Opinion
Periscopio

Consulta indígena, derecho humano

Las sentencias relevantes de la SCJN en materia de derechos humanos de personas, comunidades y pueblos indígenas son numerosas

Armando Sepúlveda Sáenz

sábado, 14 noviembre 2020 | 05:16

La consulta a los pueblos y comunidades indígenas con motivo de la afectación de sus derechos colectivos y de sus intereses ha sido un tema que se ha ventilado ampliamente, de modo que la gente que tienen a acceso a la prensa impresa y digital se ha enterado de las frecuentes resoluciones de la SCJN, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales superiores de diversos países latinoamericanos; cuyas determinaciones –vinculantes-- han generado nutridos antecedentes de aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas en 2007, fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución Federal y  en particular, de los ordenamientos locales. Sus aplicaciones por las autoridades jurisdiccionales federales son elementos de obligada consideración en las demandas de amparo o acciones de inconstitucionalidad, por obras o determinaciones administrativas o legislativas que afectan derechos e intereses de los pueblos indígenas.

Viene al caso citar el párrafo siguiente del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia, en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas (SCJN): “Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que se lleven a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos, que se realice de buena fe y a través de los medios idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para tomar las decisiones; en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional”.

En congruencia, la SCJN invalidó reformas a la Constitución y diversas leyes del Estado de Chihuahua por falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad (Comunicado de prensa No. 216/2020 del pasado 10 de noviembre). Resolución que no es inusitada dadas las sentencias en la materia, durante un periodo ya dilatado. 

Las sentencias relevantes de la SCJN en materia de derechos humanos de personas, comunidades y pueblos indígenas son numerosas y de ellas se puede inferir, que éstas atienden a casos de decisiones administrativas y legislativas (https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/buscadores-juridicos/sentencias-relevantes-en-materia-de-derechos-humanos/1299). Así que no reviste novedad la reciente determinación de la SCJN para invalidar la pertinencia constitucional de las recientes reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Código Municipal para el Estado de Chihuahua, Código Civil para el Estado de Chihuahua, por omitir la “Consulta Indígena” en tanto que se vulnera este derecho en los decretos relativos publicados. Incluso entre las resoluciones se encuentran casos que atañen a consulta indígena en el estado de Chihuahua. (Amparo en Revisión 781/2011.Derecho a la consulta previa: Sinopsis. “Miembros de una comunidad indígena alegan la falta de creación de un Consejo Consultivo Regional para proteger los derechos de la misma derivado del proyecto "Plan maestro turístico Barrancas del Cobre".14 de marzo de 2012).

Que a los diputados integrantes del Congreso del Estado les pase inadvertida la improcedencia de aprobar dictámenes, desconociendo la impertinencia de omitir la Consulta Indígena en la promoción de cambios en las disposiciones legales que afectan derechos e intereses de los pueblos indígenas, es “normal”, pues se requeriría que tuvieran una amplio conocimiento del marco normativo. Condición difícil de alcanzar aun concediendo voluntad. Lo mismo es válido para los asesores personales de los diputados. Es menos entendible el déficit de conocimiento en los Diputados integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, pues ellos analizan y debaten, con apoyo de sus asesores puntualmente (o debieran), las iniciativas y formulan los dictámenes correspondientes a cualquier cambio normativo a los instrumentos legales bajo su competencia. Para obviar este tipo de deficiencias, el Congreso cuenta con una Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos, que dispone de un staff de expertos, los cuales no pueden pasar alto la bola de softball, de las inconsistencias señaladas por la SCJN, en los decretos correspondientes. 

Se pueden elaborar diversas hipótesis para explicar los actos sancionados por la SCJN: ¿comunicación defectuosa entre la Comisión y la Secretaría? ¿Carencia de competencia técnica –experiencia y conocimiento-- de los asesores jurídicos de la Secretaría y de los asesores de los miembros de la Comisión? Cualquiera que sea la explicación, lo importante es evitar sucesos semejantes en el futuro.

La Consulta Indígena es un derecho humano colectivo reconocido por los tratados internacionales, la Constitución Federal y local, y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo cual no se puede obviar en ninguna decisión administrativa o legislativa, que involucre derechos o intereses de los indígenas. 

Tal vez las resoluciones que la SCJN generen en el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo una actitud rigurosa de aplicación de la prescripción establecida en el artículo 1º de la Carta Magna, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”