Opinion

Brutalidad policiaca en Ciudad Juárez

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Mariela Castro Flores

sábado, 12 septiembre 2020 | 05:00

Hace justo una semana en Ciudad Juárez sucedieron hechos en extremo violentos que se suman a la ignomiosa inercia en la que el país se ha suscrito de criminalizar la protesta y reprimir las manifestaciones de mujeres feministas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Los discursos de odio que contra ellas se han instalado desde diversos frentes han permeado tanto que socialmente, comienza a justificarse que con lujo de violencia sean retiradas de las calles y sean “ajusticiadas” o “disciplinadas” por agentes del orden cuando eso tiene un nombre específico y que con todas sus letras puede traducirse en infamia: represión.

Las jóvenes, mujeres y niñas que se concentraron para realizar una marcha rumbo a la Cruz de Clavos de aquella localidad, precisamente, en solidaridad con compañeras de Guanajuato y otras ciudades en contra de la represión policial, comenzaron a llegar a las 5 de la tarde con una exigencia: protestar contra el abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza de las corporaciones que deberían estar para “servir y proteger” cuando mujeres se reúnen a reivindicar su derecho, constitucionalmente tutelado, de reunirse y manifestarse. El punto de reunión serían las letras de Ciudad Juárez, cerca de 40 mujeres fueron hostigadas por un número mayor de elementos de seguridad pública, en su mayoría hombres desdeñando sus propios protocolos de actuación que obligan a tener mujeres agentes para evitar lo que sucedió: abusos sexuales por parte de los policías a las detenidas, durante la detención y bajo custodia. 

Finalmente, en un operativo montado con antelación se detuvieron a 28 mujeres, entre ellas 4 menores de edad, aun cuando no estaban presentes en la manifestación sino en las inmediaciones de la zona al suponerlas –prejuiciosamente- eran feministas. Supuestamente, por “daños a terceros” que jamás fueron especificados ni dónde ni cómo fueron llevados a cabo. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) expresaron su “preocupación” por la actuación de la policía municipal y el uso excesivo de la fuerza contra las detenidas. Brilló por su ausencia en todo momento el Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez. Dentro de los márgenes de las instituciones, se dio una respuesta institucional; sin embargo, lastimosamente, el órgano municipal de defensa de las mujeres teniendo dirección venida de la sociedad civil, agravió con su silencio.

La visitaduría de derechos humanos presente sólo “dio fe” de algunas lesiones sin esperar dictámenes médicos no alienados a la dirección de seguridad pública que al mando de Raúl Aviña Ávila no ha salido a dar la cara por los abusos ni excesos de los agentes bajo su mando presentes en los hechos. Tampoco las agresiones sexuales fueron registradas para posteriores procesos, de los cuales, por alguna razón la juez de barandilla generalizando no individualizó las supuestas responsabilidades, anulando así, cualquier posibilidad de debido proceso, no porque las mujeres criminalizadas fueran responsables de algo, sino para fincar responsabilidades contra la institución que violó sus derechos humanos y las lesionó físicamente y sexualmente, generándoles problemas médicos de los que no se están haciendo cargo quienes sí los provocaron. Todo, en el afán de justificar la brutalidad policiaca.

En los últimos meses, se ha venido acentuando el clima represivo y de criminalización contra las mujeres que luchan; una especie de aleccionamiento se está ejerciendo contra las que toman las calles resistiendo al autoritarismo, defendiendo derechos humanos, reivindicando la libre expresión, sobre todo lo que tiene que ver contra la cultura de la violación y a decidir sobre el cuerpo propio, lo que está cobrando altos costos. Colectivas, grupos feministas, en su mayoría de jóvenes, a favor de las medidas de denuncia contra la violencia sexual no necesariamente judiciales y el aborto, encabezando un movimiento revolucionario los están pagando. En Juárez, la batalla quedó declarada con la respuesta de la autoridad frente al feminicidio de la artista y activista feminista Isabel Cabanillas y la complicidad de grupos que recibieron premios en su nombre de manos del Poder Legislativo, que por cierto a la fecha, aún no se logran resultados para esclarecer el caso a pesar de que la Conavim instó al gobierno de Chihuahua y Ciudad Juárez a que en un plazo no mayor de 30 días aclararan lo sucedido y se reparara integralmente el daño a su familia para garantizar que no hubiera impunidad.

En esa misma recomendación, también se exigió se garantizara, que “…el trabajo que las activistas que defienden y protegen derechos humanos de las mujeres, en particular, quienes denuncian diversas formas de violencia, pueda continuar sin poner en riesgo sus vidas o seguridad”. Es obvio que ninguna medida al respecto se está tomando y, al contrario, de parte del alcalde Armando Cabada Alvídrez pareciera estarse instrumentando una política de respuesta represiva y autoritaria cerrando todo espacio de diálogo, descalificando a quienes se manifiestan y criminalizando los conflictos sociales, judicializándolos con la detención de las feministas obligándolas a enfrentar procesos revictimizantes y adversos.

Años militarizando la cotidianidad han dado resultado en lo social. Cada vez más la comunidad se pronuncia a favor de las medidas represivas, la violencia contra quienes se manifiestan defendiendo mobiliario público que no representa nada a la historia, identidad juarense ni a la estética urbana dando respaldo a las autoridades para perpetuarse en sus atropellos. 

Por fortuna, no son más que todas las personas que aún mantienen a buen resguardo la conciencia libertaria, el don de gentes, la solidaridad, la resistencia frente al dolor y la muerte, la tradición de lucha social construida desde la desaparición y el feminicidio, la cooperación comunitaria que caracteriza aquella ciudad que no merece la calaña de quien la gobierna.

Por último, parafraseando a Rulfo y en solidaridad con compañeras de todo el país que han sido reprimidas en las tomas de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, digo:

¿En qué país estamos, Agripina?

Que la policía reprime brutalmente cuando protestan contra la brutalidad policíaca y las detiene violando nuestros derechos humanos cuando se manifiestan en las sedes que defienden los derechos humanos.

@MarieLouSalomé