Opinion

Con el gobierno de coalición, las “pafas” al alza

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Héctor García Aguirre

martes, 13 julio 2021 | 05:00

“Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber.” Rudolf von Jhering

Tradicionalmente las organizaciones “pafas” han sido toleradas y hasta aprovechadas por cada gobernador en turno desde hace muchos años, ahora, por una doble razón, el gobierno que eventualmente encabezará Maru Campos no va a ser la excepción. Primero, por la natural inclinación de los gobernadores en turno a quedar bien con los mercenarios de las placas ilegales, y segundo, porque obviamente la gobernadora no querrá quedar mal con quienes le apoyaron para llegar a la gubernatura. 

La extraña alianza entre el PRD, en el que milita el principal generador de ilegalidad vehicular en el estado y el PAN, otrora celoso custodio de la moralidad, nada bueno acarreará a la sociedad y al fisco estatales. El negocio de los “pafos”, me da la fundada impresión, se elevará considerablemente puesto que sería iluso pensar que los promotores de placas patito, incrustados ahora en el gobierno estatal, no aprovecharán esa coyuntura para incrementar ese supernegocio, y con ello obviamente, el aumento del caos vehicular, con el consecuente acrecentamiento de accidentes y delitos cometidos al amparo de placas sin valor alguno. Mal augurio para quienes pagamos impuestos el sexenio que se avecina. 

Estoy tratando de inventar el hilo negro, las autoridades de vialidad no desconocen el contenido del artículo 42 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua: “Ningún vehículo podrá desplazarse por las vías públicas sin llevar colocadas las placas correspondientes al tipo de uso o servicio que se le otorgue o, en su caso, permiso provisional otorgado por la Secretaría (de Hacienda), en tanto concluyan los trámites necesarios para su obtención.” 

Tampoco los agentes de vialidad ignoran el contenido del artículo 329 del Código Penal del Estado de Chihuahua: “A quien elabore o altere, sin permiso de la autoridad competente, una placa, el engomado…se le impondrán de dos a cinco años de prisión…”.

Sin embargo, circulan en el estado una multitud de vehículos con placas elaboradas por los mercenarios de la ilegalidad, y que desde luego no corresponden precisamente con las autorizadas por la ley. Empero los agentes de vialidad en carreteras, pueblos y ciudades, por alguna causa “desconocida” se hacen como que la virgen les habla, y “no ven” las seudoplacas de los vehículos chuecos que les pasan por su nariz.

Gobiernos van y gobiernos vienen y todos se aprovechan del problema. Gana el gobernador en turno puesto que mantiene contentos a los nefastos seudolíderes del negocio de las seudoplacas y no le alborotan el gallinero; ganan los propietarios de vehículos “chocolates”, puesto que no pagan los impuestos correspondientes; ganan algunos agentes de vialidad porque, por razones muy conocidas, se hacen de la vista gorda con ese tipo de vehículos. 

Los contribuyentes cumplidos que se jodan, para ellos no hay justicia ni misericordia a la hora de ser detenidos por causas ínfimas.

Un país como el nuestro, en este contexto, jamás va a salir del tercermundismo, cuando el presidente, los gobernadores y los alcaldes en turno son incapaces de imponer la ley con igualdad, temerosos de los movimientos sociales y en abierta complicidad con quienes lucran con la ilegalidad.

Espero (presiento que es una quimera) que Maru Campos se faje las faldas y no permita que la chantajeen los mercenarios de las placas patito. Sin embargo, es sumamente difícil que la futura gobernadora se sacuda esas lacras porque están con ella por un interés muy personal, y le cobrarán factura para seguir promoviendo el caos vehicular. 

Las organizaciones y placas “pafas”, además de ser un monumento a la ilegalidad, es una afrenta para quienes cumplimos cabalmente con nuestras obligaciones fiscales, a quienes puntualmente año con año renovamos nuestra solidaridad con la sociedad, dando cumplimiento al artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, que no está por demás recordar: “Es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

El negocio de los “pafos” parece eterno ¿se atreverá Maru Campos a desconocer a sus aliados en pro del beneficio general? Vamos a ver de qué madera está hecha la primera gobernadora del estado. Ojalá no le pase como a Corral, a quien sus aliados y círculo más cercano de colaboradores le ayudaron a cavar su tumba política.

Espero que Maru Campos tenga en estos momentos ya trazada la ruta de los siguientes seis años y que haya considerado los escollos que puede encontrar en su camino: las “pafas” serán, indudablemente, uno de ellos.