Opinion

Aún ratificados, penden jueces de un hilo

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GPS / Columna

viernes, 14 enero 2022 | 05:00

- Tendrá que develarse conspiración corralista

- Protección a crimen, antesala de nueva masacre

- Tendrán policías Infonavit

Quedó la espada de Damocles sobre 28 jueces que fueron ratificados, con expedientes incompletos sobre su desempeño al frente de igual número de juzgados. Fue una especie de decisión salomónica.

La advertencia quedó por escrito en la resolución leída con acuerdo de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Votaron por la ratificación, pero ninguno de ellos puede decirse a salvo de investigación por posibles responsabilidades. Hoy dormirán tranquilos, a salvo, mañana quién sabe.

Hay en especial la mirada puesta en los togados que intervinieron en los expedientes X, bajo la ineludible presión del gobernador, el secretario general de gobierno, la consejería jurídica y otros personeros que fueron solícitos intervinientes; entre ellos indudablemente Lucha Castro. Pero todos ellos estarán en la mira de manera permanente.

La decisión, tomada fríamente y alejada de la adrenalina del momento, se hizo como pensando en ¿para qué dar pie a procedimientos jurídicos interminables por una eventual negativa en la ratificación, si en cualquier momento, con las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura, se pueden abrir procedimientos de responsabilidad, no sólo sobre ellos, sino sobre cualquier servidor público perteneciente al Tribunal Superior de Justicia?

Acelerarse en las decisiones sólo podría traer la comisión de errores en el mismo procedimiento, con el agravante de que las carpetas de cada juez estaban incompletas, pesimamente armadas.

Con seguridad tenían ya los jueces y juezas elaborados sus respectivos amparos, o al menos en borrador, para pedir la protección de la justicia federal, en tema que nos llevarían hasta el final del sexenio. Ni al caso echarle lumbre a la hoguera con tantos temas pendientes y encima.

Tenemos en el pasado inmediato demasiados ejemplos al respecto, que terminaron por constituir una carga económica para el erario público, porque debieron pagarse sueldos y prestaciones caídas, después de encontronazos jurídicos que a ningún lugar llegaron.

Hubo con seguridad razones de esa naturaleza en el mismo palacio de gobierno, en la gobernadora y su equipo, para no forzar las cosas, comenzando con el hecho de que se contaba con expedientes deficientes por información incompleta.

La hormona no es muy buena consejera, por eso cupo la prudencia y la paciencia para en su momento, si es necesario, iniciar los procedimientos que pudieran ser necesarios en alguna eventualidad y en otro contexto. Estrategia pura.

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El tema de la violencia ejercida desde el corralato en contra de Maru Campos, con injerencia directa en el ánimo y dirección en el actuar de los jueces, es precisamente una de las vertientes de investigación que deberá abrirse en el corto plazo por parte de la Judicatura.

La declaración del juez Samuel Mendoza es sólo la punta del iceberg en la operación mediante la cual se acorraló a los togados para violentar los procedimientos, retardarlos en su caso o acelerarlos, incluso, tratar superficialmente defensas o alegatos de los acusados.

Un análisis forense de las miles de hojas y cientos de pruebas, hará brotar las inconsistencias en las resoluciones, aunque para ello haya que actuar con la paciencia requerida para hacer un estudio pericial especialísimo, foja por foja, actuación por actuación, y los acuerdos recaídos en relación con los mismos.

No necesitó el juez Mendoza ser en estos momentos específico, porque sus declaraciones aun y cuando son genéricas, develan lo que ya se sabía, en una confabulación de ministeriales, agentes del Ministerio Público, peritos, testigos fabricados y, necesariamente, jueces de consigna, para refundir en la cárcel a los enemigos políticos, con o sin elementos de fondo.

Una llamada desde Palacio de Gobierno en ocasiones era más que suficiente para coaccionar, en otros casos, las visitas de medianoche o apariciones repentinas de personeros. Todas estas historias irán saliendo poco a poco.

Una indagación al respecto deberá decir a la opinión pública que fue lo que realmente ocurrió en esa intifada corralista, colgada del capricho para la necesaria e indispensable permanencia en el cargo de un gobernador a modo, bajo la resolución hormonal de descarrilar a Maru Campos, a como diera lugar.

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La carta pública manejada en redes sociales por Adrián Lebaron, dirigida al presidente de la República entre otras autoridades, en materia de seguridad, debe ser tomada en cuenta con toda la seriedad del caso.

Si alguien conoce la zona son precisamente ellos, que han sufrido el embate del crimen organizado en carne propia. La masacre de sus mujeres y sus niños está muy presente en el dolor y el coraje porque sigue solapándose a personajes involucrados con la delincuencia en puestos clave de seguridad.

Se refiere en la carta en concreto a la defensa a ultranza del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, por la dirigencia estatal de Morena, en relación con la contratación de personal de seguridad que venía de Galeana, donde habían sido despedidos precisamente por el involucramiento con el crimen.

Esta la zona de Janos, Galeana, y Nuevo Casas Grandes, muy caliente, - no es la única por supuesto, ahí está Jiménez-Parral con su propia crisis- y en lugar de atender las denuncias ciudadanas de descomposición de los cuerpos de seguridad, se acude al expediente sencillo de respaldar las decisiones sólo por provenir de autoridades emanadas del mismo partido. Van los Lebaron sobre el líder estatal de Morena, el profe Chaparro.

Hay en lo sustancial de la carta firmada por Adrián, Julián y Bryan Lebaron, una advertencia de algo que puede estar a la vuelta de la esquina por ocurrir. “…puede ser la rueda de nieve que éste avisando de otra masacre”, que autoridad alguna en estos momentos trata siquiera con mínima seriedad cuando menos.

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Muy lejos nos encontramos de un regreso a la normalidad por un descenso en la gravedad de la pandemia.

Superamos los cien mil contagios desde marzo del 2020 a la fecha y estamos por rebasar los nueve mil muertos, con seguridad antes de que termine la semana.

Si el lunes y martes tuvimos apenas cuatrocientos contagios y respiraron las estadísticas Covid, antier y ayer para el olvido, con novecientos y mil 500 respectivamente.

En lo que va del año son nueve mil nuevos contagios y 144 muertes, en el marco de la llegada de Ómicron, como variante dominante, pero aún con la terrorífica y altamente mortal Delta presente.

No puede esperar la aplicación masiva de pruebas, que es la insistencia de la Organización Mundial de la Salud, el principal organismo responsable de combatir la pandemia.

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Estableció la gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua las bases para un eventual convenio con el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, con la finalidad de atender a uno de los sectores más desprotegidos, en este caso quienes integran los cuerpos de seguridad.

Estos elementos por lo regular han quedado al margen de esquemas de apoyo por el alto riesgo en que se encuentran, participarían en programas que posibiliten la dotación de viviendas.

Participaron en la reunión, la gobernadora Maru Campos, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, el secretario de Seguridad Pública (SSPE), Gilberto Loya Chávez; el secretario de la Coordinación de Gabinete, Luis Serrato Castell y el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Fernando Álvarez.

Se trata de brindar seguridad a las familias de los cuerpos de seguridad, con una vivienda digna, que incluya un seguro por fallecimiento que cubra en su caso la deuda del crédito.