Opinion
Periscopio

A propósito de la perspectiva de género

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 02 junio 2021 | 05:00

Con frecuencia desusada en el contexto de un diálogo o un debate entre amigos y conocidos sobre los derechos humanos, nos encontramos en la imposibilidad para encontrar puntos de coincidencia para arribar a conclusiones positivas. 

El tema no es para nada novedoso, arranca con la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que se dio en la mayoría de las Naciones del Orbe, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Desde entonces los instrumentos normativos de derechos humanos han alcanzado otros niveles de concreción y complejidad, plasmados en numerosos tratados internacionales vinculantes –obligatorios-- para los Estados que los suscriben y ratifican. 

Sin embargo, la matriz seminal se remonta a la DUDH. La situación de desconocimiento personal por un lado y la obligatoriedad de su aplicación por los Estados y de su observancia por las personas de sus derechos y deberes, es preciso suponer que es mejor tratar la perspectiva de género en sus bases elementales. 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas y libertades sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Éstos se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales y en la normatividad emanada de la Carta Magna. Todas las personas tenemos los mismos derechos, sin distinción de edad y sexo.

En los años posteriores a la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la comunidad internacional advirtió que la igualdad formal que se proclamaba en ese instrumento y en las normas nacionales, no era suficiente para que las personas tuvieran realmente las mismas oportunidades de ejercer sus derechos, ya que existían grupos en condiciones de vulnerabilidad que les impedían acceder a ellos. Por ello, progresivamente, se reconocieron derechos específicos a ciertos grupos sociales que históricamente habían enfrentado exclusión y discriminación, y se establecieron obligaciones para que los Estados garantizaran su cumplimiento efectivo.

Un ejemplo de ello son los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres quienes por siglos, fueron considerados como “objetos” de protección sometidos a la tutela y cuidado de las personas adultas bajo el argumento de que eran seres dependientes que no contaban con la capacidad y madurez para comprender su entorno. O para decidir sus planes de vida política, económica o familiar. 

Los avances de disciplinas como la psicología, la pedagogía, y la pediatría, aportaron hallazgos que revolucionaron la concepción de la niñez y adolescencia, y que detonaron un movimiento internacional que derivó en la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), instrumento internacional que reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos y establece el piso mínimo de protección indispensable para su desarrollo integral, y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece las bases normativas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

El artículo 2 párrafo 1 de la CDN, señala que los Estados Parte respetarán los derechos en ella enunciados y asegurarán su aplicación sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, ni ninguna otra. 

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce el derecho a la igualdad sustantiva (Art. 13 fracción V), el cual consiste en el derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de éstos. De igual forma, establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de crear mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes (Art. 37, fracción V). En esa norma también se dispone que las autoridades deberán transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y a implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad (Art. 36, fracciones I y III). Por su parte la CEDAW, en su Artículo 1, estipula el concepto instrumental de discriminación y su objeto: “denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 

El Artículo 3, consigna las obligaciones de los Estados para “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Asimismo, puntualiza que las medidas específicas temporales no constituyen discriminación alguna: Artículo 4 (1). La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.  

En cuanto a la conceptualización de la perspectiva de género cabe citar completo el Artículo 5: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”. 

El contenido de la CEDAW ha sido recogido en la Constitución Federal y diversos ordenamientos instrumentales. En particular en Artículo 1 párrafos 1 y 5: y las leyes reglamentarias: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

A partir de estos elementos básicos estamos en la posibilidad de entender las diferencias entre los conceptos de género y sexo. Tema al que accederemos en el próximo artículo. Debemos puntualizar que estamos ante un marco normativo que asume los derechos humanos reconocidos universalmente y por consiguiente de observancia obligatoria.