César Jáuregui Robles

lunes, 01 marzo 2021 | 09:43

Chihuahua.- Se conoce como presidencialismo al aspecto exacerbado y predominante de la institución presidencial, pues implica una alta concentración de poder en un solo individuo, menoscabando el delicado balance que deben guardar las relaciones entre poderes, instituciones, órdenes de gobierno y organismos autónomos.

Monarcas, emperadores, emires, sultanes, zares y demás categorías de gobernantes actuaron no pocas veces como tiranos que desprecian los límites en su actuar; de hecho, son notables las excepciones.

Esto fue así hasta el surgimiento de las asambleas deliberativas como el ágora griega, el senado romano en épocas remotas y más recientemente el parlamentarismo en el siglo XIX. Una característica propia de este sistema es el esquema de inclusión y tolerancia de múltiples voces a veces discordantes, pocas veces unificadas; lo que se conoce como representación nacional.

Este mes, que conmemora los 200 años del Pacto de Iguala, conviene recordar que dicho Plan estipulaba la formación de una junta provisional gubernativa que debía ejercer como Poder Legislativo y que constituye el antecedente del Congreso Mexicano.

Si bien la junta tuvo un paralelismo con las Cortes de Cádiz, su legitimidad no se ancló en el seguimiento de los designios imperiales de Iturbide, sino que mostró un rostro de dignidad y de oposición, sin el cual no se entiende el nacimiento de la República.

Pareciera que en el bicentenario, las lecciones de la historia serían suficiente abono para el cumplimiento de los objetivos trigarantes del plan citado, pero la actuación de la Cámara de los Diputados, con motivo de la aprobación de la reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo, exhibe la abyección y sometimiento que la mayoría parlamentaria guarda con las decisiones presidenciales.

Bastó un simple: “no le muevan ni una coma”, para que la escenografía cameral se pintara de parlamento abierto al inicio, en trabajo en comisiones, después y por último en pleno, con el único propósito de agotar una serie de trámites, todos obsequiosos por supuesto, para finalmente no tocar ni con el pétalo de una sugerencia, adición o modificación el deseo gubernamental.

No es la primera vez, que desde el púlpito de autoridad se ejerce presión hacia los congresistas para que guarden un comportamiento servil y ovejuno; ya en el año de 1998 el actual Presidente de la República, entonces dirigente nacional de su partido, el PRD, ordenaba a sus diputados federales oponerse a la aprobación del IPAB como organismo sustituto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), pero sin dialogar, ni expresar comentario alguno. Esta determinación aberrante obligó a parlamentarios distinguidos y capaces de aquella época a no hablar, a no parlamentar; cual es su esencia como voz de sus representados.

Nada tiene de extraño que una fracción, un bloque legislativo, un grupo político mayoritario se identifique ideológicamente con la causa del gobernante o el líder, pero sí mucho de reprobable que acate instrucciones de “no dialogar” o “no moverle ni una coma” a un proyecto o iniciativa de ley.

Esa actuación traiciona el papel de representantes de la nación establecido en el artículo 51 de nuestra Constitución, pero además, en el caso que nos ocupa, abandona a su suerte a sectores importantes de la industria eléctrica, expertos, así como a usuarios del servicio público, que fueron oídos en sesiones de parlamento abierto, pero no fueron escuchados y menos atendidos.

Lo pernicioso de todo esto es que la reiteración puede llegar a convertirse en actos ordinarios o a lo mucho verse como anomalía legislativa, sin que se censure con la suficiente fuerza el accionar antiparlamentario que deviene en tiranía y dictadura, según exhiben comparaciones geográficas e históricas.

Por lo tanto, hoy más que nunca se precisa de verdaderos representantes, que sepan acompañar las políticas públicas del Ejecutivo, sólo si van encaminadas a la consecución del bien común, y que al mismo tiempo tengan la suficiente gallardía para oponerse y enmendarle la plana al otro Poder, cuando el capricho, el dislate, el uso de otros datos que nadie conoce, se disfracen de estilo personal de gobernar sin importar el cuidado y la seriedad que merece la investidura presidencial.