Opinion

Criminalizar los despidos injustificados y frívolos

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Benito Abraham Orozco Andrade

martes, 06 octubre 2020 | 05:00

El marco jurídico mexicano permite imponer al patrón, previa demanda correspondiente, la sanción de reinstalar o de indemnizar (liquidarlo) al trabajador ante un despido injustificado o donde no exista prueba de un mal actuar.

Desde el momento en que la persona se queda sin empleo, se encuentra desprotegida económicamente junto con su familia, careciendo de diferentes prestaciones de las que gozaba cuando laboraba, como es el caso de la relativa al servicio médico, el cual es fundamental para cualquier persona.

La persona despedida sin justificación alguna o con argumentos falsos o intrascendentes, tiene que lidiar con el estrés que provoca el tener que buscar, de improviso, el sustento propio y de los suyos. 

Las carencias repentinas pueden provocar hasta el consumir el patrimonio que durante toda una vida se ha venido construyendo junto con la familia. No obstante, al patrón irresponsable únicamente se le condena a la reinstalación o a la liquidación, en ambos casos con la obligación de otorgar al trabajador ciertas prestaciones económicas por el tiempo que duró el juicio laboral o desde que tuvo verificativo el despido -con un límite máximo de meses a considerar-, pero en ningún momento por los daños y perjuicios colaterales de diversa índole ocasionados tanto al trabajador como a su familia (de salud, patrimoniales, educativos, de esparcimiento, etc.).

Además, por qué una persona tiene que prescindir, en su caso, de una antigüedad de años o décadas acumuladas, y tener que volver a empezar con un futuro incierto, con la inseguridad de en qué condiciones vivirá su vejez. El esfuerzo de su parte ya quedó aportado en el entramado colectivo, para bien de una ciudad, estado o país, y no es posible que por que alguien puede y quiere, se quede sin un bien que debería ser considerado como supremo en una nación democrática (o que dice serlo), que es el empleo.

Tratándose de las instituciones públicas, el problema es aún mayor, porque como ya es costumbre, cuando llega una nueva administración en los tres niveles de gobierno, es común que se lleven a cabo despidos para colocar a gente proveniente del mismo partido, o para allegarse de personas de “confianza” para quienes serán los nuevos jefes. En tales propósitos, se prescinde de gente valiosísima para el servicio público, con argumentos insuficientes o simplemente sin justificación alguna. 

El problema tiene repercusiones en el erario, pues después de años de litigio, incluso cuando ya concluyó la gestión pública que llevó a cabo el despido, son muchos los litigios ganados por los trabajadores, y ya sea que se le reinstale o se le indemnice, tendrán que erogarse recursos económicos para resarcir al trabajador, pero no hay que perder de vista que en su lugar fue contratado alguien más a quien también se le pagaron las prestaciones correspondientes y, en un momento dado, de no haber otra opción, se le deberá despedir para volver a instalar al trabajador ganador, y esto ya generaría una nueva liquidación, voluntaria o forzada también. 

En tal virtud, debería privilegiarse el bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias ante injusticias laborales como las que se comentan, dándole efectivamente la consideración digna que merece la clase trabajadora y que muy seguido enarbolan los políticos en sus discursos, principalmente durante las campañas electorales.

Entonces, un despido injustificado o frívolo, debería ser de tal gravedad en la legislación mexicana dadas las consecuencias tan perjudiciales para el bienestar y la dignidad del trabajador y de su familia, que quien sea el responsable de ello, debe cargar con la obligación de resarcir de los daños correspondientes hasta con su libertad y con su patrimonio.