Opinion

A tres años del multihomicidio de familia, sin justicia

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Javier Realyvázquez

domingo, 04 julio 2021 | 05:00

El pasado 30 de junio se cumplieron tres años de una noticia que impactó a la sociedad chihuahuense: el cobarde y vil asesinato de cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz, en el fraccionamiento Residencial Universidad en esta ciudad.

Un amparo a favor del enfermero implicado en el caso, Jorge Alberto C. A, su esposa Lizeth C. S. y su hijo Jorge Alberto C.C., tiene suspendido el proceso penal por el crimen de la familia.

Según una nota publicada por este medio, fue precisamente la mañana del 1 de julio del año 2018, el día de las elecciones presidenciales, cuando la comunidad despertó con la noticia del múltiple crimen de María Romero Armendáriz, Ricardo Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza, quienes fueron masacrados en el domicilio número 9714 de la calle Universidad de Nayarit. 

Tras las investigaciones, se descubrió que este caso se suscitó luego de que el enfermero los habría convencido de que él personalmente podía acelerar un trasplante de un riñón, para lo cual pidió el pago de medio millón de pesos a la familia que se encontraba desesperada ante la gravedad de la enfermedad del padre.

Según el expediente, el día del crimen, esto es el 29 de junio de 2018, los asesinos se reunieron con la familia en el domicilio de ésta; Rita y María ofrecieron café a sus verdugos, por lo que se movilizaron a la cocina para preparar la infusión y fue en donde uno de los tiradores les empezó a disparar mientras que otro tirador, simultáneamente disparó contra los otros integrantes de la familia.

Ricardo recibió 7 disparos, Daniela 5, Rita 4, Daniel 2 y María 3; tras el multihomicidio la familia encabezada por el ex enfermero, su esposa y su hijo, se fueron a cenar tortas en un negocio cercano, según relató el Ministerio Público. 

La fiscalía tiene mucha información y detalle de lo acontecido, de hecho, a Jorge Alberto se le tiene procesado por el homicidio de Laura Soto, una enfermera que le habría pagado 80 mil pesos para conseguirle una mejor plaza en el IMSS y cuyo crimen se dio supuestamente al recibir el reclamo por incumplir esa promesa. 

Después, el 20 de diciembre del 2018, se le formularon cargos por el uso de documentos falsos y el 21 de enero de 2019, se le sometió a proceso penal y se le impuso la prisión preventiva por 2 años sólo por esa causa penal.

La Fiscalía General del Estado tardó más de un año en fincarle cargos por el multihomicidio de la familia y lamentablemente, debido a la suspensión de juicios por la pandemia, aun no se ha celebrado la audiencia respectiva.

Es un caso por demás notorio en el que casi toda una familia chihuahuense fue eliminada sin que hasta ahora se cumpla lo que establece el Artículo 17 de la Constitución, que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

En todas las administraciones ya sea federales o estatales, hay crímenes que lamentablemente las marcan y reflejan también el tipo de gobierno por el trato que se les dé a los casos.

Para la familia Romero sigue otro año más sin recibir justicia. Si esto pasa con hechos por demás trágicos, conocidos no solo a nivel local sino estatal, nacional e internacional, ¿qué pasará con otros cosos igualmente trágicos pero que no trascendieron?, eso solo el Gobierno y la Fiscalía lo saben.

Este hecho fue atendido por las autoridades estatales, se investigó a fondo, descubrieron otros casos de victimas relacionadas, hay detenciones, pero llama la atención que aunque los responsables permanecen recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán por diversas causas penales, el caso sigue sin avanzar.

Todo indica que ahora que los gobiernos están en el proceso de transición menos atenderán el asunto que al día de hoy ha quedado en el olvido. 

Sería lamentable que el caso quedara como una estadística más de la falta de administración de justicia.