Opinion

Amparos, extradiciones y mujeres

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Jorge Fernández Menéndez

sábado, 01 mayo 2021 | 05:00

Ciudad de México.- El 12 de mayo próximo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver un amparo de revisión en contra de su pedido de extradición a Estados Unidos que presentó el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

La justicia estadunidense pide la entrega del exgobernador acusado de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario. Mediáticamente, se ha manejado como si Hernández Flores hubiera sido acusado de lavar dinero proveniente de grupos criminales, algo similar a la acusación que tiene en la cárcel a su antecesor, Tomás Yarrington.

Pero resulta que no tienen nada que ver las acusaciones de uno con las del otro. Yarrington no sólo está procesado por este hecho, sino que aceptó su responsabilidad en estos delitos que estaban denunciados públicamente desde hace años: la relación que mantuvo Yarrington con el Cártel del Golfo consta de pruebas y testimonios. No hay ninguna prueba que relacione a Hernández Flores con el narcotráfico. Sobre todo, después del asesinato del entonces candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, cometido días antes de las elecciones locales, el 28 de junio de 2010, investigué personalmente el tema y hablé con todos los principales responsables de la lucha antinarcóticos en esa administración. Todos, incluyendo algunos notables enemigos políticos de Hernández, coincidieron en que no había lazos del gobernador con los grupos criminales, quien mejor lo describió fue uno los hombres que manejaban la seguridad en la región con estrechos lazos con la iniciativa privada, sobre todo regiomontana: Hernández, me dijo, no está involucrado con los grupos criminales, tampoco está decidido a jugar un papel protagónico en la lucha contra los narcos porque teme por su seguridad, pero nos brinda todo el apoyo que le pedimos. Han pasado 11 años desde entonces y la opinión de esos actores, por lo menos de los que he consultado, sigue siendo la misma.

Pero lo cierto es que la detención de Hernández se dio por otros presuntos delitos. Algunos de ellos presentados en el ámbito local por el actual gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

Los tres delitos se basan en el supuesto de que hubo operaciones para malversar recursos públicos durante su administración. Pero lo cierto es que si fueron delitos cometidos en México, durante una gestión de gobierno en México, no existe sustento para una extradición. Lo que se intenta hacer es un proceso extraterritorial: castigar en Estados Unidos delitos supuestamente cometidos en nuestro país. Con un agravante: en México esas acusaciones se han ido cayendo una tras otra.

El proceso contra Hernández es, sobre todo, un juicio político que impulsó la actual administración estatal más de seis años después de que dejara el poder.

Se supone que se negará la extradición, pero que el caso se regresará al mismo tribunal colegiado que, a su vez, lo había enviado a la Corte. Hernández está detenido desde octubre del 2017, las acusaciones se han ido cayendo una tras otra. ¿No sería hora no sólo de negar la extradición, sino, también, de que se fuera al fondo del asunto y se decidiera sobre un proceso que no parece tener más lógica que una venganza política local?