Opinion

-Versión de pelea “El Chueco” vs Zafiro

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GPS Columna

sábado, 14 enero 2023 | 05:00

-Cientos de quejas contra la Guardia

-Desfile por un sueño en el IEE

-Dividida, la comunidad de San Elías

Como advertimos en la edición de GPS de ayer, con la caída de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, está abierta la puerta para que el Estado retome con nuevos bríos la búsqueda de “El Chueco”, José Noriel Portillo Gil, el líder criminal que apenas cumplirá los 31 años de edad, pero que ha mantenido el terror en la región de Urique y otras zonas de la sierra durante una década. 

Al parecer el desorden que vivió la frontera el primero de enero dio pie a que José Noriel relajara sus defensas y hay quienes juran y perjuran que lo han visto deambular por San Rafael, su comunidad natal en Urique y en otras zonas de la sierra como Bocoyna. 

Pobladores de esta localidad incluso refieren que “El Chueco” esta distanciado del Cártel de Sinaloa, para el que ha operado durante años e incluso ha tenido algunas rencillas con otro líder de esta organización criminal en la región, el conocido “Eddy Zafiro”. 

No hay –obvio- versiones oficiales que confirmen que Portillo Gil haya roto relaciones con el cartel del “Chapo Guzmán” para sumarse a sus rivales de “La Línea”.

Lo que sí nos aseguran es que ha sido visto por la sierra y que los tres niveles de gobierno, que andan sobres de él desde junio de 2022, no han dado con él. 

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Los hechos en que murieron Mauro Miguel Rocha y Luis Fernando Maldonado, de 24 y 20 años de edad, en Jiménez, no deberían extrañar en nada.

En su muy corta existencia, la Guardia Nacional ha estado envuelta en cientos de quejas por violaciones graves, todas documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con única utilidad en la estadística.

A nivel nacional son 476 las quejas del año pasado; 504, las del 2021 y 350 las del 2020; en la entidad fueron, respectivamente por año, 20, 34 y 27. Son muchas. 

En lo que respecta al año pasado, sólo 11 siguen investigándose, las otras quejas, o fueron acumuladas o simplemente desechadas.

Lo más delicado es el motivo que dio origen a las quejas: acciones y omisiones que transgreden derechos de migrantes, daños por empleo arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, incluso ejecución sumaria o extrajudicial, trato cruel e inhumano, imputación falsa de algún delito, entre otros.

Si la CNDH actúa de manera tibia, dejando las quejas en la impunidad, de qué manera podría esperarse que actúe la misma Guardia Nacional a través de su área de asuntos internos, que en estos momentos investiga el doble homicidio.

Hay una nube negra en torno a las indagaciones realizadas en primera instancia por la fiscalía local, esa oficina de asuntos internos y la Fiscalía General de la República, que anticipa igual que con Jessy Silva, -asesinada en similares condiciones- una protección para los agresores.

Interrogantes hay muchas, ¿quién cuidó en la cadena de custodia de los elementos balísticos encontrados?, solo por poner un ejemplo.

Porque hay reporte de 65 del calibre .223 y dos de 9mm, en el interior del vehículo Fiat, pero de los dos videos que han circulado, deberían ser cuando menos una centena los casquillos regados a lo largo de los 150 ó 200 metros de brutal acribillamiento.

El asunto merece transparencia y total claridad para despejar las incógnitas y disipar ese nubarrón que centellea sobre el atroz crimen.

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Desfilaron uno a uno por las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE), los aspirantes a ocupar los diversos puestos ofrecidos para la oficina proyectada en Juárez, con folder bajo el brazo, en riguroso cotejo de documentos.

Tuvieron que gastar en el viaje, comida, hospedaje en algunos casos, y echarse unas horas en lo que eran revisados los papeles originales con sus copias respectivas, en un peregrinar repleto de incertidumbre.

A estas alturas, de acuerdo a la primera convocatoria, tendría que estarse realizando el examen de conocimientos e incluso el psicométrico; pero en noviembre hubo modificaciones que trasladaron dicho examen hasta fines de este mes, y la elección del personal hasta mediados de febrero.

La razón no es otra que el periodo ordinario del Senado, en que habrá de votarse el plan “B” de la reforma electoral presentada por el presidente de la República, y que tendría un impacto en términos de líneas generales de austeridad, que metería en problemas el funcionamiento financiero de la oficina juarense.

Hay indudable incertidumbre no sólo por esas plazas consideradas para la fronteriza ciudad, sino para cuatro más que nos dicen están en proceso y concurso para las áreas de capacitación y jurídico, en este último caso para lo contencioso.

Podría el IEE suspender de plano la convocatoria para evitar la incertidumbre en los participantes, pero hay una apuesta por que la susodicha reforma del plan “B” termine cayéndose, ya sea en el Senado o con las controversias constitucionales que con seguridad serán interpuestas.

Sí para el cotejo debieron venir a la capital los concursantes, júrenlo que tendrán que volver a gastar para el examen de conocimientos, y los que pasen con calificación arriba de siete, hasta en el psicométrico que les será practicado la primer semana de febrero.

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El rezago que presenta casi la totalidad de los municipios en materia de actualización catastral exhibida el jueves por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), Gabriel Valdez, no es sólo un tema de falta de infraestructura o capacidad, sino de ganas, de verdaderamente entrar a cobrar a quienes hay que pasar por la guadaña del Impuesto Predial, más por burocratismo.

De acuerdo con los datos de la SDUE, 59 de los 67 municipios del estado no cuentan con una actualización catastral que les permita obtener más ingresos a través de dicho impuesto, pero no todo es por falta de recursos, sino porque los ayuntamientos no ponen orden a los predios dedicados a actividades comerciales o industriales que, por lógica, deberían pagar más. 

Un ejemplo claro es Rosales, municipio donde aplicaron un programa  piloto para revisar los valores de los predios hace un año, el cual permitió que un terreno que pagaba sólo 800 pesos de Predial, ahora deba cubrir 130 mil pesos. ¿El motivo? Pues que correspondía el predio a una empresa de lácteos. 

Si así como ocurrió en Rosales, otras localidades aplicaran criterios adecuados para actualizar los valores catastrales, tendríamos un disparo de los ingresos municipales sin impactar a la ciudadanía. El rezago total ronda los 5,700 millones de pesos, nada despreciable.

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Han sido ininterrumpidas desde el inicio de la presente administración estatal las sesiones ordinarias y extraordinarias con integrantes de la comunidad de San Elías Repechique, debido a que en el corralato jamás hubo acuerdos para la aplicación del Fideicomiso en beneficio de ellos.

Como primer punto hubo determinaciones con los representantes designados para conformar una lista de obras y proyectos priorizados.

El gobierno de Maru Campos asumió la responsabilidad de desarrollarlos con el objetivo de evitarles carga de trabajo y agilizar trámites de ejecución, lo que permitió contar con un pre proyecto, autorizado por los representantes de la comunidad.

Luego de tres reuniones más, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas trasladó la maquinaria al lugar de trabajo, pero resulta que hubo oposición por parte de un grupo de habitantes de la misma comunidad, que le impidió iniciar.

Nos dicen que las dependencias estatales han tratado de ser respetuosas de los derechos de los pueblos originarios, particularmente su autonomía para la toma de decisiones, pero es una lástima que el proyecto no avance con motivo de las divisiones que la comunidad presenta.