Opinion

Crujen la justicia y la clase política

DUARTE ANTE EL JUEZ

Luis Javier Valero Flores

domingo, 05 junio 2022 | 05:00

-El caso Duarte es de los que precipitaron la caída del régimen

-Maru Campos enfrenta una extendida percepción de que posibilitaría la liberación del exgobernador

-Ante la expectación, la gobernadora anuncia que “el ’24 la mueve” y anuncia su intención de buscar la candidatura presidencial

-El ballezano es víctima del poder, usado para “poder y no, para no poder”

La llegada del exgobernador César Duarte a Chihuahua, para enfrentar el esperado, pero disminuido proceso penal, se ha convertido en un verdadero sismo político y jurídico.

También, en una especie de bálsamo societario. Las imágenes de Duarte arribando al aeropuerto, disminuido físicamente, esposado, rodeado de policías han inundado las redes sociales, no sin alegría.

¿Qué prevalecerá en el proceso judicial en contra del ballezano? ¿Podrá eludir una parte importante de la clase política local su corresponsabilidad, su acompañamiento en el ejercicio del poder con Duarte; en el uso faccioso, interesado, corrupto, demagógico que hicieron de él?

No hay chihuahuense (más allá de los políticos), medianamente informado del caso, que no sostenga que será liberado el exgobernante, merced a los “arreglos” existentes en la cúpula política de la entidad.

Muchos años después, quienes hoy son los mandones en Palacio de Gobierno sufrirán las consecuencias de haber sido permisivos con el ballezano; ciertamente menos que sus inmediatos antecesores en la dirigencia del PAN de aquel momento y que hoy ya no están en el blanquiazul. 

Caro les saldrá aceptarle a Duarte su pretensión de “oxigenar” al Poder Judicial, a cambio de obtener dos espacios para sus compañeros (Luis Villegas y Rafael Quintana) como magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Hoy enfrentan la extendida percepción de que la gobernadora Maru Campos instrumentará todo para facilitar la excarcelación de Duarte.

Es lo que menos le conviene a la primera mujer convertida en gobernadora. Actuará precisamente en sentido contrario a aquella percepción. 

Hará todo por evitar que Duarte sea liberado, pero estará sujeta a los más que evidentes errores cometidos por el equipo de Javier Corral en el proceso levantado en contra del ballezano.

De ahí las constantes expresiones de Campos, de que para los exgobernadores, “ni perdón, ni olvido”, a cuya motivación le agregó una más, totalmente inesperada, precisamente un día después de la llegada de Duarte a Chihuahua, la de expresar vivamente su pretensión de buscar la candidatura a la Presidencia de la República ¡En 2024!

El proceso contra Duarte es, además, ocasión para que la sociedad acumule más agravios en contra de la clase política pues el exgobernador es, presumiblemente, responsable de delitos y montos más allá de los que el gobierno de Javier Corral logró acreditar ante la Fiscalía General de la República y, por intermedio de ésta, ante el gobierno norteamericano para obtener su anuencia a fin de que fuese extraditado.

Pero la causa judicial en contra de Duarte ha exhibido, quizá como en ningún otro caso y en el curso de las últimas tres décadas, la inmensa mansedumbre de la mayoría de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial.

Seguramente que el exgobernador Javier Corral deberá enfrentar los procesos anunciados por la gobernadora Campos, pero una cosa sí deberá acreditársele positivamente: La decisión de intentar encarcelar a Duarte, haya sido por las razones que hubiesen sido.

Probablemente su principal motivación haya sido la de pavimentar su candidatura presidencial para el 2024, y no la de combatir, hasta las últimas consecuencias, la corrupción.

Imposible saberlo, pero Corral, también posiblemente, no percibió (o quizá sí, para el caso es irrelevante) el impacto social que tendría la posibilidad cierta de llevar a Duarte a los tribunales y eventualmente encarcelarlo.

Impacto que iría más allá de los límites de Chihuahua, que se conjugaría con la oleada de indignación nacional levantada por la cantidad de corruptelas cometidas -o presumiblemente cometidas- por la mayoría de los gobernadores priistas y el presidente Enrique Peña Nieto y que posibilitó el triunfo de López Obrador.

El hartazgo ciudadano hacia la clase política PRI-PAN le redituó al tabasqueño 10 millones de votos.

De ese nivel de importancia fue levantarle cargos a César Duarte.

¿Quién mejor que César Duarte podría personificar la corrupción del viejo régimen?

Atrabiliario, populista, autoritario, frívolo, ambicioso (y no sólo en el aspecto económico), luengo integrante de la organización campesina usada por el régimen para someter al campesinado (y usarlo), extraordinario seductor político; manipulador extremo; hombre de buena oratoria, extraordinariamente creyente (y, por lo mismo, con excelentes relaciones con la jerarquía católica), comprador compulsivo y ferviente partidario de usar el poder de la “mejor” manera que los priistas de mediados del siglo pasado usaban, ese fue el Duarte que nos gobernó.

Dotado de una inteligencia y una memoria privilegiadas, no le sirvieron para ponerle orden a su actuación gubernamental.

Perdida toda proporción, creyó que el gobierno de Chihuahua, y los enormes montos presupuestales estatales, eran de su propiedad personal y que los chihuahuenses le habíamos entregado un cheque en blanco para disponer de ellos a su antojo.

El derroche y el despilfarro, combinados muy “adecuadamente” con las corruptelas, fueron las insignias de un gobierno que será recordado dolorosamente por mucho tiempo, y que fueron inconmensurables, encubiertas u ocultadas casi a la perfección.

Y lo que no pudieron ocultar fue sometido a una cínica, descarada y casi total desaparición de las evidencias en los últimos días de su gobierno.

En medio de todo ello, o quizá como la parte principal de lo que hoy constituye el principal problema de Chihuahua, desde el punto de vista político, es la deplorable condición en la que se encuentra el aparato aplicador de la justicia en Chihuahua.

Con el actual gobierno, será la tercera administración estatal consecutivas, que modifica la integración del Tribunal Superior de Justicia, “a contentillo” del nuevo grupo gobernante -en todos los casos-, que demuestra palmariamente la ausencia total de división de poderes en Chihuahua.

Muchos coincidirán en que esta situación no es privativa de los últimos tres gobiernos estatales, sino que tiene antecedentes más añejos; sin duda, pero lo ocurrido en Chihuahua, prácticamente desde el año 1998 a la fecha, es la manipulación abierta, grosera, sin contrapesos y sin medida, en el poder que teóricamente debería ser el intocable para quienes han dirigido la administración estatal pues, de hacerlo así, preservaría la correcta aplicación de la justicia.

Además, existe un factor nada desdeñable que puede crear, además de la frustración ciudadana, totalmente justificada, y que podría constituirse en uno de los peores quebrantos para el actual gobierno.

Esa es la posible liberación del ex gobernador Duarte, o por lo menos el hecho de continuar su proceso en libertad, cosa que ningún abogado ducho en la materia descarta, porque si bien las acusaciones contra el exgobernador Duarte, mediante las cuales fue extraditado, son verdaderamente graves, de acuerdo con el marco legal existente en el tiempo en que se supone que las cometió, no eran consideradas de esa manera, por lo que podría cursar el proceso en libertad.

Ahora bien, una parte del morenaje ha planteado la posibilidad -especialmente los diputados locales- que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República, porque, dicen, “el Poder Judicial del Estado no garantiza imparcialidad ni la aplicación estricta de la Ley”.

De todas maneras allá terminará, en los tribunales federales.

Pero las maniobras, difíciles de entender, no terminan de presentarse. 

La gobernadora Maru Campos se ha empeñado en demostrar, tanto su lejanía del ex gobernador, como su pretensión de que habrá una correcta aplicación de la justicia.

Es evidente que el grupo gobernante intenta -intentará- deslindarse de cualquier nexo con el gobernante. En esa lógica, ahora resulta que la FGE-Chihuahua, pretende añadirle a Duarte más causas que las que motivaron la extradición. 

El Tratado que lo posibilitó es bastante claro y el resquicio argumentado por la FGE es más que endeble. 

Pretende usar el “principio de especialidad”, el cual establece que si “un tercer Estado” solicitase la extradición por un delito distinto al de la extradición concedida a México, sí se le podrían añadir más causas.

No hay sustento para ello. 

No le podrán enjuiciar por otras causas más que las aprobadas, ni siquiera por el gobierno norteamericano, sino por la jueza de Florida que “vio” el caso.

¿A quién achacarle la irresponsabilidad de la eventual liberación de Duarte?

Primero que nadie, al grupo gobernante encabezado por Javier Corral. 

Tuvieron en sus manos todos los elementos al alcance del gobierno de Chihuahua; toda la información, todas las evidencias, las declaraciones de los testigos protegidos; la información otorgada por todos los procesados y la actuación siempre obsecuente de los integrantes del Poder Judicial, además de los elementos de las dependencias encargadas de la procuración de justicia.

También es evidente que le abonaron a la violación del debido proceso de Duarte al exhibirlo por todo el país como el “vulgar ladrón”.

Algo debieron hacer bien pues la jueza norteamericana de Florida concluyó que existían elementos para presuponer la comisión de algunos ilícitos por parte de Duarte. Por ello lo extraditó.

Ahora, por primera ocasión tendremos oportunidad de acceder a la carpeta de investigación en contra del exgobernador, y poder evaluar el trabajo del equipo corralista en la fabricación de la causa en su contra.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)