Opinion

Atrás de La Esperanza merodeaba Aras

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GPS / Columna

jueves, 13 enero 2022 | 05:00

- Con vientos de guerrilla le coquetean a la 4T

- Compras cuchareadas para atender cáncer

- Litigantes laboralistas con palmo de narices

Cayó como una burla en los miles de inversionistas de Aras la publicación de un mensaje en redes sociales con un video larguito, que algunos dicen ya había sido difundido hace tiempo, en el que aparece Enrique “Quique” Valles hablando de una coinversión en la Plaza de Toros La Esperanza.

Tuvo qué salir el empresario a desmentir cualquier inversión de Aras, pero tendrá que dar mayor información, aclarar con pelos y señales el tipo de negocio que hizo con la promotora de inversión y cuánto dinero llegó a la mencionada obra, porque en el video se le escucha muy contento, hasta gratamente sorprendido con dicha compañía.

Tiene la plaza de Toros sin ser negocio desde hace mucho tiempo, subutilizada y casi abandonada. No parece ser el tipo de inversiones productivas que permita pagar los intereses prometidos por Aras. Si así escogieron las inversiones, el panorama es negro para los inversionistas sorprendidos.

Con desbordado entusiasmo, no hace muchas semanas Quique daba por hecho entre sus amigos la reapertura de la plaza. Ahora entendemos de lo que se trataba.

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Le están coqueteando a la cuarta transformación hoy como nunca los simpatizantes y sobrevivientes de quienes participaron en el triple asalto bancario ocurrido en Chihuahua en aquel lejano 15 de enero de 1972.

Cuando surgió Morena la mayoría de ellos se mantuvieron alejados, algunos sobrevivieron en el PRD, y otros en células de tipo social como El Barzón, comisiones de derechos humanos o con la bandera del género, los más encontraron refugio en la nómina del corralato y la academia pública bien pagada.

Hoy están invitando al delegado de programas federales, Juan Carlos Loera, para que sea él quien modere una de las mesas de discusión, durante los tres días que durará la conmemoración del asalto aquel, que ellos proclaman como la triple expropiación.

Participará Loera al lado de Alicia de los Ríos, Diego Lucero, Víctor Orozco, José López Villegas y otros más en las actividades programadas.

Sobrarán las anécdotas de contactos con otros grupos guerrilleros de la época, como Lucio Cabañas, con actividades en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en el contexto de la denominada Operación Madera, en alusión al asalto al cuartel militar de dicha cabecera municipal en 1965.

La conferencia con medios al respecto fue compartida en redes sociales por Lucha Castro, exconsentida del exgobernador Corral, quien le entregó un asiento en el Consejo de la Judicatura Estatal que le negó a los que se supone eran sus congéneres políticos.

Lucha y sus amigos tratan de acercarse para congraciarse con Loera, con quien mantuvieron indudables nexos, mucha tenebra, pero poca eficacia (pura saliva), durante la pasada campaña electoral, ante lo débil del candidato oficial, el delfín Gustavo Madero.

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Está más que documentado que el Centro Estatal de Cancerología carece de cualquier autonomía para allegarse el medicamento necesario para atender a sus pacientes de cáncer, porque depende enteramente del capricho de quienes manejan a su antojo el Almacén Central de Servicios de Salud de Chihuahua.

No hay poder humano que pueda pasar por encima de ese pequeño gran coto de poder en que se ha convertido el almacén, cuando debiera ser una simple oficina de tránsito de los medicamentos. Por ahí no sólo pasan cientos de millones de pesos, sino el dolor y la diferencia entre la vida y la muerte de muchos pacientes.

Tenemos evidencia de que, por ejemplo, se hacen las solicitudes de medicamentos, uno de ellos el Trastuzumab, detallando las características del mismo y el número requerido, pero se surte menos.

Como muestra basta un botón. Tenemos en nuestro poder una solicitud de información de finales del 2020, en la cual acepta dicho Centro que solicitó 60 piezas del medicamento en su presentación de 440 miligramos –cuya caja llega a costar en el mercado hasta 50 mil pesos- y solo se surtieron 43 piezas. Estamos hablando sólo de un período corto, octubre a diciembre. ¿Qué ocurrió con las otras 17 piezas? No lo sabemos, sobre todo, lo más delicado, qué pasó con los pacientes a quienes estaba dirigido.

Lo mismito ocurrió con la presentación del mismo medicamento en 600 miligramos, se pidieron 240 piezas y sólo llegaron 229.

Ahí están las respuestas a las solicitudes de transparencia 068862021 y 068872021. Hay constancia de ello, porque el Centro de Cancerología quiso desligarse de cualquier responsabilidad por el evidente manejo discrecional, al no surtir el medicamento solicitado en perjuicio de los pacientes atendidos.

Quisiéramos pensar que se han tomado cartas en el asunto, y el Almacén y las áreas de compras y adquisiciones, han dejado de ser ínsulas caprichosas y malolientes en corrupción, como ocurrió en el pasado inmediato.

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Es muy loable en aras de la pulcritud indispensable, que las pruebas para detectar Covid, unas 350 mil, vayan a ser adquiridas mediante una licitación pública. Habla muy bien de la administración estatal, en particular del Secretario de Salud, Fernando Sandoval.

Se ha utilizado en exceso la excepción que se encuentra establecida dentro de la Ley de Adquisiciones, que permite la adjudicación directa en el caso de compras vinculadas con la salud. Es patente, no sólo en el corralato, desde antes, en abuso evidente.

Dice la señalada ley que el procedimiento de licitación, que implica tiempos mínimos entre la convocatoria y la apertura de proposiciones traducido a varios meses, debe ser la regla general y sólo en estrictos casos, como el de asuntos vinculados con la seguridad o la salud, puede obviarse, en busca de proteger el interés general de la población.

Cuidado porque se puede estar cayendo en un despropósito. Los cientos de miles de pruebas son necesarios e indispensables, pero en estos momentos y no mañana o pasado. Un riguroso procedimiento mediante invitación a tres proveedores muy bien puede dar resultados satisfactorios y no cuchareados para beneficiar a una compañía en particular, encontrando el mejor precio, calidad y sobre todo tiempo de entrega.

De otro modo tememos que salga más caro el caldo que las albóndigas, por el prurito de ir al proceso más riguroso. Más bien debería pensarse en la forma para adquirir mayor número de pruebas, porque las 350 mil son a todas luces insuficientes, como para cargar todavía encima del procedimiento una licitación con las características retardadas que ello significa.

Incluso queremos pensar que el Secretario de Salud no quiso utilizar la palabra licitación, o que dentro de ello quiso decir simplemente compra mediante un proceso transparente.

En el contexto es inevitable pensar que se están quedando cortos los gobiernos en la compra de las pruebas, cuando es en la condición actual instrumento valioso para combatir el Covid en esa variable de muy alto contagio como es Ómicron.

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Pensaron los litigantes laboralistas que se mantendría funcionando con normalidad la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero triste sorpresa la que se llevaron ayer cuando llegaron puntuales a sus audiencias.

Había un letrero sobre la puerta de cristal de las oficinas gubernamentales, con un cabezal que decía boletín, en el cual se habla de un acuerdo del pleno para suspender actividades los días 12, 13 y 14 de enero.

Pudieron ser avisados desde el día anterior, muchos de ellos anduvieron por las oficinas persiguiendo audiencias y trámites, pero no les dijeron nada. Ni un aviso, los dejaron llegar junto con sus clientes y demás convocados a rendir testimoniales, confesionales o pruebas periciales.

Se utilizó como argumento el cambio de semáforo, pero ya lo sabíamos eso desde el mismito lunes, inclusive desde la semana pasada en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, pero hasta ahora se toma la determinación.

“Se suspenden actuaciones, audiencias y diligencias …con motivo del cambio del color del semáforo epidemiológico…”, dice el documento oficial, firmado por la presidenta de la Junta Local, Mayra Amezquita.