Opinion

-Vecinos, funcionarios de la Fiscalía y CEO de Aras

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GPS / Columna

miércoles, 05 enero 2022 | 05:00

-Compró terrenos de 16 millones en dos años

-Sube el piano, baja el piano en el TSJ

-Siguen sudando frío por la revocación

Pese a los cateos y aseguramientos de decenas de inmuebles propiedad de la financiera Aras, en los grupos de afectados se ha echado a correr la especie de que el caso jamás prosperará mientras sean fiscales estatales los que lleven la investigación.

Entre otros rumores que se esparcen por los grupos de Telegram y Whatsapp de los defraudados, se habla de que el dueño de Aras (se presentaba antes de desaparecer con el anglicismo de CEO), Armando Gutiérrez Rosas, mantiene la construcción de una mansión en Pedregal del Alba.

Es una zona de alta plusvalía por el rumbo de Altozano donde, efectivamente, el CEO levantaba más que una casona, tres pequeños castillos millonarios sobre lotes que en conjunto suman de más de mil 200 metros cuadrados.

A la fecha no se ha observado movimiento en la obra que quedó casi terminada, nomás le faltaban detalles de fachada y algunos acabados.

La propiedad está en proceso de registro, pero sí hay testimonios de que el propio Gutiérrez Rosas supervisaba y presumía su gran proyecto.

Pues bien, el supuesto manejo turbio del fundador de la desregulada financiera se adereza con la idea de que en la misma zona donde desarrollaba su mansión tiene de vecinos a altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado que le hablan al oído al titular, Roberto Fierro Duarte.

Una toma lejana de muestra puede verse en versión digital de GPS. Con las flechas señalan los afectados a supuestos vecinos del CEO con muchas influencias en el poder estatal como para descarrilar cualquier investigación en su contra.

No hay evidencia de qué fiscales tengan propiedades en tan lujosa zona habitacional, donde los inmuebles no bajan de los seis millones de pesos. De ser así desde luego que sería algo cuestionable dado que nadie en la FGE gana tanto como para vivir en un residencial de ese nivel.

Pero no importa que haya o no evidencia de la supuesta cercanía entre quienes investigan y el investigado. Obviamente los afectados con miles o millones de pesos en la gran estafa de Gutiérrez Rosas no buscan quién se las hizo sino quién se las pague.

Los señalamientos más bien están orientados a sembrar la duda, la desconfianza, que se agrava con un manejo muy lento del caso que sin duda fue el escándalo del año que terminó y puede serlo del que hoy comienza.

Estamos, pues, ante la politización inevitable del fraude cometido contra miles de chihuahuenses, lo que puede resultar peor para ellos y tal vez rentable para quienes logren la manipulación a la que se orienta.

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Los lotes que fueron adquiridos en esa zona exclusiva por la esposa del CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, fueron pagados a lo largo de dos años, casi en abonos, durante la “jauja” de la pirámide que hoy está en franco colapso.

Se trata de los lotes contiguos 56, 57, 58 y 59 del residencial Monte Vesubio, comprados a una misma empresa, la constructora Otto Valles, en un monto total de 16 millones 759 mil 958 pesos con 26 centavos. 

En promedio cada lote tiene un valor de cuatro millones de pesos. 

Pues todos ellos, juntitos, fueron pagados de manera simultánea mediante parcialidades entre los años 2019 y 2020.

Por ejemplo, del lote 57 se pagaron 700 mil pesos de enganche el 25 de noviembre del 2019; luego se pagaron diez mil pesos el 30 del mismo mes; 62 mil, el 21 de enero del 2020 y la misma cantidad un mes después. Más adelante, el 21 de mayo se hizo un pago de 1.2 millones de pesos; el 15 de julio, 1.4 millones y el 16 de julio 870 mil pesos, para completar el precio total del terreno, que es de 4 millones 474 mil 740 pesos con 80 centavos.

En las mismas, unos abonitos y luego abonotes, está el resto de los pagos por los otros lotes comprados. Tenemos los reportes presentados por la constructora al momento de realizarse la escrituración ante notario para ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad denominados Movimientos Auxiliares del Catálogo, capturados en Compaq.

Cada abono está a nombre de Flor Edith Barajas Rojas, queremos entender que ella hizo los pagos de manera directa. No hay constancia de si fue en efectivo o mediante cheque o transferencia bancaria. El informe de la constructora no llega a tal nivel de detalle.

Son muy extraños los pagos efectuados, como que los iban haciendo conforme les fue cayendo dinero, es decir, de acuerdo a los ingresos tenidos en el periodo indicado. No queremos pensar en que los nuevos inversionistas fueron la fuente de dichas compras, pero no hay otra explicación por el momento.

Sin duda es elemento importante en la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, la cual ya se está haciendo jocoque por el tiempo transcurrido sin que se haya judicializado para encontrar una satisfacción a los inversionistas que no sólo tuvieron una navidad triste, sino una cuesta de enero mucho más sinuosa e inclinada.

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En el mes de diciembre, poco antes de salir de vacaciones, el Tribunal Superior de Justicia determinó que ya no sería necesario agendar cita para entregar promociones o buscar actuarios, que todo regresaría a la normalidad.

En aquel entonces se cancelaron citas y los juzgados y actuaría hasta cierto punto retomaron el ritmo tenido antes de la pandemia, ya que durante ésta inclusive para ir a revisar el expediente por parte de los litigantes y sus clientes, había que agendar día y hora, bajo un estricto manejo anticovid.

Pues ahora resulta que ya en el primer día del año, con la nueva semaforización de papel publicada en el Periódico Oficial, el Tribunal decidió retomar el mecanismo de las citas que había desechado antes de salir de vacaciones.

Con esa noticia se encontraron los litigantes, haciendo el coraje, porque algunos tenían agendados procedimientos con cita para este mes, y simplemente fueron dejados de lado, según nos hicieron saber algunos abogados asiduos lectores de GPS.

La extensión del horario en el funcionamiento de los juzgados nos dice que servirá para desahogar audiencias, pero al final de cuentas no podrá ser permanente, por la simple razón de que es el mismo personal el que se encuentra laborando. No creemos que proyectistas, jueces y demás personal de apoyo haya tomado con alegría el anuncio.

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El reporte difundido por el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó lo que ya habíamos publicado y puso a sudar a más de tres en la 4T, porque los números bajísimos entregados para la revocación de mandato, en algunas entidades federativas como Chihuahua, ponen en riesgo la autorización del procedimiento por la famosa regla del 3x17.

Esa regla se refiere al 3 por ciento del listado nominal de por lo menos 17 entidades, es decir, que no es suficiente con los millones recogidos en la Ciudad de México y otros Estados para saltar el requisito.

El INE está revisando y en ese proceso ya hay entidades que aportan sustantivamente más del cien por ciento de ese requisito de firmas, como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, o Ciudad de México, entre otras.

Pero hay unos estados que están lejísimos, Chihuahua entre ellos, que apenas lleva siete mil 232 solicitudes cuyos firmantes están en lista nominal y han pasado los primeros filtros. Nada más le faltan 75 mil. Ese es el motivo del indudable sudor frío.

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Roxana García era maestra y directiva en el Colegio de Bachilleres, y litigante por su cuenta, cuando llegó al Instituto Estatal Electoral la primera ocasión para ser consejera en el 2001, donde es reelecta para participar en el polémico proceso extraordinario de Juárez 2002.

Fue magistrada en el 2009, consejera del INE en el Consejo local, hizo dos maestrías y adquirió experiencia como secretaria de estudio y cuenta en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los momios se le acomodaron para regresar a la magistratura estatal electoral y ayer asumió como presidenta del órgano, escalón que le faltaba en su carrera electoral. Se suma el TEE a los órganos jurisdiccionales presididos por mujeres, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Administrativo, presididos respectivamente por las abogadas Myriam Hernández y Mayra Arroniz.

También asumió ayer como nuevo Secretario General del TEE, Gabriel Sepúlveda Ramírez, hijo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del mismo nombre.

De ser castigado casi al punto de la destitución, Sepúlveda le ha dado vuelta a la tortilla y se ha colocado de nueva cuenta en la cúspide del poder como en el sexenio del duartismo.