Opinion

Abogados prófugos de la justicia

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Gerardo Cortinas Murra

lunes, 12 octubre 2020 | 05:00

Existen infinidad de casos en que la procuración e impartición de justicia se utiliza para ejecutar arteras venganzas políticas y en los que es más que suficiente la omisión de los titulares de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. Este, es uno de ellos.

En lo que respecta la institución de procuración de justicia, el fiscal general César Peniche y el personal de ejecución de órdenes de aprehensión, han sido incapaces -durante más de cuatro años- para ejecutar una orden de aprehensión de un litigante sentenciado por robo.

Esta incapacidad contrarresta con los millones de pesos que ha gastado el Gobierno del Estado en la ejecución de decenas de órdenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios duartistas en los llamados ‘maxijuicios’ y, en especial, en el seguimiento al proceso de extradición de César Duarte.

En el ámbito del Poder Judicial, tanto el actual presidente del TSJ, como el Pleno, fomentan la corrupción judicial. So pretexto de que se respeta la independencia de los jueces penales, se tolera -de manera cotidiana- la violación de los derechos humanos de los imputados.

Por otra parte, la indolencia de los diputados locales ha provocado que la Ley de Profesiones del Estado, sea un ordenamiento obsoleto en lo referente a las sanciones de los profesionistas desleales y prófugos de la justicia. El articulado de esta Ley asemeja un código moral.

En efecto, basta leer el artículo 32 para darnos cuenta de ello: “ART. 32. Especialmente son deberes del profesionista conservar la ética, dignidad y el decoro profesionales, obrar con absoluta lealtad y honradez en todas sus relaciones con los clientes o personas que reciban sus servicios, y guardar el secreto profesional, así como los asuntos, datos, hechos, documentos o circunstancias que les sean confiados por sus clientes…”

La Ley de Profesiones ni siquiera establece la suspensión temporal del ejercicio profesional en aquellos casos en que el profesionista se encuentra prófugo de la justicia; ya que tan sólo establece que “la inhabilitación temporal del ejercicio profesional procede, exclusivamente, por resolución judicial”.

Ahora bien, la cuestión a resolver es la siguiente: A un abogado litigante que se encuentra prófugo de la justicia, ¿le es permitido ejercer su profesión durante el tiempo que se encuentre sustraído de la justicia penal?

En un precedente jurisprudencial la ‘Tremenda Corte’ afirma que “la suspensión del proceso por encontrarse el indiciado evadido de la acción de la justicia al no haberse cumplimentado una orden de aprehensión girada en su contra, no le impide interponer el recurso de apelación contra el auto en el que el juez de primera instancia, aludiendo que el inculpado no está bajo la potestad jurisdiccional”.

En otras palabras, se reconoce que la circunstancia de que el inculpado no esté sujeto a la potestad judicial -por encontrase prófugo de la justicia- no limita su derecho humano de promover su autodefensa. Pero no al extremo de ejercer la abogacía en casos que no son propios a su persona.

A continuación, relato un caso insólito e inaudito: la semana pasada, el Tribunal de Control en Chihuahua autorizó a un litigante prófugo de la justicia como Acusador Coadyuvante del Ministerio Público.

Y a pesar de que dicho nombramiento fue impugnado, la jueza penal lo ratificó, alegando que “que no es dable acceder a la solicitud del promovente, en virtud de que no se advierte fundamento legal alguno aplicable para acceder a su petición”.

Yo me pregunto: ¿Acaso no es causa suficiente el hecho de que un litigante se encuentre prófugo de la justicia, para suspender -de manera automática- el ejercicio de la abogacía? ¿Cuántas injusticias habrán padecido los chihuahuenses, por confiar en litigantes sin escrúpulos?

¿Qué pensaran de ello los diputados locales, los magistrados del TSJ y el Fiscal César Peniche? Lo más seguro es que les importe un comino. Y menos en estos tiempos electorales.