Opinion
Hablando y escribiendo

Cualquier día es bueno para morir en Chihuahua: Javier Corral

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Ernesto Avilés Mercado

sábado, 13 junio 2020 | 05:00

En medio de lo más alto de la pandemia, con un semáforo sanitario  en rojo, con datos de 1,800 personas contagiadas en el estado, donde se cuenta con un registro superior a los 15 mil empleos perdidos, con una economía por los suelos porque no se autoriza la apertura de negocios, y los que abren, pagan medio salario a sus empleados.

Con un ayuno de 4 años sin obra pública, donde también se presenta un incremento exponencial de la violencia, con robos a comercios y casas habitación, extorsiones por teléfono y asesinatos diarios a plena luz del día, en contra de personas que transitan en sus coches, caminan por las calles, o en sus propios hogares, hasta donde los sicarios arriban derribando puertas quitándoles la vida a familias completas, sin importarles que sean niños, jóvenes, mujeres o ancianos, en medio de todo esto, el titular del Ejecutivo estatal Javier Corral, presenta al Congreso un proyecto de reforma para modificar la ley electoral.

Cualquier momento es bueno para la democracia, asegura el gobernador, aunque bien le convendría asegurar que cualquier día es bueno para morir en Chihuahua, dada su total incapacidad para evitarlo, así como la rendición total que ha hecho su gobierno ante las bandas del crimen, que como siempre, actúan en total impunidad.

Desde el inicio de su administración se le había dicho por innumerables fuentes que el fiscal Peniche, el comisionado Aparicio y muchos de sus allegados, sólo veían en Chihuahua un filón permanente para incrementar sus ingresos, que no les importaba el arraigo, porque sabían que cualquier día los despedían y se tenían que ir del estado, y tan es así, que las detenciones que se han realizado de gran publicidad, se llevaron a cabo porque se les terminó la protección que se les brindaba.

Aunado a lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia, por acuerdos del Consejo de la Judicatura, solamente atendían casos urgentes en materia familiar, dejando a miles de personas sin recibir justicia, a los litigantes particulares sin ingresos, en tanto que los magistrados, jueces, secretarios y demás funcionarios judiciales, puntualmente continuaron recibiendo su salario íntegro.

En materia penal, los juicios orales se pretende, se lleven a cabo sin la presencia de los jueces, ya que no quieren estar presentes en las audiencias de manera personal y la fiscal de ejecución se niega trasladar a los detenidos a la Ciudad Judicial por posible contagio y en el penal no puede haber sana distancia, mientras que el defensor necesita estar a un lado de su cliente para ejercer una verdadera defensa, dado que a veces el propio imputado sugiere temas para preguntar a los testigos, lo cual no se puede si él está en el Cereso y el defensor en la Ciudad Judicial.

Permitir que un juicio se lleve de esa forma, lo único que produce es la nulidad del mismo, con el problema para la Fiscalía, ya que tendría que volver a presentar toda la prueba en una segunda ocasión, cuando sea ordenada por un tribunal federal y en muchos de los casos se arriesgan a que los testigos ya no se presenten.

La solución que se ha planteado, es que se lleven a cabo los juicios en las salas externas del CERESO, ahí el reo no tendría que salir y estaría en la sala junto a su abogado defensor, aquí cobra importancia que la prueba se debe recibir con inmediación, por lo tanto, tienen que estar en la sala donde estén los testigos para aplicar las técnicas de interrogatorio.

El jueves pasado, se llevó a cabo una audiencia en una de las salas del distrito judicial Abraham González, donde el juez César Alejandro Carrasco Borunda, dictó auto de vinculación en contra de un detenido por un delito grave, sólo que ese mismo juzgador habiendo conocido de los mismos hechos con diversa acusación un año antes; en esa misma temporalidad, durante una entrevista periodística, había comentado detalles sobre el asunto, incluso hizo recomendaciones al ministerio público sobre lo que le había faltado en su trabajo de investigación, por ese solo hecho, se colocó en el supuesto del artículo 37 del CNPP que establece como causa de impedimento para conocer del asunto, el  haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento.

También el mismo jueves y gracias a los buenos oficios del magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos, se logró la aprobación del pleno de magistrados para que ahora sí la apertura y reanudación de las actividades del Poder Judicial se realice de una manera más fluida, aunque el sistema de citas por teléfono continúa siendo el dique que más que facilitar, obstaculiza la buena marcha de la justicia, cuando se debería de tomar el ejemplo de Torreón Coahuila, donde los litigantes toman turno y se van llamando conforme se controla el aforo del interior del edificio, dejando a los litigantes hacer su trabajo y a los funcionarios judiciales el suyo, enmarcados en el cuidado y protección de todos.

Sedientos de justicia en Ojinaga

La presencia de Juan Carlos Loera en Ojinaga, para burlarse de los productores agrícolas, despertó una reacción iracunda de quienes conocen el valor del agua en temperaturas que sobre pasan los 40 grados.

Loera, insultado y golpeado con un maletín en la cabeza y prácticamente aislado en el edificio de la presidencia hasta que la Guardia Nacional lo rescató hacia las 4:35 de la mañana, misma hora en la que también fueron desalojados los productores del puente internacional, los ahora también militares con función de policías, no conformes con esto, cortaron el servicio de internet hasta pasadas las 14:00 horas, con la finalidad de que los productores no se pudieran comunicar con el resto de sus compañeros.

Mientras tanto Javier Corral estaba atento al desarrollo de su iniciativa electoral.

netoaviles@gmail.com