Daniel García Monroy

domingo, 10 febrero 2019 | 01:38

Se pretende una vez más desde el poder federal mexicano, encontrar-desentrañar-liberar la verdadera verdad sobre lo que pasó la negra noche del 26 de septiembre de 2014, en la pequeña ciudad de Iguala, Guerrero. El Gobierno de la esperanza y el cambio verdadero, en voz de su vocero-estrella-presidente-Amlo, afirma y asegura que se va investigar hasta dar con el paradero de 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural, Raúl Isidro Burgos, ubicada en el poblado de Ayotzinapa, en Tixtla de Guerrero, un pobre y desventurado municipio, que se repite por cientos en nuestro país.

Pues si don Alejandro Encinas, el nuevo subsecretario de Gobernación, responsable de tan tremendo y arriesgado encargo, quiere descubrir la verdad y se decide a hacerlo bien, muy pocas nuevas cuestiones y dudas va tener que despejar. Ya se le adelantaron en la investigación una serie de valientes y profesionales periodistas mexicanas, y otro buen número de expertos criminalistas argentinos y de otros países, que han marcado la ruta de lo poco que se tiene que ubicar-preguntar-evidenciar para establecer la autentica historia de lo que realmente pasó con esos desafortunados 43 normalistas.

Tal cual existe en los legajos escritos en miles de fojas ministeriales, la tragedia del caso Ayotzinapa, es evidentemente la estupidez de la mentira histórica del cansado procurador Jesús Murillo Karam; --el funcionario desechado por un régimen desaparecido y enterrado bajo 30 millones de votos--. Nada pudo su magnífica trayectoria política, contra la imbecilidad de lo que estuvo dispuesto, sometido, obligado a inventar y declarar ante la nación. Por favor estimados lectores, presten atención a lo siguiente establecido como la resolución final de la super-genial-investigación-ministerial-priísta-vergonzante:

Una docena de policías municipales de Iguala y Cocula, bajo las órdenes del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, cómplice responsable al igual que su esposa, capturaron y entregaron en tres patrullas a los 43 jóvenes, dándoselos a cuatro sicarios confesos, miembros del grupo narcotraficante de “Guerreros Unidos”, (15 de los estudiantes muertos, 28 vivos); el cuarteto de homicidas, todos albañiles de oficio,  los transbordaron a una camioneta Nissan pequeña y otra “estaquitas” de 3.5 toneladas; llevándoselos a un oscurísimo basurero de Cocula, en donde los acribillaron aluzándose con celulares, para después con 50 litros de gasolina y tres llantas como combustible, quemarlos hasta convertirlos en cenizas, en una madrugada fría y lluviosa; para al día siguiente, sólo tres de esos asesinos, encontrar, despedazar, triturar los huesos calcinados y  meter --hasta el último puñado de ceniza--, a todo resto de los 43 cuerpos en 8 bolsas negras de plástico llenas a la mitad, y tirarlas luego al cercano río San Juan. (Tan, tan, fin del cuento “Ayotzinapos”. Firmado con orgulloso cinismo por el pasado Gobierno de la República).

Aunque usted no lo crea, como nadie en su sano juicio, esa es la verdad histórica del peñanietismo investigador. Es la solución del caso que decretó y perpetró  el estado de derecho nacional, que nos humilla y nos lástima cotidianamente a todos los mexicanos, que aún tenemos una décima de humanidad y civismo en nuestra conciencia.

No, no, pues ni hablar, por eso estamos jodidos todos los mexicanos, nos gobiernan locos, idiotas, enfermos mentales, pendejos malhechores que ganan millones de pesos en sueldos gubernamentales, prestaciones y negocios desde el poder, amafiados con la otra horda de facinerosos y organizados bandidos, igual de imbéciles y avarientos, pero menos hipócritas, transfiriéndose órdenes criminales y millones de dólares entre similares subhumanos: los orgullosos delincuentes de ralea y los respetados elegidos democráticamente. --¡Cristo, Virgen María de Guadalupe, Santo Padre Argentino en Roma, ténganos piedad!--  

Todas las indagaciones profesionales independientes, ajenas al poder político mexicano, marcan perfectamente la ruta crítica de lo que ocurrió en la desaparición-masacre de estos pobres jóvenes, cuyos restos, es evidente, jamás serán encontrados. Investigaciones, que sin lugar a dudas conducen al Ejército destacamentado en Iguala, como responsable por acción u omisión. Al Ejército en su zona de responsabilidad militar geográfica, claro está, no a toda la Secretaria de la Defensa Nacional. Es al 27 Batallón de Infantería con residencia en Iguala y a su comandante en jefe, José Rodríguez Pérez, al primerísimo al que una renovada indagatoria ministerial responsable y efectiva del lópezobradorismo actuante, debe ubicar, convocar, interrogar. Hacer declarar: ¡Qué jodidos pasó esa noche en Iguala, Coronel! ¡Respete al nuevo Gobierno, honre su investidura militar y obedezca a su nuevo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México! ¡Declare!

En la estructura de lo militar es más fácil investigar. Porque cuando no se ubican respuestas sustentadas y convincentes entre sus miembros es porque el sistema castrense se cerró desde arriba. Porque  la obediencia jerarquizada en puestos, cargos  y rangos, va de la cúspide hacia abajo. Pobre del que en su inocente ignorancia intente violar esa ley de disciplina militar. --No solo tu trabajo y tu sueldo depende de obedecer, tu vida misma querido soldado--. Algo que un una guerra vale en todo su potencial de fuerza de grupo para la defensa nacional, pero que un sistema corrupto y corruptor aniquila derechos humanos, existencias y vidas de seres humanos, a la sombra de la impunidad estructurada también militarmente. Origen de los trágicos crímenes de lesa humanidad.

Las pruebas documentadas son contundentes.

De acuerdo a todas las investigaciones ministeriales y periodísticas, en miles y miles de páginas certificadas, todo conduce a que fueron elementos del 27 Batallón de Infantería, los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas; o por lo menos, por lo menos, es el ente institucional que realmente sabe qué pasó esa trágica noche en Iguala. –Caso equiparable a la masacre de 1968--.

Como refugiada protegida en los Estados Unidas, investigó, escribió y publicó con eficiencia y valor la periodista Anabel Hernández en su libro “La verdadera noche de Iguala”, que las mentiras de la verdad histórica del pasado régimen se han caído una a una, gracias a las indagatorias y reportes finales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Argentinos; a lo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a los estudios y análisis de los expertos de la mismísima ONU.  --Qué vergüenza que buena parte del mundo ya sepa más de esa desgraciada noche que la propia sociedad mexicana--.

Señal de encubrimiento aseverar que el motivo de la masacre fue el enojo brutal del Alcalde, al enterarse que los estudiantes iban a reventar violentamente el informe del DIF de su esposa, si todos los datos demuestran que los normalistas llegaron a Iguala una hora después de terminado el tal acto político. Torpeza cómplice de la investigación oficial tratar de ocultar al quinto camión foráneo secuestrado esa noche por los estudiantes. Cinismo vil no exponer en la investigación que el Centro de Control y Comando de Iguala (C4), con cámaras y micrófonos, estaba operando con normalidad esa noche, y por tanto, informando en tiempo real todo lo que pasaba en esa pequeña ciudad a: el 27 Batallón de Infantería, a la Policía Federal, a la PGR, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal y los más terrible, interconectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Nadie supo, nadie sabe, nada, nada, nada, de lo que pasó realmente esa noche en Iguala. Entonces que duda puede caber: fue el Estado. ¿Se atreverá López Obrador a liberar a la verdad secuestrada del terrible caso Ayotzinapa, hasta llegar a las últimas consecuencias? ¿Tendrá la fuerza y el valor presidencial para hacerlo? Cancelar, evitar, prevenir la repetición de otra brutal masacre semejante en el futuro de México, está en juego.