Opinion

-Urge descubrir cuando dejan de ser policías

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GPS / Columna

martes, 06 abril 2021 | 05:00

-Otra vez mueren de Covid en Pensiones

-El homenaje a estatales es burla

-Quiere los escoltas que le negó a Duarte

Ya habíamos señalado que se encendieron alertas en Chihuahua y varios municipios de la entidad por parte de agentes policiales involucrados en robos, desapariciones y hasta homicidios.

El caso de los policías municipales en Chihuahua, que en grupo o de manera individual realizan acciones contrarias a la ley y muy opuestas al espíritu de servicio a la sociedad, son por supuesto parte de ese foco rojo.

Hay dos detenidos, una mujer policía y un agente policiaco muy joven, pero hay tres más prófugos de la justicia, por lo que en principio se pensó sería sólo desaparición de personas, pero ahora sabemos es homicidio calificado. Los cuerpos de las víctimas terminaron arrojados por el Carrizalillo.

Vimos un caso idéntico en Parral, con el caso de los y las enfermeras, desaparecidos y localizados sin vida.

Acá en Chihuahua hemos visto igualmente a los policías entrando a domicilios particulares y cometiendo vejaciones en contra de familias.

Son varios los malos ejemplos registrados al respecto y que debieron servir de alerta a Gilberto Loya y sus mandos de lo que ahora ocurre. No puede haber otro paso que el más grave: involucramiento con el crimen organizado y las desapariciones. ¡Aguas!

En Juárez inclusive, pudimos ver a policías estatales involucrados en robo y otros delitos, hasta en tortura y muerte.

Es hora de poner un freno auténtico a mayores problemas en la policía de la capital del estado antes que se convierta en similar a la estatal y otros municipios menores golpeados por la violencia.

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De nueva cuenta vuelven a presentarse las muertes por Covid sin atención en Pensiones Civiles del Estado (PCE), donde no hay para recibir pacientes y son múltiples las trabas para enviar enfermos a hospitales públicos o privados.

La semana pasada, el 30 de marzo, se difundió una circular en la que se hablaba de 15 pacientes en espera de hospitalización y se hacían recomendaciones para evitar acudir al área de Urgencias, que se encuentra saturada desde antes de la pandemia.

Ayer había reportes de que la cifra de pacientes en lista de espera había disminuido, pero no porque ya hubieran sido atendidos sino porque habían fallecido buena parte de los que estaban en esa lista.

Los familiares de derechohabientes reportan, además de la saturación de Urgencias, la carencia de medicinas, la falta de citas con médicos especialistas y médicos familiares, una criminal tardanza en el envío de pacientes a las clínicas privadas con las que Pensiones tiene convenio.

Como es sabido, PCE no tiene hospital propio, así que canaliza a Christus Muguerza, Clínica del Centro, Hospital Ángeles o Star Médica, pero todos los privados tienen muchas reservas porque no se les garantiza pago de parte de la institución.

Hasta ahora se desconoce el monto de los adeudos que tiene PCE con los privados, pero debe ser alto porque solo ha dado pequeños abonos desde finales del año pasado.

Ello motivó a Pensiones a tener acuerdos con hospitales públicos como el Central y el General, que dependen de Servicios de Salud del Estado y del Instituto Chihuahuense de la Salud, pero están también saturados o frenados por la misma cuestión del pago a los derechohabientes de PCE.

Decir que la instancia estatal está colapsada ya es poco. Sus indicadores parecen haber vuelto a los que tuvo entre octubre, noviembre y diciembre pasados, los peores meses de la pandemia.

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El miércoles pasado, a plena luz del día, fueron emboscados una decena de policías estatales en un camino vecinal de Madera.

Murieron como consecuencia de tales hechos cuatro policías y otros seis resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad.

No es un hecho aislado. Existen elementos para pensar que se trata de una venganza por la muerte de varios presuntos criminales en Gómez Farias, también en un supuesto topón con agentes estatales.

Como se ha hecho costumbre, el homenaje de cuerpo presente se realizó esta vez también en ausencia de altos funcionarios estatales...que se encontraban disfrutando de sus vacaciones.

Ni el gobernador Javier Corral; ni su Secretario de seguridad, Emilio García, el jefe inmediato de los policías, fueron para aprontarse, aún y cuando tuvieron tiempo de hacerlo, así anduvieran fuera de la entidad.

Corral tiene a su servicio las aeronaves estatales, por lo que puede desplazarse sin problema. García Ruiz, por el encargo también puede hacer y hace uso de ellos.

Pero la burla mayor es que se está anunciando un homenaje de manera posterior, para reconocer la valentía de los agentes.

Ellos ya están muertos, las familia destrozadas, viene el calvario para los apoyos y seguros con motivo de la muerte.

Y ahora se va a someter de nuevo a la familia al dolor...sólo porque ambos funcionarios quieren alzarse el cuello.

Es de evidente mal gusto el anuncio.

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A unos meses de iniciar la actual administración estatal, aprobó el Congreso del Estado una iniciativa para eliminar la protección a los funcionarios responsables de la seguridad pertenecientes a la administraciones anteriores.

El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en junio del 2017. Sin chistar fue autorizado por los legisladores, con mayoría panista, sin mayor reflexión.

Nadie dijo absolutamente nada acerca del tema, que resulta desafortunado e ilógico, toda vez que los responsables de temas tan delicados deben conservar una mínima protección.

Se eliminó el titulo décimo primero de la Ley Estatal de Seguridad Pública denominado “De la seguridad y protección personal de funcionarios públicos al concluir su encargo o nombramiento”.

Los artículos 305, 306 y 307, obligaban al Estado a proporcionar seis y cuatro escoltas al Fiscal General del Estado y al titular de la Policía Estatal Única, respectivamente, durante cuatro años.

Los agentes serían pagados por la administración estatal, bajo comisión, junto con el equipamiento necesario para el cumplimiento de sus funciones, vehículos, armamento, etc.

Pues el actual gobernador cuando llegó al cargo lo primero que hizo fue modificar la ley y junto con ello, le quitó al antecesor César Duarte los escoltas.

Pero ahora, a unos meses de dejar el cargo, el gobernador envía una iniciativa en los mismitos términos, quiere dotar de escoltas no sólo a su Secretario de Seguridad, al Fiscal, sino a él mismo y ¡al Secretario General de Gobierno! Busca la protección que caprichosamente eliminó hace cuatro años.

Demostración de incongruencia y despropósito de quien siente demasiados pasos en la azotea. Es nerviosismo culpable.

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Salió Carmen Aristegui con un tuit posterior a la larga entrevista realizada a Javier Corral apenas iniciada la semana.

Dice en su tuit que la candidata del PAN busca la gubernatura para obtener fuero y protegerse de las acusaciones que realiza Corral en su contra.

Se ve que los analistas conocen a un Corral del centro del país para allá y no conocen al Corral de Chihuahua.

Todavía pueden estos analistas ser engañados con relativa facilidad por la larga perorata.

Casi una hora estuvo el mandatario denostando a su correligionaria Maru Campos, tratando de justificar el supuesto combate a la corrupción.

Pero son sus dichos una relatoría de todo lo que ha hecho la Fiscalía para descarrilar, no con un solo proceso, sino con dos, a la candidata al gobierno de Chihuahua.

Es también reconocimiento de la defensa que ha realizado Maru para evitar caer al despeñadero, de su ventaja y que es muy seguro que asuma la gubernatura antes de que el proceso pueda llegar a un desenlace.

Es la intervención corralista con Aristegui, completada con rueda de prensa en Juárez, prueba de su interés por continuar participando como actor en el proceso electoral, como lo ha hecho desde antes incluso de que iniciara con su intentona por manipular la selección de candidatos en los partidos.