Opinion

-Un amarillo con sabor errático

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GPS / Columna

martes, 04 enero 2022 | 05:00

-Corrupción corralista quiere mantenerse en CMIC

-Cortesía de Aras, mansión entre cuñadas

-Flota aérea purificada en Salud

La publicación el domingo ya tarde de una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado con el semáforo Covid en naranja, cuando el acuerdo adoptado el sábado dentro del Consejo Estatal de Salud era pintar de amarillo toda la entidad, habla de una comunicación fallida, especie de teléfono roto en el primer nivel del gabinete estatal, con epicentro en Salud.

Resaltan adicionalmente dos pequeños detalles que abonan precisamente a este aserto, de que algo no está funcionando bien y debe ser ajustado.

El sábado por la mañana fue enviado del gobierno estatal un mensaje anunciando que no habría reporte Covid, ni sábado ni domingo, anuncio que terminó por ser un aviso fallido, en virtud de la importancia de la reunión del mismo Consejo de Salud, por la crisis de repunte de contagios y muertos. 

Ese mismo día, fue enviado un mensaje aclarando que el semáforo Covid era el amarillo y no el naranja, con medidas restrictivas en especial reducción de aforos, y la sectorización de la entidad con fines de privilegiar las condiciones de cada zona.

Pero resulta que el domingo fue publicado un acuerdo en el Periódico Oficial mediante el cual se modifica el semáforo epidemiológico, casi para hacer un amarillo fuerte y uno atenuado, junto con otro acuerdo del secretario de Salud, en el que se colocan las regiones de Chihuahua, Juárez y Delicias en naranja!!, dejando a Parral y Cuauhtémoc en amarillo. Fue recordado aquel hilarante mostaza del corralato.

Tendrá que definirse el asunto con muchísima claridad y resolver la clara distrofia en que se encuentran algunos operadores de salud, que bien podrían también ser herencia y otros en franca condición de ausencia de adaptación al ritmo que les viene marcando la gobernadora.

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Los constructores ya definieron la fecha, el 13 de enero, para renovar la dirigencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chihuahua (CMIC), muy rápido como para tratar de evitar que sea descarrilado el favorecido con la corrupción corralista, Arnoldo Castillo.

Tras dos años de Castillo Baray como líder del gremio, son más sus logros personales para presumir que lo hecho por la CMIC, instancia que manejó para su beneficio.

De prueba ahí está la fracasada alberca Santo Niño, cerrada durante el corralato para una remodelación que nunca se terminó y además se facturó a sobreprecio. El beneficiario de la adjudicación directa fue Caba Constructora, del mismo dirigente de la CMIC.

Sobre su empresa y el Instituto Chihuahuense del Deporte, dirigido por Juan Pedro Santa Rosa, pesan procesos ordenados por la Auditoría Superior del Estado, precisamente por esos contratos con los que le adjudicaron el proyecto a Castillo Baray.

Sobra decir que la alberca sigue cerrada y las obras se llevaron tres años, lapso mayor incluso al que se requirió para construir toda la Villa Olímpica Mexicana. Pero esa corrupción e ineficiencia fue la marca del quinquenio perdido para Chihuahua.

Pese a esos antecedentes, el dirigente de CMIC pretende un año más de reelección para completar un periodo de tres años al frente del organismo.

Hasta ayer nomás su planilla estaba registrada, aprovechando el receso por las fiestas decembrinas.

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Lizbeth Gutiérrez Rosas es una licenciada en sistemas con maestría en la misma rama por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Era, o suponemos, es pieza clave en la Dirección General de Aras, si no es que su titular.

Tiene los mismos apellidos que el CEO Armando Gutiérrez Rosas, pensamos sin duda, inclusive así nos lo han dicho algunos de los afectados por la empresa, es su hermana.

En 2018 ocupaba una plaza como apoyo administrativo 01, un puesto administrativo de medio pelo para abajo dentro de la estructura estatal de los Servicios de Salud.

Desde esa posición modesta realizó una importantísima transacción, un crédito con ScotiaBank por casi tres millones de pesos para adquirir con un costoso financiamiento una residencia en el exclusivo fraccionamiento Monte Vesubio.

En el contrato de compraventa de la mansión con valor de 3 millones cien mil pesos, quedó con mucha claridad la forma en que realizó tan grande transacción. Lizbeth pagó el diez por ciento del valor, unos 300 mil pesos “cash” y el resto mediante el crédito de ScotiaBank, comprometiéndose a pagar 31 mil pesos mensuales para liquidarlo en veinte años.

La transacción se concretó el 21 de diciembre de 2018, pero tres años después, apenas hace unos días, Lizbeth vendió la propiedad a Flor Edith Salazar Rojas, quien ha sido identificada como esposa de Armando Gutiérrez Rosas. Le vendió la propiedad a su propia cuñada.

El precio fue mucho mayor. 3 millones 700 mil pesos en números redondos, pagados con un cheque nominativo, de contado.

Los datos de ambas transacciones que son públicos y están al acceso de cualquier persona en el Registro Público de la Propiedad, hablan de un manejo desaseado de las finanzas de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Aras. 

Hay indudable tufo de mal manejo, administración fraudulenta y muchos epítetos jurídicos más, es gasolina a la hoguera en que está convertido el asunto por el entramado marrullero y enredado con el cual se hicieron las cosas.

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Hubo cambios durante el mes de diciembre en las comisiones que ocupan los consejeros del Instituto Estatal Electoral.

Los “nuevos” consejeros y consejera presidenta se afianzan en comunicación, prerrogativas, educación cívica, derechos humanos y género, grupos étnicos y mejora continua.

Extrañamente no ocupan las principales posiciones en administración que es clave, porque es donde se determinan políticas importantes, o la relación con el INE, o las quejas y denuncias.

Al final de cuentas sabe muy bien la Consejera Presidenta Yanko Rodríguez que todos los acuerdos deben pasar por el Consejo, y requieren negociación personalizada con los consejeros.

Fryda Libertad Licano ocupa dos presidencias de comisión, igual que Víctor Yuri Zapata, Luis Eduardo Gutiérrez, Ricardo Zenteno, y Gerardo Macías. Yanko, la presidenta y la consejera Georgina Ávila navegan con bajo perfil con una sola presidencia.

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El gran reto para la administración estatal, llámese Secretario de Hacienda, José Granillo, es darle viabilidad y sustento a la flotilla aérea por la cual se está pagando una cantidad millonaria de mantenimiento.

Las aeronaves tendrían que ser utilizadas de manera racional para transportar de manera excepcional a los funcionarios públicos del nivel que sean cuando resulte exclusivamente indispensable.

En general, hay un extenso uso en el sector salud, para que las naves aéreas tengan una utilidad en beneficio de la comunidad, sin que sea visto como derroche.

Todos los días existe necesidad de traslado de pacientes de municipios lejanos e inclusive, de esta capital a otras entidades para atención de tercer nivel.

Tendrá que existir creatividad y buen tino en la difícil decisión a adoptar, en particular porque sabemos que el mercado de venta se encuentra deprimido, lo cual significa pérdidas considerables en el precio.

Las licitaciones desiertas del corralato para la venta de los activos aéreos ahí están para muestra, no se diga lo que ha ocurrido con el avión presidencial, que sigue en oferta sin que salte ningún postor serio.