Opinion

Amnistía

“Un ingrediente en la búsqueda de paz y serenidad, México lo demanda”.

Teporaca Romero del Hierro
domingo, 08 septiembre 2019 | 05:00

En México, el 42% de los presos según expertos son “legalmente inocentes”, es decir, 90 mil de los 210 mil internos no han sido condenados, del total el 95% son hombres, así lo confirman estudios del Open Society Foundation (Red internacional sin fines de lucro, que financia a organizaciones de la sociedad civil en temas de justicia, educación, salud pública y medios independientes) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). La población interna más vulnerable son los desfavorecidos del desarrollo e indígenas.

Dicho informe publicado por el diario nacional El Universal, considera que la prisión preventiva es "injusta y costosa", dice: “Sonbodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable, donde se restringe el derecho a la libertad provisional bajo fianza… Está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal como la prevención y el combate al crimen organizado".

Añade: "Ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente y constituye uno de los pilares de una política criminal desesperada ante el desbordamiento de la autoridad por los fenómenos delictivos y por la demanda ciudadana de seguridad". explica el informe.

La agrupación señala que mantener a cada preso cuesta 130 pesos diarios, lo que representa 9.930 millones de pesos anuales, la alimentación y la vestimenta de los reclusos generan un gasto aproximado de 6,560 millones de pesos al día. Guillermo Zepeda, investigador del CIDAC afirma que con estos recursos se podrían cubrir más de cuatro años del programa para superar la pobreza en Oaxaca, una de las entidades más pobres del país.

Actualmente, las prisiones superan por mucho su capacidad. Open Soceity y CIDAC apuntan que el sobrecupo provoca el autogobierno por parte de los reclusos que imponen al interior su propia ley, además de la corrupción de los agentes de seguridad y la falta de condiciones sanitarias. Las tasas de homicidios y suicidios en los penales del país son entre ocho y nueve veces superiores a las registradas en la población en libertad.

Ante este panorama, el presidente López Obrador propuso la creación de la Ley de Amnistía, que será estudiada y dictaminada por el Senado de la República. Dicha iniciativa tendrá como propósito el liberar a todas aquellas personas que se encuentren encarceladas injustamente.  Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública dijo que la aprobación de esta iniciativa sería un acto de justicia para las personas que han sido víctimas de las deficiencias del sistema penal, quienes después de muchos años permanecen en la cárcel porque no han podido cerrar sus procesos. Ayudará a las personas que no tienen recursos para pagar un proceso jurídico, como los indígenas; de las cuales hay un número muy importante que están recluidas por acusaciones menores, con irregularidades en el proceso, por ejemplo la falta de intérpretes.

Indicó que hay casi 7 mil personas indígenas encarceladas, sin embargo sólo hay 25 intérpretes, dijo: “lo que da idea de la deficiencia o desventaja en la que cubren estas personas indígenas sus procesos judiciales”.

Una vez recibida la propuesta, el Congreso está obligado a dictaminar y presentar al Pleno en un periodo de 31 días naturales, y de aprobarse en la cámara de origen se remite a la revisora que tiene un plazo igual para legislar.

Como diputada local, a finales del 2013 presenté ante el pleno del H. Congreso del Estado, iniciativa con carácter de Decreto para expedir la Ley de Amnistía para los Indígenas Infractores del Estado de Chihuahua, con el objeto de favorecer a todos los indígenas que se encuentren actualmente compurgando penas privativas menores, del fuero común, cometidos en la Entidad, hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley penal, que no cuenten con antecedentes penales distintos a los que se refieren a la pena que se ejecuta  y que hayan compurgado de manera efectiva poco más de la mitad de la pena impuesta.

Dicha iniciativa pretendía establecer que el Estado tendría la obligación de asistir a todo indígena infractor, en todo tiempo con traductores, intérpretes y defensores con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho Indígena. En Chihuahua, existen más de 14 lenguas rarámuris, es decir, el rarámuri no se habla de igual manera en todas las regiones, existen variantes dialectales en cada región. Imagínese el número de dialectos del resto del país.

Constitucionalmente se reconocen los sistemas de administración de justicia propios de los pueblos indígenas, mediante los cuales resuelven sus conflictos internos, más en los hechos, sigue persistiendo la desigualdad, inequidad y discriminación en la administración de justicia, enfrentamos el desconocimiento o falta de profesionalización de los servidores públicos (defensores) en materia indígena y sociológica, desconocen su cosmovisión, provocando involuntariamente, discriminación por falta de comprensión socio cultural de los indígenas.

Según sociólogos, la mayoría no ha tenido acceso a un traductor o intérprete calificado, menos a defensores con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho Indígena (cosmovisión). Se sugirió que para hacer efectivos los beneficios de la amnistía se requiere: no estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva; ser primo delincuente; haber compurgado al menos, el 50% de la pena privativa de libertad impuesta, y haber observado buena conducta durante su internamiento. Dicha iniciativa no fue aprobada. 

Estaremos atentos al desarrollo de la propuesta presidencial, serán los expertos quienes apunten los pros y los contras, como sociedad no podemos enjuiciar bajo criterios absurdos al 100% de la población reclusa, muchos viven el infierno de una injusticia que por falta de medios económicos, académicos y culturales desconocen sus derechos, y siguen presos, viviendo el infierno del encierro, en condiciones infrahumanas, sin voz, especialistas señalan, las cárceles son universidades del crimen. 

Además todos tienen el derecho a una reinserción social digna y eficaz. Como dijo el Papa Francisco en su visita al reclusorio de Ciudad Juárez hace algunos años: "La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos como sociedad, son un síntoma en muchos casos de silencios y omisiones que han provocado una cultura de descarte. Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida; de una sociedad que ha ido abandonando a sus hijos… La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá en estas paredes; sino que comienza antes, comienza afuera, en las calles de la ciudad. La reinserción o rehabilitación comienza creando un sistema que podríamos llamarlo de salud social, es decir, una sociedad que busque no enfermar contaminando las relaciones en el barrio, en las escuelas, en las plazas, en las calles, en los hogares, en todo el espectro social. Un sistema de salud social que procure generar una cultura que actúe y busque prevenir aquellas situaciones, aquellos caminos que terminan lastimando y deteriorando el tejido social". Sumemos voces de conciencia.