Opinion

Con la Constitución hemos topado, Sancho

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Héctor García Aguirre

martes, 23 marzo 2021 | 05:00

“Hay leyes que el legislador no ha meditado mucho y le resultan contrarias a lo que se proponía.” Montesquieu, Del espíritu de las leyes, p.526.

A raíz de la eventual restitución del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez como titular de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad número 4/2018, invalidando la totalidad de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua, por enésima ocasión los poderes legislativo y ejecutivo del Estado revelan la escasa preparación jurídica con la que desempeñan su trabajo.

Según el dicho popular,   “lo que empieza mal, termina peor”, y eso le pasó a la actual legislatura, que por complacer oscuros intereses, se les ocurrió hacer una ley al vapor, al parecer con destinatarios conocidos, sin tomar en cuenta ni la Constitución Federal ni los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni los antecedentes que Chihuahua ha tenido en múltiples reveses que ha recibido por parte de nuestro más Alto Tribunal, fue simplemente obediencia ciega.

¿Qué faltó para evitar los descalabros al poder legislativo? en mi concepto, a) Un estudio exhaustivo del contexto social, político, jurídico y económico en el que la norma habrá de tener repercusiones; b) Un conocimiento pleno de la Constitución Federal; c) Un adecuado manejo del derecho constitucional nacional y comparado, de los tratados internacionales y cultura jurídica en general. Les sobra: a) Ambiciones políticas; b) Obediencia ciega al mandato del partido que los postuló; c) En el caso particular de la Ley de Juicio Político, sumisión total al titular del ejecutivo; y, d) Ignorancia y soberbia; presunciones que asumo pues no de otra manera se puede explicar tanto desatino en el trabajo legislativo.

Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir atentados a la Constitución Federal como el que la actual legislatura perpetró?, la solución es simple: necesitamos leyes secundarias que desde su génesis respeten el Estado de Derecho y empaten con el espíritu de la Norma Suprema; parece sencillo, sin embargo, tan no lo es, que continuamente se están promoviendo amparos contra leyes y acciones de inconstitucionalidad.

La sabiduría popular nos dice que “a quien dos amos atiende, con uno queda mal”; viene a colación este dicho porque actualmente nuestras legisladoras y legisladores tienen un sinfín de “ocupaciones” y una de ellas, tal vez a la que menos tiempo le dedican es a la creación de normas de calidad, que debiera ser la función primordial. En estos tiempos de intereses particulares y partidistas el legislador es: gestor social, secretario o presidente de su partido, algunos agitadores sociales, la mayoría promotores del voto de sus candidatos; asiduos viajeros en tours políticos a otros estados y países, organizadores de eventos políticos y sociales para favorecer a su partido o a la autoridad en turno.

Razones para que las diputadas y diputados tengan tal proclividad a actividades no consustanciales a su cargo son muchas, entre otras, su escasa o nula cultura jurídica; podemos también hablar del poco capital político que les reditúa el estudio de las iniciativas dejándole el trabajo a sus asesores -labor muy cuestionable-; la ocupación y preocupación de muchos legisladores por “brincar” de puesto antes de que el actual se les termine y que los lleva a una incesante búsqueda de esa oportunidad prácticamente desde el inicio de su encargo.

Formalmente asumen el cargo de legisladores pero materialmente la mayoría de ellos no saben ni de que se trata exactamente su trabajo y optan ya durante su ejercicio en convertirse en “gestores sociales” (facultad que no está expresamente conferida por el artículo 64 de la Constitución del Estado), labor sumamente altruista, fácil de llevar a cabo pues echan manos de los recursos del erario, pero que no fueron electos precisamente con ese carácter sino como hacedores de la ley. ¿Cómo superan esa natural deficiencia?, con la contratación de asesores quienes finalmente son quienes hacen la ley, pero me queda la duda si esos asesores son auténticos conocedores de la Constitución, de los Tratados Internacionales, de la técnica legislativa y del derecho en general o son –como suspicazmente me supongo- favorecidos con el cargo por haber contribuido durante la campaña de la diputada o diputado en turno. 

Ojalá la próxima legislatura asuma con seriedad, independencia y autonomía su encargo, y sujeten su actuación al Estado de Derecho del cual son formalmente custodios, no a caprichos ni a deseos de venganza del gobernante en turno; el derecho es y debe ser el punto de partida de todas, absolutamente todas las determinaciones que tomen las autoridades de cualquier nivel, así lo ordena el artículo 16 constitucional.

Que así sea.