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Opinion

-¿Y el Chihuahua FC cuándo tronará?

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GPS / Columna

lunes, 12 febrero 2024 | 05:00

-Brinco de amparos de casi 2 mil por ciento

-Goza CFE de impunidad tras muerte de niño

-Resbala Rosana Díaz por pasar bolita

En las últimas semanas han sido confirmadas las quiebras de los equipos deportivos que el venezolano Carlos Lazo -fundador de la estafa financiera más reciente que acumula dos centenares de denuncias penales en Chihuahua- presumía como parte de su conglomerado Yox o Xoy.

Los Generales de Durango, de beisbol, fue el primero en entrar en crisis y quedar fuera de la liga segundona en la que participaba; le siguieron Libertadores y Libertadoras de Querétaro, equipos de basquetbol varonil y femenil que jugaban en la capital del céntrico estado mexicano.

Más recientemente, los Reds de la Ciudad de México (Reds-CDMX), que jugaron escaso tiempo en una liga también segundona de futbol americano, tronaron como ejotes y abandonaron su participación a unas semanas de comenzar la temporada.

La Liga de Futbol Americano (LFA) quedó con apenas pobres nueve equipos, entre ellos Caudillos de Chihuahua, también ligados empresarialmente a los Reds por extrañas sociedades y a la vez competencia entre equipos, boleteras y demás negocios vinculados al deporte.

La salida del equipo de la capital del país no sólo empobreció a la liga, sino que en el mundo deportivo local siguió sembrando dudas sobre la solidez del Chihuahua Futbol Club, del mismo dueño, dirigido por Anuar Talamás, su socio local.

Es más, hay quienes no dejan de especular con la construcción de un estadio para el Chihuahua FC que estaría erigiéndose hacia el fin de la temporada 2024, con una supuesta inversión de más de 700 millones de pesos, cuyo origen no está claro, como tampoco lo está la realidad sobre la que basan este proyecto.

Desde hace semanas, circulan en redes las supuestas proyecciones de la obra (las mostramos en la edición digital de GPS, sólo a manera de ilustración), en la que sobresale el nombre de Upick, otra de las marcas relacionadas con la estafa de Yox.

Supuestamente, al equipo de futbol con el nombre de la ciudad, propiedad directa de Lazo, lo respaldan 16 empresas, pero en realidad todos son negocios del venezolano acusado de fraude; además, por lo que sabemos, en el Gobierno municipal no hay solo trámite para un proyecto de este tamaño y tampoco contratos de apoyo más allá de los tuvo el Chihuahua FC en su comienzo, antes del escándalo financiero.

Deberán tener mucho cuidado quienes crean en la posibilidad de hacer negocios con ese equipo, sobre el que todo mundo nomás se pregunta cuándo tronará.

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Según los datos del área jurídica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el semestre pasado apenas fueron unos 60 amparos los promovidos para la inscripción gratuita de los estudiantes, mientras que en el actual son más de mil 100 hasta el último corte, pero faltan otros cientos de notificarse.

Así, tenemos que el aumento habrá de andar en esta semana en el orden del dos mil por ciento, cantidad inusitada que refleja el activismo de grupos estudiantiles y de actores externos a la UACH, que podrán contabilizar nuevos recursos jurídicos a pesar de que ya están vencidos todos los tiempos de inscripciones y van avanzados todos los planes académicos.

En ese contexto, el rector Luis Rivera Campos ha insistido en que, más allá de los recursos que dejan de ingresar a la caja universitaria, la preocupación mayor es lo que pierden los alumnos al no estar debidamente inscritos, pues enfrentan retrasos en comparación con el avance que llevan los que no se han amparado.

Desde luego que es preocupante cómo deberá hacerle la UACH para reponer los recursos que dejan de ingresarle con la gratuidad, pues el Gobierno federal no previó eso con la reforma constitucional de 2019, que obliga a las universidades a no cobrar por sus servicios.

La ola de amparos en la UACH, y que apunta a crecer en todas las instituciones de educación superior, obliga a cumplir con la disposición de dicha reforma, que en sus transitorios estableció la creación de un fondo compensatorio, además de un avance gradual de la gratuidad en el nivel superior. Nada se ha cumplido.

Pero en materia académica el daño es mayor, pues los alumnos que andan tras amparos forzosamente han quedado fuera de las listas regulares de sus clases profesionales, batallan para emparejarse con el resto de los grupos y enfrentan un sinfín de dificultades que la UACH no puede solucionarles, al no tener un proceso normal de inscripción como la mayoría.

Qué contradicción, esos de los amparos, mareados por los abogados que les pintan color de rosa el proceso, quieren exigir su derecho a la educación gratuita, pero al mismo tiempo dejan de ejercer ese derecho por quienes les venden la idea de que no van a perder nada, cuando en realidad pierden valiosas oportunidades de estudio.

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Han pasado casi siete años desde que Juan Carlos Navarro perdiera a su hijo Samuel a causa de una falla en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad, que ignoró los reportes de fallas, lo que llevó a un incendio que cobró la vida del menor de 12 años.

Hoy, el hombre tiene una herida profunda ocurrida aquel trágico siete de junio del 2017 en la colonia Díaz Ordaz, que no se ha cerrado, aunque han pasado los años, debido a la falta de interés de las autoridades, y parece ser que esto será difícil.

Se considera fiel creyente y únicamente dice quedarle la esperanza en que Dios le ayudará, porque nadie se ha interesado en su caso.

Según la información recabada, los vecinos hicieron varias llamadas a la CFE para reportar el mal funcionamiento del transformador, a lo que trabajadores, jefe de turno y supervisor, ignoraron y en ningún momento acudieron a reparar este desperfecto, que finalmente causó el siniestro.

Ante esta tragedia, la instancia federal ha ignorado el caso. Se ha lavado las manos, al no tener una autoridad que le exija a cerrar ese episodio, pero se le ha olvidado que las pruebas periciales indican que esto fue ocasionado por la negligencia de la paraestatal de cumplir con sus obligaciones.

Empleados de turno, supervisor de zona y cargan en su conciencia de que no actuaron en su momento y ahí un niño murió por su culpa, pero al no haber autoridad que los obligue o sancione, siguen en la impunidad.

Entre las pruebas, nos reportan, están los audios, donde los trabajadores de aquella zona, fueron grabados solicitando dinero para poder atender ese reporte, pero como era una zona marginada y pobre, lógico que no tenían dinero para darlo a los empleados. Y es así como ignoraron atender el problema.

Después de que la familia Navarro perdió todo en su vivienda y durmió en la calle esa noche, al siguiente día, según el reporte de la misma CFE, fue realizado el cambio del transformador, así que después de ver lo que ocasionaron, de inmediato fueron a corregir el desperfecto.

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Sostuvo la diputada Rosana Díaz que el gobierno del estado debería hacerse cargo de la seguridad y vigilancia de los tramos carreteros federales de la entidad.

Queremos pensar que el comentario de la legisladora electa por el distrito IV local de ciudad Juárez, fue impulsado por la necesidad de responder de inmediato y sin pensar al fuerte reclamo del sector empresarial.

Los 18 organismos empresariales alzaron la voz exigiendo de la Guardia Nacional garantizar la seguridad de todos quienes utilizan la carretera Panamericana para llegar a la frontera.

Fue un reclamo fuerte en solidaridad con el gremio transportista, por el artero ataque a un chofer el pasado viernes.

Decimos que fue sin pensar la expresión de la diputada, porque resulta que el único autorizado para realizar esa vigilancia y resguardo es el propio gobierno federal, a través de la extinta Policía Federal de Caminos, funciones que recayeron en la Guardia Nacional.

Esta la misma ley de la Guardia Nacional y la ley general de comunicaciones que sin lugar a dudas otorgan la obligación a la federación en tan delicadas tareas.

No podría el estado prestar ese servicio aunque quisiera, por ser facultad exclusiva de la federación, aún y cuando tenga concesionados algunos tramos para el cobro de peaje, que por cierto se utiliza en el mantenimiento y conservación de la misma rúa y como vía de financiamiento para otras obras.

No hay ni para dónde hacerse, ni cómo pasarle la bolita al estado.

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