Opinion
Jaque Mate

Cárcel a científicos

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Sergio Sarmiento

jueves, 23 septiembre 2021 | 05:00

"La mayoría de la gente dice que el intelecto hace a un buen científico. Están equivocados: es el carácter". 

Albert Einstein

Ciudad de México.- En un momento en que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anuncia desde el Senado que "No venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz", las armas de justicia del Estado ya no se están empleando contra el crimen organizado, pero sí contra ciudadanos comunes y corrientes, funcionarios de gobiernos anteriores y científicos. 

Está ahí como ejemplo la persecución de un grupo de académicos por haber recibido recursos del Conacyt. En dos ocasiones la Fiscalía General de la República ha solicitado órdenes de aprehensión contra 31 científicos y exfuncionarios en un acto de injusticia que ha sido rechazado por los jueces de control. 

El Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla presentó una denuncia ante la FGR argumentando que los recursos que el Conacyt entregaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico --un organismo autónomo asesor del Ejecutivo, el Conacyt y el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación-- constituían un desvío. Las acusaciones involucraban al exdirector general de Conacyt Enrique Cabrero, a los excoordinadores del Foro Julia Tagüeña y José de Jesús Huerta López, y a 28 más. La FGR cambió la denuncia de malversación por una acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El objetivo era encarcelar a estos científicos en el penal del Altiplano como si fueran miembros del crimen organizado. 

La Suprema Corte determinó el 17 de agosto que la transferencia de recursos había sido legal, por lo menos hasta que en 2020 el gobierno actual cambió el estatuto jurídico del Conacyt, pero la FGR presentó el día 24, de todas formas, acusaciones contra los científicos. Un juez rechazó entonces obsequiar las órdenes de aprehensión, pero la FGR modificó las acusaciones y las presentó nuevamente. Ayer un juez negó por segunda vez esas órdenes. 

Preocupa no solo la insistencia de la FGR, incluso después de que la Corte determinó que era lícita la entrega de recursos, sino el manejo de un asunto administrativo como si fuera de delincuencia organizada. No es el único caso. Las autoridades están usando las poderosísimas armas diseñadas para combatir al crimen organizado para perseguir a ciudadanos críticos o incómodos. Los acusan de delincuencia organizada para que no puedan gozar de la presunción de inocencia. Quieren encarcelarlos antes de juzgarlos. 

Estamos viendo, me dice José Roldán Xopa del CIDE en entrevista de radio, una "represión a un grupo de la sociedad que hemos hecho críticas. Es un intento de acallar voces. Es un manejo faccioso, una justicia selectiva". En un desplegado en change.org un grupo de académicos se queja: "El fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt". 

En su comparecencia ante el Senado la secretaria de Seguridad declaró: "Abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos". ¡Qué bueno!, pero el problema es que las autoridades dejan en libertad a los miembros del crimen organizado, como Ovidio Guzmán, pero se encarnizan contra quienes han manejado de manera transparente un presupuesto institucional. 

El presidente López Obrador dijo ayer que "el que nada debe, nada teme", pero su régimen ha encarcelado sin respetar la presunción de inocencia a quienes con esa confianza se presentaron a declarar, como Rosario Robles. 

Terminales

El CCE ha emitido un exhorto al gobierno federal "a no obstaculizar la importación legal de combustible". La clausura de terminales privadas de almacenamiento y trasvase que cumplen con leyes y reglamentos obstaculiza la importación, genera incertidumbre jurídica y perjudica a los consumidores.