GPS / Columna

martes, 06 junio 2023 | 22:53

-Don Fernando le da vuelo a Valenciano

-Fin del Covid en el TSJ

-Mantenimiento al Pecuus en el de la Juventud

La primera generación de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, ubicada en San Rafael, en Urique, prácticamente se quedó vestida y alborotada con la ceremonia de graduación.

Y es que la raza ya tenía botas, sombrero y vestido de gala para festejar el fin de cursos, pero Raquel Sosa, Rectora de universidades del Bienestar, les "apagó la música".

La instrucción girada por la rectora desde Michoacán fue que el baile y la ceremonia debían ser cancelados, toda vez que en la comunidad la supuesta privación de estudiantes, balaceras y enfrentamientos estaban a la orden del día.

Tan organizado estaba ya el bailongo para este tres de mayo, que el grupo Los Almirantes de Sinaloa ya había grabado y difundido un video invitando a la celebración.

Daniel Silva, alcalde de Urique al final era ya el último confirmado con su asistencia a la ceremonia, cuando la rectora y el propio delegado del Bienestar Juan Carlos Loera, dieron por cancelada su asistencia, inexplicablemente.

Llama la atención que todas las universidades del Bienestar en el país tuvieron sus bailes y ceremonias, siendo excepción la de San Rafael.

Como si la gente de Urique no tuviera suficiente con el episodio que les hizo pasar El Chueco, ahora el gobierno federal les corta la inspiración para el baile.

Poco tacto en la rectora Raquel Sosa, que no ha de saber ni siquiera dónde se encuentra San Rafael, explicable por la lejanía y el temor a una inseguridad que no ha podido garantizar su propia administración, pero que Juan Carlos haya declinado asistir eso es otra cosa.

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El exgobernador Fernando Baeza salió a pasear por Delicias para hablar bien del alcalde albiazul, Jesús Valenciano, según puede apreciarse en un video que rápidamente saltó de celular en celular entre priistas y panistas. Eso fue una clara señal de que sigue en proceso de consolidación la alianza electoral para retener la zona centro-sur de la entidad.

En unos cuantos segundos, el exalcalde deliciense, exsenador y exembajador favorece con sus comentarios al panista, en momentos en que es también muy claro el intento de debilitarlo, por ser uno de los pilares de la coalición que hasta hace unos pocos años era impensable. No es exagerado que pinta para nominación a la gubernatura en 2027.

Baeza Meléndez le reconoce a Valenciano García las obras de infraestructura en la ciudad de los vencedores del desierto, pero destaca algo en lo que el priista se hizo experto: la obra política que a veces luce poco, pero cuenta mucho.

El priista sabe de lo que habla pues, a su llegada como gobernador, le tocó llegar a recomponer la relación del poder con la sociedad, a mediar en el todos contra todos que había dejado una contienda política radicalizada a tal grado que dividió a familias y hermanos.

Por eso sabe de lo que habla ahora que el escenario electoral se caracteriza por la polarización  y los mensajes desde Palacio Nacional abonan a la división en aras de fortalecer los intereses de un partido o grupo en el poder federal.

El trabajo político -de acuerdo con el tricolor, tío del otro exgobernador Baeza- a veces no es muy estimado, pero es muy importante porque fortalece el tejido social y el sentido de pertenencia.

Esos factores citados por don Fernando, tejido social y sentido de pertenencia, son la base del proyecto que han trabajado por igual panistas y priistas en la región; son las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil lo que ha permitido que avance un proyecto que a nivel estatal es visto como ejemplar.

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Apareció publicado el pasado lunes cinco de junio el acuerdo del Consejo de la Judicatura Estatal, mediante el cual son levantadas las medidas adoptadas con motivo de la prevención y atención de enfermedad provocada por el SARS-COV-2, mejor conocido como Covid.

“A efecto de armonizar las acciones del Poder Judicial del Estado con las determinaciones del gobierno federal y estatal, en relación a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, se ordena a la unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral actualizar el protocolo de seguridad sanitaria para los centros de trabajo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el Manual de procedimiento interno de seguimiento Covid-19 y el Protocolo de seguridad sanitaria, en apego a las disposiciones que en la materia han emitido las autoridades federales y estatales”, reza el acuerdo.

Ya mucho antes, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal y la administración estatal, habían tomado medidas al respecto, siguiendo los pasos marcados en el ámbito internacional, dejando detrás la enfermedad.

Siguen presentándose casos, algún hospitalizado y aún personas fallecidas de manera aislada, pero muy lejos estamos de aquellos escandalosos cientos de hospitalizados y fallecidos, de estos últimos que en la entidad superaron los diez mil.

Fue el Poder Judicial uno de los más golpeados, con enfermedades y muertes, debido a que pararon sólo muy poco, para evitar afectaciones mayores en la impartición de justicia, a pesar de que literal recibían en bolsas las promociones y las dejaban un tiempo “oreándose”.

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En la gira de trabajo que realizará hoy la gobernadora, Maru Campos, por Carichí, arrancará la Unidad Básica de Rehabilitación. Esta brindará atención a un promedio de 30 pacientes por mes, dando servicio a las siguientes comunidades: Ciénega de Ojos Azules, El Álamo, Tajirachi, Norogachi, Providencia, Papalote, Máquina de Ojos Azules y Bajío.

De igual manera, la gobernadora pondrá en operación la nueva Planta Tratadora de Aguas Residuales, misma que tendrá una capacidad para siete litros por segundo, con un nivel de tratamiento secundario a base de pretratamiento, dos tanques sedimentadores, humedal artificial y emisor con tubería de PVC, 471 metros de 200 milímetros de diámetro, 211 metros de 250 milímetros de diámetro, 1,274 metros de 315 milímetros de diámetro, y 284 metros de 400 milímetros de diámetro.

La obra cuenta con una inversión total de 11 millones 061 mil 563 pesos. De estos, cinco millones 530 mil pesos son de inversión federal; cuatro millones 424 mil pesos de aportación estatal; y un millón 106 mil pesos de inversión municipal.

La mandataria entregará también equipamiento, uniformes y patrullas a las policías municipales de Carichí, Belisario Domínguez, Guazapares, Guerrero, Maguarachi, Ocampo, Riva Palacio, Urique y Uruachi. La inversión total es de 3 millones 801 mil 690 pesos, como parte de la estrategia de seguridad de la Plataforma Centinela, que tendrá 13 Subcentros en regiones estratégicas de la entidad.

Muy movido estará el día.

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Hay una talacha permanente para darle mantenimiento a las cámaras pertenecientes al Pecuu, que es el sistema de video-vigilancia del ayuntamiento.

Como son cámaras que funcionan con energía solar en la mayoría de los casos, hay que estar al pendiente del sistema.

Tenemos foto de uno de esos trabajos de mantenimiento en el Periférico de la Juventud, en una de tantas cámaras instaladas sobre esa vialidad.

La grúa levanta al técnico para realizar las tareas de revisión y mantenimiento, mientras una unidad de la Policía Municipal auxilia con el resguardo vial, ya que las vallas anaranjadas colocadas no son suficientes por el intenso tráfico a todas horas del día.

Ha insistido el ayuntamiento en que las personas conecten sus cámaras, ya sean de casa o de negocios, para fortalecer el sistema, obteniendo buena aceptación, pero no la suficiente para llegar hasta el último rincón del ayuntamiento.

Esa conexión podría ayudar a fortalecer la vigilancia, que ha demostrado efectividad en la prevención e investigación de delitos.

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La suspensión que otorgó la jueza Flor Berenice Gómez Peinado a los amparos promovidos en contra del nuevo Relleno Sanitario la compromete a hacer un profundo análisis técnico del asunto. 

Será decisivo para los tiempos del proyecto el interés que pondere la jueza, que por el bien de la ciudad, se espera que sea el colectivo más allá de los particulares que se oponen a que el nuevo depósito de basura de la ciudad se ubique en la zona de Mápula.

No es un asunto menor, y no sólo afecta a los habitantes de los fraccionamientos aledaños al actual relleno, que ya no ven la hora de que el depósito de los residuos se realice muy lejos de su entorno.

Se sabe que la recolección de basura es uno de los principales servicios que debe garantizar la autoridad municipal, y por ahora no pareciera existir ningún problema pues las quejas son las menos, pero si en un momento este servicio no pudiera brindarse al no existir lugar donde echar la basura, se generaría toda una crisis social.

Quizá a eso le apuestan los opositores, entre empresarios y adversarios políticos, empeñados a generar conflicto en este proyecto.