Opinion

De los 400 sacrificados en la UACh

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GPS / Columna

sábado, 08 enero 2022 | 05:00

- De refilón Chihuahua en los homicidios

- Diputados faltistas y con sueldazo completo

- Calidad del aire en duda

Despedir a unos 400 maestros que prestan servicios docentes de hora clase en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en busca de reducir el gasto de nómina, como se ha sostenido desde hace varias semanas, no es tan simple como parece.

Muchos de esos maestros tienen ya varios años desempeñando su función de manera ininterrumpida, mediante contratos semestrales que se dieron por concluidos el pasado 15 de diciembre.

Técnicamente en estos momentos no sólo esos 400 maestros carecen de relación laboral con la Universidad, sino los más de 2 mil docentes contratados bajo este esquema.

Luego entonces sólo serían recontratados unos mil 600 docentes para cubrir las horas clase que los maestros de tiempo completo no alcanzan, ya sea porque en algunas facultades no los hay en suficiente número o porque deben realizar otras actividades como tutorías, investigación y gestión académica.

Decimos que no es tan simple porque muchos de esos maestros han hecho antigüedad y creado una especie de derecho, porque el contrato semestral no es otra cosa que una simulación, cuando la relación laboral es casi casi permanente y continúa.

Durante ese mes y medio los docentes de hora clase se quedan sin servicio médico y sin recibir salario, hasta que firman el nuevo contrato, que, en el caso de la UACh, será en estos días cuando se les hable del área administrativa, y empiecen a cobrar de nuevo allá por el quince de febrero, si es que bien les va, sus cien pesos por hora, más un cálculo de aguinaldo y vacaciones que se les va abonando momento a momento.

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Imposible no mencionar a Chihuahua en el tema de la violencia homicida nacional, cuando se encuentra en los primeros lugares, no de ahorita, sino desde hace más de una década.

Es una espiral que alcanzó clímax en los gobiernos de Reyes Baeza y Felipe Calderón, gobernador y presidente en aquel momento, para después descender durante el gobierno de Duarte y regresar casi a los mismos niveles homicidas con el wuebornador de Corral.

La mención a Chihuahua salió de refilón, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador se defendía de las ocho columnas del Universal, que le cargó la mano a los morenistas por la inseguridad.

Buscó desviar la atención de Zacatecas, que hoy se encuentra en franca condición de ingobernabilidad. Los muertitos a unos metros de palacio de gobierno estatal, en la más completa impunidad, es afrenta y reto. Casi van y los ponen en patio central de la casa de cantera donde despacha el morenista David Monreal.

La explicación de lo que ocurre en Zacatecas, la guerra de grupos del crimen organizado, es la misma que desde siempre se ha dado, sin mayores resultados.

Junto con Chihuahua, fueron mencionados lo otros estados en los cuales se concentran la mayor cantidad de homicidios, Quintana Roo, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, y el Estado de México,

En unos días sabremos oficialmente de acuerdo a la Secretariado Ejecutivo de Seguridad los números totales del año pasado. Ya se adelantó por parte de Fiscalía algún dato, que nos colocaría apenas unos puntos porcentuales por debajo del 2020.

La disminución es pírrica, sigue sin dar resultados la estrategia adoptada, más aún si se le agrega el dato real que es el que trabaja Inegi con base en las actas de defunción, estudio para el cual habrá que esperar meses.

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Si sumamos las inasistencias de los señores y señoras diputados integrantes de la honorable LXVII legislatura, tendríamos que muy bien se pagaría el sueldo de dos de ellos durante un mes.

Entre todos acumulan 86 inasistencias, 76 de ellas justificadas con el sólo hecho de notificarlo a la presidencia, y listo.

Nada de justificar de manera fehaciente por causa grave la imposibilidad de acudir a cumplir con el encargo realizado por elección popular directa o proporcional, por ejemplo, con motivo de alguna enfermedad, que no dudamos que haya algunos casos.

Pero resulta que, con un simple oficio, hasta donde nos han dicho, se dan por bien servidos, tanto la presidencia como el área administrativa a cargo de Ignacio “Nachito” Rodríguez, para justificar la falta y autorizar el pago completo del modestísimo salario que ronda los 130 mil pesos mensuales.

Aparecen con seis faltas Gustavo de la Rosa y Marisela Terrazas; con cinco faltas; Rosana Díaz, Ilse América García y Deyanira Ozaeta.

Tendrían que ser más estrictos y poner la muestra en cuanto a austeridad y calidad en el servicio, donde la asistencia es primordial. Cualquier otro empleado del Congreso ya tendría como sanción la rebaja del sueldo y la amenaza de despido. En las empresas privadas no hay perdón de un solo minuto.

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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología cuenta en su página web con la medición de partículas contaminantes que existen en el aire que respiramos en esta capital.

No profundizaremos en las razones por las que la estación de monitoreo sur no subió ayer ninguna medición, nos concentraremos en que sí lo hizo la zona centro, en la cual se encontraron partículas PM10 con una concentración promedio móvil ponderado de 12 horas de 47 µg/m3. En castellano, hay buena calidad del aire, de acuerdo a estos parámetros.

Sin embargo, nos hicieron llegar una foto del norte de la ciudad donde se puede ver con muchísima claridad una especie de efecto invernadero que tiene encapsulada la contaminación.

Se ve una franja negruzca que rodea la ciudad de Chihuahua. No hay tan buenas mediciones, sobre todo si cuando se mide PM10 cada 24 horas el parámetro aceptable es de 120, y si aquí se midieron 12 horas con 47, una simple aritmética nos dice que algo no está bien.

Un curioso lector de GPS nos hizo llegar esta observación y la imagen que compartimos en nuestra edición digital.

Ha de estar muy atareado el titular de la Secretaría, Gabriel Valdez, con el problemón que tiene encima y que se llama pulpo camionero, como para entretenerse con minucias como la contaminación.

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Ayer se presentaron más de mil positivos de Covid, situación que no ocurría desde hace 14 días. Este número, más la aparición de los dos primeros casos de variante Omicron, obligaron al naranja.

El dato con seguridad pesó en el ánimo de quienes conducen los destinos en materia de salud, porque veníamos de 300, 400 a lo más 600 casos diarios, pero llegar a los mil 53 nuevos casos satisfizo cualquier duda por grande que fuera.

No les llevó mucho tiempo decidirlo. De hecho, en la realidad estábamos en el naranja por decreto, pero en amarillo para el marketing, y para respetar el color que mandata la Secretaría de salud federal.

Ahora no hubo titubeos ni mensajes equívocos, que es lo ideal en materia de comunicación.

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Quienes están al tanto de la situación jurídica del exgobernador, César Duarte, afirman que no pasa de los próximos dos meses cuando se concrete su extradición y enfrente a la justicia en los tribunales locales, esto luego de que desde el pasado ocho de julio del 2020, fuera detenido con fines de extradición y desde entonces se encuentra en una prisión de Miami, mientras que la juez que llevó su caso Lauren Louis, determinó que es viable que sea trasladado a México.

El tema por demás escabroso, no deja de generar morbo a nivel local, las acusaciones que pesan en contra del exmandatario por peculado y desvío de recursos formuladas durante el corralato, deberán estar debidamente sustentadas, de modo que no ocurra lo que ha sucedido con sus presunto cómplices, que uno a uno han salido de prisión, debido a amparos que han ganado.

Tendrá la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Roberto Fierro mucho trabajo qué hacer y demostrar que está en favor de la justicia, pues cabe señalar que entre sus manos tiene el caso Aras que no ha podido resolver y sumado a la extradición del exgobernador, se pondrá a prueba la capacidad de la dependencia.

La defensa del exgobernador tramitó un amparo y el gobierno federal no descarta ofrecerle criterios de oportunidad, situación que sus abogados en la Ciudad de México ya analizan con detenimiento por lo que habrá de estar pendientes de sus próximos movimientos. La prueba la tendrá el gobierno de Chihuahua, para resarcir el daño que aseguran, causó a las finanzas públicas.