Opinion
Periscopio

Del conflicto entre políticas públicas y derechos humanos

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 15 septiembre 2021 | 05:00

En los tres años transcurridos de esta Administración Federal, los mexicanos han sido testigos en los hechos de cómo las políticas públicas instrumentadas no atienden la concreción de nuestros derechos humanos. No se requiere hacer indagatorias para buscar las huellas del desdén y la conculcación o la omisión de su consideración. La prueba es refrendada cotidianamente en las mañeras del Presidente López Obrador por sí o por algún servidor público a su servicio. Y no sólo los proclaman, además presumen que su perspectiva es la correcta, aunque vulnere sistemáticamente la garantía y derecho de la protección a la salud. 

Exhiben su desconocimiento continuamente y ante los amparos concedidos a los niños (y por norma semántica niñas) y adolescentes por los jueces del Poder Judicial Federal, dicen que les enviarán sus argumentos para hacer las cosas correctamente. El que escribe no tiene conocimiento de que dicho Poder haya formulado acuse de recibo. Dejando de paso, evidencia de que los argumentadores también desconocen el proceso judicial.

En la más reciente mañanera el subsecretario de Salud, además de reiterar su enfoque le dio al traste en sentido de su lógica, cuando, cabe suponer, concedió generosamente, valor al elemento argumental exhibido en las demandas de amparo, manifestando la debilidad del sistema inmunitario del escolar solicitante. El Sr. López Gatell concede generosamente que efectivamente se deben vacunar aquellas personas menores de edad que acusan “riesgo grave” ante la potencial enfermedad por coronavirus. Pero insiste en proclamar que el enfoque correcto es el basado en segmentos demográficos a partir de grupos de edad. O más claro: las personas tienen derecho a la protección de la salud si presentan riesgo grave. Por consiguiente, los demás amparados no tienen derecho humano a la salud. Esto es, seguirán incumpliendo su obligación de respetar las resoluciones de los jueces, que día con día se incrementan. ¡A ver de cuál cuero salen más correas! ha de pensar el inefable subsecretario.

El Estado mexicano con cierta tardanza ha suscrito todos los Tratados Internacionales de derechos humanos, de ellos derivan primero las obligaciones que tiene en cuanto los valores universales y las sucesivas incorporaciones a la Carta Magna. Aun cuando las obligaciones preexistían y su aplicación conforme las normas establecidas en los Tratados. La Reforma a la Constitución Federal de 2011, fue la cereza del pastel; sin embargo revistió una importancia trascendental, pues dio lugar a un intenso proceso de armonización de las constituciones locales y todas las leyes reglamentarias en materia de derechos humanos, las cuales determinaron un proceso de creación institucional, con nuevas organizaciones especializadas o bien, con nuevas atribuciones para las existentes.

La columna vertebral de los derechos humanos está constituida por siete tratados, que para los fines de este escrito no es preciso enumerar. A juicio de quien antefirma, sin embargo, los instrumentos clave son los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este último, en su artículo 2,1 establece: “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. El Pacto fue sometido a firma y ratificación en 1966. México lo ratificó en 1981. La reforma constitucional habría de esperar el año de 2011. De lo preceptuado, nacieron diversas iniciativas de los órganos de las Naciones Unidas para asistir a los países firmantes la implementación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, en particular en el ciclo de planificación, programación, presupuestación. Producto de este esfuerzo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cumplimiento de su compromiso de proveer asistencia técnica en el campo de su mandato, presentó en 2010 el manual Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Derechos Humanos bajo el auspicio de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con posterioridad a la reforma constitucional de 2011, se elaboraron el Manual y el Protocolo para la elaboración de políticas públicas de derechos humanos conforme a los nuevos principios constitucionales (enero de 2014). De la presentación retomo los siguientes conceptos: Este Manual es una guía para direccionar las problemáticas de nuestra realidad hacia la consecución de objetivos concretos y bien definidos que permitan cumplir con las obligaciones internacionales y nacionales en la materia y coadyuvar en la consolidación de un Estado de derechos, tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).

Tal vez el hecho de que este Manual y Protocolo hayan sido norma en la administración federal de Peña Nieto, explique la omisión de su conocimiento. Sin embargo, las obligaciones internacionales no desaparecen por mandar al diablo los instrumentos que las atienden.

En fin, el hecho es que la actual administración federal no tiene ni idea del enfoque de derechos humanos, menos aún puede implementar políticas públicas consecuentes con él. Mientras tanto se hace bolas con las medidas de instrumentación de un paradigma que contraviene el enfoque de derechos humanos y vulnera los más caros intereses de salud de los más pobres y de los más vulnerables biológicamente.

Ante la tozuda necedad de la Administración Pública para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, los escolares y sus padres han interpuesto miles de demandas de amparo ante el Poder Judicial. Las resoluciones de los jueces han sido favorables, entre otras razones porque no pueden soslayar la aplicación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, formulado por la SCJN y plenamente acorde con lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 1 de la Constitución Federal, que a la letra dice “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Los padres y sus hijos escolares pueden tener la certeza de que los amparos concedidos habrán de prevalecer y con ello, poner a salvo sus necesidades de salud. Si las autoridades del Ejecutivo Federal persisten en mantener su postura de incumplir lo resuelto por los jueces, habrán de enfrentar las consecuencias.