Opinion
Periscopio

Aislamiento social y violencia de género

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Armando Sepúlveda Sáenz

domingo, 10 mayo 2020 | 05:00

El aislamiento social como medida de prevención de infección por CoV-2 y contraer Covid-19, ha obligado a que los cónyuges o parejas informales, permanezcan juntos o bien en compañía de sus descendientes, en el menor de los casos, pero puede ser con otros miembros si se trata de familias ampliadas. 

La convivencia intensiva y permanente, cuando no hay afinidad o complementariedad entre las parejas (básicamente), conlleva a tensiones y al desencadenamiento de violencia entre los agentes protagonistas. Misma que puede consistir en agresiones verbales o sicológicas, hasta golpes y violencia mortal. 

En efecto el encierro ha devenido en violencia denunciada en muchos casos y en la mayoría no; empero el número de los denunciados se ha incrementado drásticamente. Esto indica que la concepción de género dominante, en su médula se sostiene por una ideología machista, que no ha sido posible desterrar de la mente de hombres y mujeres (recuérdese que el principal agente de culturización de los hijos y nietos son las madres y las abuelas).

Con frecuencia se afirma que todas las crisis brindan oportunidades. Y en abstracto puede ser una verdad de Perogrullo, dada su obviedad. Pero tratándose de condiciones personales y sociales deja de ser correcta la afirmación. Piense por ejemplo, en aquellos que son pobres multidimensionales. Una crisis puede significarles la pérdida de la vida. Para las mujeres en un medio familiar adverso, también.

Tratándose  de la violencia contra las mujeres en matrimonio o en amasiato, con hijos o sin ellos, las condiciones sociales y de políticas públicas al uso, les son en la actualidad adversas y si se le suma el encierro en el hogar, lo son aún más. Incluso cuando las autoridades intervienen a petición de la víctima, el volver al domicilio puede ser peor o hasta fatal.

No obstante, hay medidas de orden jurídico que pueden poner un valladar o incluso resolver de tajo una condición de adversidad para las mujeres en matrimonio; por ejemplo, la especificación del delito de feminicidio, o aún más trascendente el divorcio sin expresión de causa.

Hasta ahora, en la mayoría de las entidades federativas, cuando la cónyuge desea divorciarse, se ve inmersa en un proceso judicial largo, muy costoso y engorroso. Si no tiene la posibilidad de escapar al maltrato refugiándose en instituciones ad hoc o en el hogar de los padres u otros familiares, la violencia se puede agravar aumentando el riesgo para su integridad física o mental.

Recurro al semanario judicial de la Federación que da cuenta de la tesis aislada (Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014):

“En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida”.

Claro, el juicio debe tener lugar, y por tanto el derecho no es lo automático que parece sugerir la figura de divorcio sin expresión de causa. Sin embargo, como disposición del Código Civil para el Distrito Federal existe desde 2008.

El proceso que de atender, o en su caso, el necesario, es materia del texto “Trámite procesal del juicio de divorcio sin expresión de causa. Obra a cargo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (noviembre de 2012).

Pero es sólo hecho de su formulación legal puede convertirse en una medida de desaliento a cualquier actitud machista.

Sin embargo, las resistencias ideológicas de las fracciones dominantes en los legislativos locales han mostrado una oposición insuperable incluso en el Congreso del Estado de Chihuahua. Que por otra parte se ha caracterizado por resistirse a armonizar el marco jurídico a la perspectiva de derechos humanos, en particular en lo referente al matrimonio y el divorcio. 

Evidencia de la actitud es la persistencia de la tesis vetusta y declara inconstitucional por jurisprudencia de la SCJN, de considerar el matrimonio la unión de hombre y mujer.

En las actuales circunstancias que agravan la situación de la mujer en el matrimonio, no deja de ser una oportunidad para legislar el divorcio sin expresión de causa. Si la asumen o no, los diputados locales en su conciencia se gravará su responsabilidad.