Sergio Alberto Campos Chacón.

domingo, 24 febrero 2019 | 01:43

“Pagarán justos por pecadores”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, el viernes 22, en su conferencia mañanera, tocante a que la cancelación de recursos a las Estancias Infantiles se debió a que según le informó el DIF, el 70% de ellas incurría en actos irregulares, sus encargados no tenían permisos o los niños carecían de seguridad.

Por eso decidió suspender recursos a las Estancias Infantiles y asignar dinero directamente a los padres para que paguen a la Estancia que decidan el cuidado de sus hijos, o, como dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, entregar ese dinero a los abuelos para que los cuiden.    

Es momento que todavía no escuchan a la nación: si existe corrupción investiguen y consignen penalmente a quien corresponda, pero, no ahoguen las Estancias, especialmente a donde las madres trabajadoras llevan a sus hijos, algunos con discapacidad.

Este problema nacional coloca a México ante la ONU y comunidad internacional como incumplidor de obligaciones contraídas al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no podrá decir en su Informe de cada cuatro años al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, que sacrificó a los niños.

¿Cómo justificar a ese comité que el Estado Mexicano violó el artículo 4º, párrafos nueve, diez y once, de la Constitución, tratados internacionales, recomendaciones de Derechos Humanos de la ONU, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los niños?

En mi artículo del 7 de mayo de 2017: Las discapacidades y la UACH, narré mi testimonio y experiencia personal en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con relación al proceso de aprobación de dicha Convención en diciembre de 2006 por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya vigencia en México inició el 3 de mayo de 2008.

La convención fue la enhorabuena para las personas con discapacidad en el mundo, en Conapred y muchas organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. Sólo faltaba conferirles eficacia, y para ello se creó el ahora Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Es el derecho de las personas con discapacidad a no ser discriminadas, como lo prohíbe el artículo 1º, constitucional, porque no es tema de salud, ni rehabilitación, sino de derechos.

La convención aclaró que el problema no es la discapacidad, sino el entorno físico, familiar, urbano, escolar, etc., que restringe derechos y limita que sean lo más autónomas e independientes posible.

México, estado parte de la convención, asumió deberes jurídicos internacionales a cumplir por todas las vías que estén a su alcance, desde armonizar la legislación nacional, derogar leyes que desconocen derechos, expedir las que los amplíen, crear instituciones como Conadis y el Conapred para protegerlos y programas transversales públicos y sociales, para la expansión progresiva del derecho humano de igualdad en este ramo.

En estas acciones coparticipan Estado, organizaciones de la sociedad civil y particulares comprometidos, entre éstos, las Estancias Infantiles.

Fabiola Guarneros, directora editorial del periódico Excélsior, explicó a Fernanda Familiar en su programa Imagen Radio, el martes 19 pasado, que las Estancias no son prioritarias para López Obrador, quien ignora que todas son incluyentes, de diversas maneras, la principal, porque el trato a los niños es de igualdad.

Señaló que las Estancias Infantiles detonaron la inclusión de niños con discapacidad, y que, sobresalientemente, las ONGs visibilizaron las carencias que tenían cuando empezaron a funcionar, más, de los sectores marginados.

Fabiola Guarneros fue explícita en que la ONU, a través de su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) capacitó y ayudó en 2018 para que 10 mil niños con discapacidad fueran atendidos, acorde a esos programas, por el personal de las Estancias.

Insistente, Fabiola avaló que la mitad de las Estancias son inclusivas por efecto del Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo, elaborado por la ONU.

En la aplicación de ese programa se capacitaron 5,880 personas responsables de Estancias en 689 municipios, en 19 estados.

La situación se agrava tanto porque desde enero se suspendió la entrega de recursos, como por la instrucción del presidente de la República para que ninguna dependencia del gobierno federal entregue un solo peso a las ONGs, las que, dijo el presidente: “no son de izquierda; son de derecha”.

Sujeta a diagnóstico la situación patrimonial de las ONGs, respecto al gasto de los recursos que reciban del Estado y, suponiendo sin conceder, que hubiere desvíos, las organizaciones de la sociedad civil, sugeridas por la ONU hace muchos años, son los colectivos que denuncian violaciones a derechos humanos, como a la vez, ponen en la mesa del gobierno, abriéndole los ojos, las omisiones o deficiencias en la prestación de los servicios sociales.

Sé que hay organizaciones simuladoras que lucran y simulan y es necesario depurar, pero las organizaciones serias de la sociedad civil aparecen porque el gobierno federal, o de los estados, violan derechos humanos personales o colectivos de muy diversas formas. Desempeñan tareas revisoras de tales agravios, las cuales exponen al sector público motivando crear instituciones sociales o jurídicas.

Las Estancias Infantiles son un ejemplo de esas instituciones.

No es cierto que lo entregado a las Estancias era suficiente; padres aportaban cuotas extras para gas, electricidad, agua, proporcionaban materiales de trabajo para los niños, hojas de color, papel de baño, etc.

Por sobre todo el dinero que dicen fue sustraído, valen más los sentimientos de un niño, todavía más si tiene alguna discapacidad, cuando se entera que ya no irá a su Estancia Infantil en la que socializa, educa y es tratado con calidez en un entorno de igualdad.

Recapaciten presidente, gabinete, diputados, senadores de Morena e intelectuales afines, en el escrúpulo que dicta la honestidad intelectual y solidaridad humana, no justificando lo injustificable, o en mutis por obtener algún cargo público.

Resuelvan la corrupción, pero no sacrifiquen, no lesionen a los niños, con o sin discapacidad; su dignidad y personalidad jurídica significan más que miles y miles de millones de pesos…

Entiendo que al menos los alcaldes de Parral, Alfredo Lozoya; María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua, y Santiago Taboada Cortina, de Benito Juárez, en la ciudad de México, se harán cargo de la cobertura del costo de las Estancias en sus municipios.

Preocupa el silencio de la masa.

scampch_@hotmail.com