Opinion

Bienestar para la Sierra Tarahumara

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Juan Carlos Loera de la Rosa

domingo, 15 diciembre 2019 | 05:00

La muestra más clara del fracaso de la política neoliberal es la gran brecha que existe entre muy pocos que tienen casi todo y muchos que tienen casi nada. Es el resultado de la larga pesadilla de un régimen que se encargó de ultrajar el patrimonio nacional, de deshumanizar la política, así como el ejercicio de gobierno. 

Las consecuencias para los pobladores de la sierra de Chihuahua alcanzaron niveles casi insostenibles, y es que las políticas para atender esa región fueron dispersas, desarticuladas y discontinuas, muchas veces sin tomar en cuenta a los pobladores originarios.  

Para cambiar esa triste realidad debemos empezar por reconocer que hay una enorme deuda, una gran cadena de omisiones que es urgente corregir.  

Para la región serrana la situación se tornó aún más delicada por la apropiación del territorio por parte de células criminales que se han aprovechado de la ausencia del Estado para sentar sus reales y, como consecuencia de sus actividades, han forzado el desplazamiento de seres humanos, principalmente indígenas en condiciones de vulnerabilidad.

Aunque a esos grupos que operan al margen de la ley se les relaciona generalmente con una sola actividad, la realidad es que se diversificaron a tal grado que existen grupos que se han dedicado a la depredación del bosque para lucrar ilegalmente con la madera y lo mismo ocurre con algunas corrientes de agua. 

Para agravar la situación, en la Tarahumara, algunas decisiones de Estado para compensar el extractivismo de la industria minera y las alteraciones al medio ambiente no han sido suficientes; el llamado fondo minero en vez de usarse para permitir la sustentabilidad económica y ambiental de las comunidades afectadas, ha sido usado para obras de escaso o nulo impacto social, principalmente en pavimentación de calles en las cabeceras municipales.  

La propuesta presidencial para que el fondo minero sea asignado de manera distinta y con obras de real impacto social, ha sido sujeta a una controversia constitucional impulsada por autoridades locales de nuestro estado, mismas que se oponen a que el recurso deje de ser administrado por ellos, es decir, no les gusta que se entregue de manera directa para proyectos específicos en los lugares directamente alterados por la actividad minera.

Salud y nutrición son otros de los grandes pendientes a resolver. A pesar de que se cuenta con una población muy dispersa, debe reconocerse los esfuerzos que tanto de IMSS Bienestar como el Sistema Estatal de Salud  ya que cuentan con unidades rurales, clínicas y hospitales en una muy buena parte del territorio (en este renglón hay que señalar la urgente necesidad de crear una nueva jurisdicción sanitaria en el municipio de Guadalupe y Calvo, hoy dependiente de la de Parral), sin embargo, la ausencia de médicos, tanto generales como especialistas, son el gran reto a resolver. 

Además, el Gobierno federal a partir de la presente administración ha definido que el nivel salarial de los profesionistas en el campo de la medicina que decidan trabajar en lugares con características socioeconómicas como las de la sierra, será mayor al de los profesionistas de la salud que laboren en las instituciones con sede en zonas urbanas.

Otros grandes pendientes son el tema de la nutrición infantil, así como la necesidad de abatir la mortalidad materno infantil. Para ello hay que empezar por garantizar a las poblaciones serranas el suministro de bienes y servicios públicos básicos para el bienestar, como el agua potable, y también hacer todos los esfuerzos para mantener los sistemas de cultivo de alimentos básicos para autoconsumo.

En materia de educación, la situación no es mejor, empezando por las condiciones de los planteles escolares, muchos de ellos sin los servicios básicos, instalaciones deterioradas, así como carencia del material didáctico para los maestros. 

En la Cuarta Transformación, la sinceridad, honradez y honestidad de nuestro presidente son la mejor garantía de que por primera vez en la historia de nuestro México los derechos de los indígenas serán plenamente respetados. Su propuesta de Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, presentada en las primeras horas de su Gobierno, es contundente: en el centro encontramos el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas, no hay forma de eludirlo, a las comunidades indígenas, a los afromexicanos debemos asegurarles el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales. 

Por ello, en el estado de Chihuahua hemos trabajado este año, a punto de concluir, en el diseño y ejecución de un Plan Integral de Desarrollo de la Sierra Tarahumara, que garantice los apoyos suficientes para que las economías comunitarias se fortalezcan, pero que también se diversifiquen a partir de modelos de economía social y solidaria, donde la producción de los alimentos básicos sea prioritaria y se combine con otras actividades productivas como la fabricación de artesanías, costura, muebles, todo ello siempre con pertinencia cultural.  

En el Plan Integral se articulan diversos programas sociales, para que de manera transversal se conviertan en verdaderos elementos de desarrollo.   Empezamos por ampliar el programa de niños de uno hasta tres años once meses, hijos de madres trabajadoras a los municipios serranos. Hay que hacer notar que el anterior programa de estancias infantiles no incluía a dichos municipios.

También en la sierra se están apoyando con becas de nivel básico a más de 30 mil estudiantes, así como a nueve mil 700 jóvenes de preparatoria. 

Además, ya se entregaron de manera directa las tarjetas de Bienestar a más de 700 comités escolares de administración participativa, los que se harán cargo de administrar el recurso para la mejora de las escuelas serranas.

En lo que a educacion superior se refiere, ya están funcionando las dos Universidades del Bienestar Benito Juárez, una en Urique y la otra en Guadalupe y Calvo; en total se ha otorgado becas a 455 universitarios.   

En apoyo al campo se benefició a 23 mil 691 productores indígenas y en este tema lo mejor está por venir, ya que en 2020 se implementará el programa Sembrando Vida, que provocará la creación de 20 mil nuevos empleos. Todo lo anterior en el marco de lo colectivo, partiendo de la organización popular a través de los comités de aprendizaje campesino, tan sólo este programa invertirá más de dos mil pesos en su primer año. 

Un ejemplo del cambio en la manera de gobernar y sobre todo en la aplicación de las políticas sociales, es el Programa de Fomento a la Economía Social (FES). Anteriormente los recursos de dicho programa se entregaban a las organizaciones supuestamente populares, cuyos líderes decidían arbitrariamente el destino final del dinero. Hoy los recursos están bajando de manera directa al territorio.  

El FES busca resolver la dificultad que tienen los organismos del sector social de la economía -los cuales tienen medios y capacidades limitadas- para su inclusión productiva.

La semana que recién concluye, la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua así como la Secretaría de Bienestar, constataron la entrega de apoyos a 320 grupos sociales, con una inversión de 42 millones de pesos, para que inicien proyectos productivos o fortalezcan algunos ya existentes y pueda lograrse el encadenamiento a partir del trabajo colectivo de actividades que permitan la inclusión productiva, financiera y el consumo, mejorando el ingreso y contribuyendo al desarrollo de nuestro estado, particularmente en los lugares de mayor marginación.  

Desde la política indigenista del general Lázaro Cárdenas no se había visto que un gobierno pusiera atención y visibilizara la necesidad de un verdadero estado de bienestar para los pueblos originarios. 

Tan sólo este año se están alcanzando los 110 mil beneficiarios, con una inversión anual de más de mil cien millones de pesos en la Sierra Tarahumara.  Sin embargo, como lo anoté lineas arriba, lo mejor está por venir.