer, no es la primera vez que las gestiones del líder cetemista da largas a los encuentros con el secretario general, César Jáuregui, con quien les urge hablar para lograr acuerdos para la mejora del servicio. 

Pero sobre todo, establecer lo más pronto posible una aumento a las tarifas del transporte que, deseados o no por la población, estiman necesarias ante el encarecimiento de los combustibles e insumos indispensables para echar a andar los camiones que se quedan yonqueados.

Sólo aviva la inconformidad el hecho de que “El Güero” Lozoya no suelte los micrófonos y dé declaraciones a diestra y siniestra de manera unilateral sin tomar en cuenta las necesidades y peticiones del resto del gremio, que requiere certezas ante las nuevas disposiciones legales y la entrada en función de servicios como DiDi Plus.

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Hubo circo en el Congreso del Estado, con toma de tribuna por Morena que obligó a suspensión de la sesión, con el tema de la militarización.

El reviente vino por necedad de los morenistas que no quisieron acortar la discusión a tres oradores, tras infinitas rondas.

Al final la solución fue salomónica, ya no tendrá caso votar el acuerdo, toda vez que resulta ocioso, cuando la reforma constitucional ya entró en vigor a nivel nacional.

Puro escándalo para nada.