Opinion
Periscopio

Alfabetización constitucional a la Sener

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Armando Sepúlveda Sáenz

sábado, 06 febrero 2021 | 05:00

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el pasado miércoles la resolución, relativa al Acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en el Diario Oficial del 15 de mayo de 2020, dejándolo sin efecto en lo fundamental. 

En lo medular el Acuerdo le proporcionaba a la Sener y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la capacidad para conectar y desconectar a los proveedores de energía con base en sus criterios, con el   propósito de favorecer  a   la  Comisión Federal de Electricidad  (CFE).

En respuesta a esta presunta normativa diversas empresas privadas promovieron amparos en tribunales, y fueron obteniendo suspensiones en la aplicación de dicha política.

La Comisión Federal de Competencia  Económica (Cofece), al tenor de la publicación del Acuerdo, inició de inmediato su estudio, cuyo resultado dio lugar a la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de una controversia constitucional al considerar que dicha política es violatoria de los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución y de diversas disposiciones  de leyes secundarias aplicables en materia de electricidad. El 29 de junio, la Corte admitió la controversia y determinó poner en suspenso la política cuestionada hasta la resolución judicial en la materia.

El argumento de la Cofece es que la política postulada contravenía sus funciones de promover la competencia, establecidas en la Constitución. Transcurrido un lapso de siete meses la SCJN parecía haber decidido dar largas a la resolución de la controversia, el pasado miércoles la segunda Sala decidió emitir una resolución bajo el contenido del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, estableciendo la validez de los argumentos de la Cofece sobre la mayoría de los artículos del Acuerdo, con salvedad de algunos de ellos.

Para efectos prácticos la resolución no cambia la situación, toda vez que la vigencia del Acuerdo ya había sido suspendida. Sin embargo, de fondo si hay un precedente que debe atenderse en cualquier normativa, administrativa o legal por parte del Ejecutivo Federal. En el listado de asuntos a resolver de la Segunda Sala para el 27 de enero se encontraba la votación del Proyecto citado. No obstante, su ventilación se decidió posponerla al 3 de febrero. El día 1 el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo uso de su facultad y este 1 de febrero, envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. En lo sustancial, reitera la política planteada en el Acuerdo, que en lo medular revirtió la Segunda Sala. Pareciera que, tras la decisión de posposición de la Segunda Sala, existía el interés de sincronizar la resolución para evitar arrojar sombras sobre la Iniciativa Preferente.

Quien parece haber arrojado las sombras de la improcedencia de la Iniciativa Preferente del Presidente es la Secretaría de Energía, su titular Rocío Nahle, al comunicar vía Twitter, la pertinencia y aceptación de la resolución de la Segunda Sala.

En virtud de la mayoría de Morena y el carácter preferente de la Iniciativa, es probable que la Cámara de Diputados opte por su aprobación en Pleno, sin enmendarla, esto es, sin atender a la resolución de la SCJN, a fin de aumentar la presión sobre este Poder. Y este, si es consecuente, se verá en la necesidad de resolver los obvios y numerosos amparos por sus disposiciones como el reclamo de la Cofece por su obvia inconstitucionalidad.

En tanto se emite la resolución final de la SCJN, por norma entrará en suspenso la aplicación de la Ley reformada. Así que podemos esperar que transcurrirán varios meses para el evento judicial que dé revés a la Reforma. Haciendo evidente al Ejecutivo que requiere reformar la Constitución y cancelar definitivamente la Reforma Energética de 2013. Para ello, el Presidente requiere que su partido alcance mediante el voto una mayoría de dos terceras partes en Cámara de Diputados.

Llegada esta configuración en el Congreso, tanto las disposiciones constitucionales como las leyes secundarias, no podrán revertir las situaciones creadas con base en la legislación previa, merced a la aplicación del llamado principio de no retroactividad de la Ley. Sin embargo, asfixiarían las posibilidades de mayores inversiones en la generación por medios no convencionales y por plantas termoeléctricas de ciclo combinado de muy superior eficiencia a las similares de la CFE, que han permitido abatir los costos tanto para la empresa productiva del estado como para los consumidores domésticos, comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios de todo tamaño. Amén de ser menos contaminantes.

Los efectos de la pretendida reforma, aunque incrementen los subsidios al consumo energético doméstico, y su mensaje desalentador a la inversión en esta industria, denota la inspiración ideológica corroborada por la exposición de motivos de la Iniciativa Preferente. Las disposiciones no pasaron por la menor evaluación económica y fiscal. Y sin la menor consideración a los compromisos internacionales en materia de contaminación (Acuerdo de París y T-MEC), amén de la incidencia en los costos de operación de las empresas, muchas de ellas, de origen estadounidense y europeo. Finalmente, el incremento de éstos no lo pagarían las empresas, los sufragaríamos los consumidores al trasladarlos las empresas a los precios de bienes y servicios. 

Y qué decir del del quinto párrafo del artículo 4º de la Carta Magna: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Además, está consagrado expresamente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador: 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Adicionalmente, este derecho también debe considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana.

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