Opinion
Periscopio

Conflicto por el agua del río Conchos

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Armando Sepúlveda Sáenz

sábado, 12 septiembre 2020 | 05:00

El conflicto entre concesionarios de los distritos y unidades de riego beneficiarios de las aguas del río Conchos, almacenadas en las presas de La Boquilla y Las Vírgenes, arrancó desde febrero y desde entonces el Presidente de la República ha descalificado su pertinencia y lo ha denunciado como un movimiento con intereses partidarios. Que se trata de un movimiento político, claro que lo es, se trata sobre decisiones de poder y de política pública federal; que encubre intereses partidarios, lo saben los que encabezan el “movimiento”, y para el caso, no importa.

De la atención que prestara en las “mañaneras” evidencia que las decisiones siempre fueron de él, en cuanto a privilegiar el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Tratado internacional de Límites y Aguas, amén de cualquier otra consideración. De la descalificación que hiciera el Presidente sobre el movimiento de los inconformes, se desprende, que a su mirada las presiones de los productores agrícolas, representan a un grupo ajeno al pueblo bueno y sabio, y por tanto son adversarios, conservadores y toda la gama de epítetos que utiliza con proverbial alegría a quienes le cuestionan, reclaman y elaboran críticas constructivas –acompañadas de las sugerencias--. Su derrotero está trazado y grabado en piedra (materia gris cosificada). De modo que era previsible que no habría diálogo. En uno de los artículos del autor de esta columna, se enfatizó que la ruta que debiera seguirse estaba en el espacio judicial, pese a que la Ley de Aguas Nacionales y la Constitución le otorga sendas atribuciones al Ejecutivo Federal.

Los empresarios agrícolas se empeñaron en una estrategia de presión activista, homologando los campesinos y las organizaciones gremiales afines al régimen; y perdiendo de vista que los empresarios en general, no están en las huestes afines que conforman el pueblo bueno y sabio (salvo un grupúsculo de beneficiarios de obras y mercancías). Recuérdese por ejemplo el bloqueo de vías férreas durante largos periodos (mortales para la salud financiera de empresas y que desarticulan el abasto al consumidor con los consecuentes efectos en precios), por la CNTE y otras organizaciones. Para éstos tolerancia cómplice y negociación política premiada con apoyos presupuestales y/o capacidad de decisión extrainstitucionales. Dichas acciones son lesivas de los derechos humanos de empresas (aunque sorprenda a más de un lector) y personas. 

El balance hidráulico de las aguas del Río Conchos y el cumplimiento inevitable del Tratado, es un asunto técnico que se puede resolver por las partes, recurriendo a información objetiva, y que legalmente les corresponde a las autoridades. ¿Las mediciones efectuadas por el Ejecutivo Federal son rigurosamente ciertas? No lo sabemos ¿O las presunciones de los productores son correctas? También su calidad es incierta. Pero en un litigio se puede establecer la mejor medición.

En opinión del Presidente y sus entidades operativas (incluyendo al superdelegado correspondiente) las pretensiones de los productores son infundadas y las acciones de éstos desmedidas.

Dados estos antecedentes, en la oportunidad en que se anunció que los líderes de los inconformes serían atendidos por el Presidente, al que escribe le sorprendió. Pero los hechos mostraron, que en realidad se trataba de hacer tiempo y “dorarles la píldora” a los líderes de los productores, a través de la “atención” de terceros comisionados por AMLO. Además ha quedado meridianamente claro que éste no tiene el ánimo de molestar con problemas baladíes a su mentor y amigo Trump, para solicitar que sacrifique temporalmente lo que a derecho internacional conviene en materia de correspondencia de cumplimiento de metas de suministro del vital líquido a la Unión Americana.

La confrontación de estrategias en el terreno ha desembocado en la violencia sangrienta con saldo mortal. Es evidente la asimetría de la capacidad de ejecución de estrategias, desfavorable para los productores. Carecen de sentido estratégico las acciones de presión en el terreno, los resultados en el corto plazo seguirán siendo negativos para éstos.

Sin duda, la asignación de responsabilidades por los hechos violentos tendrá que ser atendidos en los circuitos de la procuración y gestión judicial, pero también deberán dirimir los enfoques, intereses y mediciones en la vía jurisdiccional de las partes en conflicto. Al respecto, cabe considerar que los volúmenes materia de las concesiones no están garantizados, y del mismo modo como se otorgan concesiones se pueden cancelar ¿Y cómo definir la improcedencia de la calificación de huachicoleros vertida en las mañaneras? Se da por descontado que puede ser lenta y onerosa esta ruta, pero a fin de cuentas es la que puede tener frutos claros y legales. 

La justicia tiene la premisa de la ley, esto es del imperio del Estado de Derecho. Han transcurrido siete meses de zipizapes en actos con saldos negativos, todo parece indicar la necesidad de cambiar la estrategia de la parte más vulnerable: los productores, sacrificando sus intereses políticos sectarios –si los tienen— y la valoración equivocada de capacidades de presión.

La invariabilidad de estrategia de esta parte, haría evidente los intereses sectarios con el propósito de tensar la situación y eventualmente cambiar ilusamente la correlación de fuerzas por la vía de los hechos.