Opinion

Citas no citables, parte dos

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Héctor García Aguirre

martes, 31 agosto 2021 | 05:00

“Don Baldomero, como le va, usted primero puede pasar, le gusta aquí o más allá, donde prefiera se puede sentar”. Don Baldomero, el Piporro.

El abuso de “C.” En citatorios y oficios se abusa de la abreviatura “C.”, hasta para mencionar a un menor de edad, a quien por mera inercia lo elevan a la categoría de “C.”, que según las reglas de la experiencia se hace referencia a un “ciudadano”. Así, a los servidores públicos  (sobre todo a los presidentes municipales) se les antepone “C.”. Esta reverencia está de sobra y no hace menos a quien la omita. 

Las leyes mexicanas establecen que para todo puesto público de elección popular (presidente de la República, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y síndicos) o jueces y magistrados, se debe contar con una edad de 18 años o más, es decir, ser ciudadano. Luego entonces, ¿qué sentido tiene reiterar la calidad de ciudadano a quien por ley la tiene? Yo digo que es, por decirlo eufemísticamente, una lisonja (RAE: “Alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad.”)

“El suscrito” o “la suscrita”. En las audiencias penales, civiles y familiares es todavía muy común que algunos litigantes se autodenominen como “el suscrito” o “la suscrita”. Suscrito, según la Real Academia Española, corresponde al participio irregular de suscribir, y suscribir a la vez significa firmar al pie o al final de un escrito. Todos sabemos que las audiencias terminan y no nos piden a los litigantes que firmemos algún escrito, la audiencia finaliza, y como dijo mi hermana “aquí se rompió una taza y cada quien para su casa”. Luego entonces, ¿qué es lo que van a firmar esas personas que se autodenominan “el suscrito” o “la suscrita”?

A jueces y magistrados sí les va autonombrarse “suscritos”, porque el artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales les da esa atribución: “En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital”. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado no hay disposición al respecto. Por cierto, magistrados y consejeros, nos siguen debiendo la iniciativa del Reglamento de la LOPJE (¡ah!, también la del Reglamento del Instituto de la Defensoría Pública).

“Presunto responsable”. Esta oprobiosa denominación se les da, sobre todo en las agencias del Ministerio Público, a imputados y acusados. Sin embargo, en términos del artículo 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no sería más correcto decir “presunto inocente”? La disposición constitucional es por demás clara: “De los derechos de toda persona imputada: “I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…” Luego entonces, ¿de dónde deriva la denominación de “presunto responsable”? Se pudiera refutar esta crítica con el argumento contenido en el artículo 19 de la propia Constitución, que establece: “…y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. No obstante, atendiendo a que ambas disposiciones son de carácter constitucional, nos debemos decantar, particularmente las autoridades, por aquel derecho fundamental más favorable al gobernado, atendiendo lo dispuesto por el artículo 1 párrafo tercero de la Carta Fundamental mexicana: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

“Sufragio efectivo, no reelección”. Aunque usted no lo crea, todavía se firman oficios con esta cuestionable frasecita. El 10 de febrero de 2014 se reformaron los artículos 115 y 116 constitucionales para abrir la posibilidad de la reelección de diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. Si bien es cierto que esa consigna política pudiera aplicarse para gobernadores y presidente de la República, también lo es que, si quien suscribe un documento bajo esa frase emanada de la Revolución Mexicana, no aclara a qué reelección se refiere, debemos entender que a todos los puestos de elección popular. Nada impide que en poco tiempo se abra la posibilidad de reelección de gobernadores y presidente de la República. La Constitución es sumamente flexible, y los políticos no van a perder esa oportunidad para eternizarse en el poder. Como dice el cantante Ezequiel Peña: ¡No que no se podía, claro que se puede oiga!

“Mutuo propio” o “motu propio”. Es común en escritos o en manifestaciones orales este tipo de errores en la escritura o pronunciación. La frase correcta es “motu proprio” que en latín, según la Real Academia Española, significa “voluntariamente o por propia iniciativa”, por lo que es también incorrecto escribir “de motu proprio” o “por motu proprio”. Con “motu proprio” es suficiente para evitar la redundancia.

“Prior in tempore, potior in iure” o simplemente “prior tempore, potior iure”. Primero en tiempo, mejor en derecho, y no “primero en tiempo, primero en derecho”.