Opinion
Periscopio

Cruzada del Presidente por los hidrocarburos

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Armando Sepúlveda Sáenz

viernes, 02 abril 2021 | 05:00

El viernes 26 de marzo el Presidente López Obrador, remitió al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que consiste básicamente en asumir mayor capacidad del Ejecutivo para suspender y revocar permisos a las empresas privadas. 

Con la reforma energética 2013 se amplió el espectro de actividades de la industria petrolera en las que podría participar el sector privado. Los permisos se otorgaron por la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la propia Secretaría de Energía.

La reforma propuesta plantea que, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. “La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del Permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros” (artículo 59 bis). Como puede observarse son términos demasiado vagos conceptualmente. Y la exposición de motivos está ayuna de precisiones y abunda en peticiones de principio. Por ello falta a la técnica jurídica. 

Las actividades en las que puede suceder lo anterior tienen que ver principalmente con manejo, almacenamiento, transporte y distribución de todo tipo de hidrocarburos. Por consiguiente, la capacidad de control puede abarcar a las gasolineras, los centros de almacenamiento, plantas o ductos.

Los medios han dado noticia de la opinión de expertos y de voceros de los permisionarios en estos rubros en relación con las disposiciones consideradas en la Iniciativa. En general piensan que hay riesgo de expropiación de hecho. 

Se omite el proceso de indemnización que correspondería al retirar los permisos. Se les llame como se les llame son asimilables al derecho mercantil.

Las disposiciones de la Iniciativa entran en contradicción con las correspondientes al TMEC. En la exposición de motivos no hay referencia alguna al Tratado. El potencial de conflicto está ahí.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, considera que con la reforma se "sancionará y cancelarán permisos a quienes incurran en ilícitos; contrabando y alteración del componente de combustibles y vigila el balance en el mercado y el almacenamiento".

Al respecto, las causales expresadas por la Secretaria están consideradas en el artículo 54 de la Ley de Hidrocarburos. De igual modo en el texto vigente, el Artículo 55, condiciona la caducidad de los permisos ante el no ejercicio de los derechos otorgados por el permiso. El Artículo 56 enumera los conceptos por los cuales procede la revocación del permiso. Sobre la cancelación de permisos, no hay novedad. Los temas de caducidad y la revocación permanecen al margen de la Iniciativa.

La mayor novedad respecto al estatus actual es la inclusión del nuevo artículo 59 bis de la ley, que señala como causales de suspensión del permiso las que señalábamos y que tienen que ver con la seguridad nacional, energética o la economía nacional, pero sin definir cómo se van a determinar esos riesgos.

Sin embargo, la Iniciativa contempla una innovación conceptual y de procedimiento: la NEGATIVA FICTA, en sustitución de afirmativa ficta. 

Los constituyentes de 1857 incorporaron en el Artículo 8 segundo párrafo, lo siguiente “a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer 

el resultado al peticionario”. El Constituyente de 1917, le agregó a este párrafo “en breve término”. El artículo 8 desde 1857 consagra el derecho de petición y de respuesta, que en la actualidad son derechos humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contempla el derecho de petición en su artículo XXIV: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Por tanto, la obligación es del Estado, concretada por la autoridad competente. Para quienes les asalte la duda de si las personas morales también tienen este derecho humano, el Artículo 35 en su fracción V establece: “Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”. 

La Afirmativa Ficta se puede describir como la obtención de una respuesta positiva por parte de la autoridad competente al peticionario, en caso de que el silencio de ésta transcurra más “allá de la brevedad”. En virtud de que los derechos de petición y de respuesta son derechos humanos, no cabe asumir que a la autoridad se le puede otorgar el derecho de no respuesta o lo que es igual, la negativa ficta. Esta es, por consiguiente, inconstitucional. 

¿Qué propósitos alienta la Iniciativa Presidencial?  ¿Incrementar la unilateralidad del poder político y económico? ¿O como diría mi papá, armar mitote electoral?