Opinion

-Va Salas contra sicarios de municipal

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GPS / Columna

jueves, 08 septiembre 2022 | 05:00

-Más circo y menos ley en juicio político

-Apenas despierta el auditor 

-Sacudida en el Infonavit

En las instalaciones de la Comandancia Norte fue llevada a cabo la ceremonia para despedir con honores al policía primero, Arturo Hernández Sánchez.

Fue encabezado el acto por el alcalde, Marco Bonilla; y por el jefe de la municipal, el comisario Julio Salas, quienes dieron un sentido pésame a familiares y amistades.

Sin duda es un momento difícil para la administración municipal, pero el alcalde estuvo presente no sólo para acompañar a los deudos, sino también para comprometerse con ellos para encontrar a los responsables de este crimen.

No habrá impunidad, fue algo que dejó muy claro Bonilla; y es el encargo que deberá atender Salas, quien se ha dedicado a sacar la investigación del caso de la mano con Fiscalía.

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Pese a que la demanda de juicio político del magistrado Gabriel Sepúlveda era considerada la más fuerte de las presentadas contra Javier Corral, la Comisión Jurisdiccional determinó admitirla, pero únicamente para no iniciarla, para rechazarla con un dictamen negativo.

Fue el segundo “chanfle” en menos de un mes de la comisión que preside Gabriel García Cantú, pero en este caso fue porque la ilegal reforma con la que Corral manipuló a su capricho el Poder Judicial, tuvo su origen en una iniciativa del mismo PAN de la antepasada legislatura. 

La mayoría panista que coordina Mario Vázquez debió operar dentro de la comisión porque se impuso el criterio de que el mismo partido sería el afectado, dado el origen de la reforma en la bancada del PAN de entonces.

Hasta el mismo García Cantú debió excusarse de presidir los trabajos, pues él fue parte de los diputados que entonces dejaron que Corral usara al PAN para promover la iniciativa que le daría control de la justicia estatal. 

Fuera de los cuestionamientos que generó ese nuevo tambaleo del Congreso, algunos diputados involucrados en el debate no pudieron dejar de comparar el procedimiento contra Corral Jurado con el único precedente que hay en la historia estatal, el que tuvo como protagonista al exgobernador Patricio Martínez.

En el caso de Martínez García, cuando era gobernador otro priista, José Reyes Baeza, el juicio político pasó los primeros filtros con la complacencia de la bancada mayoritaria de entonces, la del PRI, pero por la insistencia de la oposición de entonces, la del PAN y PRD.

El proceso, pues, fue una jugada política del poder en turno, que usó las ansias y los intereses de los opositores para acercarle la lumbre al exgobernador. Fue casi un año, entre 2004 y de 2005, lo que tuvo Baeza Terrazas en las brasas a su antecesor, todo apegado a un procedimiento vigente en aquel entonces.

Eso transcurrió entre las primeras llamaradas y la decisión final negativa favor de Patricio, gracias a la mayoría priista, del Congreso del Estado. Aunque intenso, el circo fue más corto y efectivo. 

Ahora, hay similitudes en el mismo origen azul del poder en turno y el golfista acusado, así como en el origen de la denuncia, es un opositor abierto el que pugna por el procedimiento.

Pero hay dos diferencias fundamentales: Patricio tenía votos a su favor dentro de la bancada mayoritaria, algo de lo que Corral Jurado no puede presumir porque ni un aliado le queda; y ahora más circo que ley, más circo que operación eficiente para alcanzar el objetivo.

De escándalo en escándalo el procedimiento de naturaleza política, entre más avance más habrá de diferenciarse del antecedente de 2005. 

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La gran revelación del auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, fue una noticia vieja, de mayo del año pasado, sobre cómo la Secretaría de la Función Pública en la administración de Javier Corral, dejó caer más de 20 expedientes de duartistas involucrados en irregularidades.

El tema fue de lo más destacable ayer que Acosta Félix acudió ante los diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso a presentar detalles del plan anual de trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y los avances que lleva hasta la fecha.

Con el ejemplo que les daba Corral Jurado desde el Palacio de Gobierno, sus secretarias de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos y Mónica Vargas Ruiz, también dedicaron la mayor parte de su tiempo a disfrutar del glamour del poder y olvidaron que también tenían trabajo pendiente.

Por eso, procesaron alrededor de 25 expedientes con una norma que no aplicaba en vez de utilizar la ley correspondiente, hecho que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dio la razón a los acusados por la negligencia e incompetencia de los funcionarios a cargo de sancionarlos.

Así, la impunidad de los duartistas fue favorecida por la burocracia adormilada e incompetente del corralato. Imposible definir quiénes fueron más corruptos.

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La Junta Local de Conciliación y Arbitraje sólo recibirá denuncias laborales hasta el día último de este mes, pues a partir del lunes tres de octubre comenzarán a operar los juzgados especializados en la materia como parte de la estructura del Poder Judicial del Estado.

Por esto, los abogados que desconfían de la operación del nuevo sistema de justicia laboral le apuestan a quedar dentro de unos 60 mil casos con los que cargará por algunos años el modelo que está por perder su vigencia.

Hay desconfianza en el gremio porque, por más foros de socialización y la publicidad de la reforma laboral correspondiente, no se puede conocer cómo operará el nuevo modelo hasta que comience a hacerlo, así que se van por el más vale malo por conocido… 

Otro sector de los laboralistas ve con buenos ojos la transición porque, antes de saturar los juzgados y deber enfrentarse a largas audiencias, tendrá un papel primordial el Centro Estatal de Conciliación, como paso previo y obligado antes de un proceso judicial.

Si el centro conciliador resulta útil, los procesos laborales más comunes tardarían menos de dos meses en resolverse, sin necesidad de pasar por un juez; y aunque ello se ha puesto como un obstáculo para que los abogados logren ganancias, en realidad les puede facilitar su labor y cobrar sus honorarios antes de los plazos tradicionales.

Mientras unos y otros adoptan estrategias, la incertidumbre de los especialistas en la materia laboral ha ido en descenso entre más se acerca la operación del nuevo modelo.

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La convocatoria que lanzó hace tres semanas la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al mando de Gilberto Loya, en la búsqueda de nuevos policías estatales preventivos, no fue tan exitosa como se tenía pensado. 

Si bien tuvieron un total de 525 personas inscritas para un primer filtro, apenas el 5 por ciento cumplió con entrega de la totalidad de los requisitos; es decir, 25 hombres y mujeres. 

El proceso de selección corrió a cargo de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, que utilizó como medios de difusión en redes sociales, páginas web, ferias de empleo, volantes y lonas promocionales. Cero medios convencionales más allá de adormilados boletines.

No todo está perdido, según se informó a este espacio y producto de un "as" bajo la manga del secretario Loya, pues la Secretaría está a la espera de 70 resultados de una serie de exámenes psicométricos, para saber cuántos elementos más pueden ser incorporados al proyecto.

El lunes 12 de septiembre inicia el curso de formación inicial, el cual tendrá una duración de 6 meses en modalidad presencial, internados en academia de lunes a viernes.

La intención de la SSPE, es solucionar la falta de agentes estatales en zonas urbanas, una vez que la mayor parte de la plantilla está concentrada en tareas de vigilancia en zonas calientes de la Sierra Tarahumara y la inmensa mayoría de ellos muy quemados.

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Vaya sacudida la que se vivió hace unos días en la delegación estatal del Infonavit, cuando se le notificó a Marco Castrejón, quien estaba a cargo de la Coordinación de Gestión, que dejaba de formar parte de la jugosa nómina federal. 

En cuestión de semanas, Marco Castrejón se quedó sin chamba en la Facultad de Derecho cuando fue cepillado de las hora-clase para el semestre agosto-diciembre y ahora deja su cargo como burócrata federal.

Inmediatamente los rumores comenzaron a circular como reguero de pólvora en las oficinas que se localizan en la calle Allende en pleno centro de la capital del estado, sin embargo, la guillotina nada más llegó al departamento de Castrejón. 

Ni su influyente padre, el diputado Oscar Castrejón que ocupa una curul en el Congreso local bajo las siglas de Morena, pero que se ha destacado por ser procorralista, pudo hacer que su vástago conservara el empleo.

Afirman que el despido de Marco Castrejón no tiene nada que ver con su desempeño, sino que se trata de vendettas políticas y que la instrucción vino directamente desde las oficinas centrales en la Ciudad de México.

Castrejón comunicó a sus subalternos que deja el cargo y se dedicará de lleno a su despacho jurídico.