Opinion
Hablando y escribiendo

Del Ejército y su permanencia en las calles

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Ernesto Avilés Mercado

domingo, 11 septiembre 2022 | 05:00

La aprobación de las leyes reglamentarias para que el manejo administrativo y de operación de la guardia nacional, pase a manos de la Secretaría de la Defensa; la declaración de inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa que se encuentra en manos de la SCJN; la tragedia ocurrida en Villa Ahumada, donde 10 personas perdieron la vida y un número igual se encuentra hospitalizado, el asesinato del policía Municipal que sigue sin resolverse, la negativa de los diputados integrantes de la comisión Jurisdiccional para aceptar la denuncia de juicio político presentada por el magistrado Gabriel Sepúlveda en contra de Javier Corral, el informe de gabinete al cumplirse un año de actividades, son apenas parte de los eventos con los que cerramos esta semana aquí en Chihuahua.

Desde el año 2005, con Vicente Fox, los militares salieron de sus cuarteles buscando frenar a las bandas criminales, mediante detenciones y esporádicos enfrentamientos; después desarrollando acciones más bélicas con la declaración de guerra de Felipe Calderón, acción que fue continuada con Enrique Peña Nieto, registrándose hasta ese entonces 270 mil homicidios, mientras que a la fecha, en el gobierno de López Obrador, se cuentan ya con 120 mil asesinatos, teniéndose un registro global de 390 mil muertes violentas desde que los militares salieron a las calles.

Quedaron aprobadas las leyes secundarias, con las cuáles, la guardia nacional queda en manos de la Secretaria de la Defensa, sin embargo, estas reformas podrían quedar sin efecto, dado que seguramente se planteará una acción de inconstitucionalidad, ya que el artículo 21 de la CPEUM, establece que "Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia nacional, SERÁN DE CARÁCTER CIVIL, disciplinado y profesional"

Ante la falta de los votos necesarios en el Congreso de la Unión, para que el presidente de la República pueda reformar la constitución, se derogaron, adicionaron y aprobaron solamente las leyes secundarias, ya que, para reformar la Constitución, se requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, acuerden las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas locales.

Por lo que respecta a la PPO, el ministro de la SCJN Luis María Aguilar retiró su propuesta para nueva fecha, esperándose que la CIDH emita su sentencia y condene al estado mexicano para que elimine de la constitución la figura de la PPO, ya que la SCJN, solamente puede declararla inconvencional; es decir contrario a la convención americana de derechos humanos y por esa razón, los diputados y senadores, tendrían que legislar para eliminarla. En caso contrario, que se argumente que el derecho interno prevalece por encima de lo firmado por nuestro país, se le recordará que los pactos son para cumplirse...siempre y cuando las condiciones no cambien.

La situación del accidente en Villa Ahumada, pone en evidencia la falta de interés e incapacidad manifiesta de la secretaria de seguridad pública en el Estado para atender una problemática que se presenta de manera permanente en esta localidad; en su defensa, el titular dijo que el personal de guardia tomaba su horario de comida y que no le fue posible enterarse hasta después de media hora.

A pesar de que la distancia es de poco más de una hora a Juárez y que el Halcón podría desplazarse en menor tiempo desde la ciudad de Chihuahua, no les alcanzó la estrategia para tratar de salvar la vida a las personas malheridas y fallecieron varias durante el trayecto por carretera.

Ojalá y el compromiso que estableció Maru Campos para apoyarlos se convierta en acciones que garanticen que los que eventualmente llegamos a comer, -camino a Juárez- podamos hacerlo con la seguridad de que el único riesgo de que podamos quedar expuestos es por comer demasiados burritos y no por otra cosa.

Del policía asesinado, seguramente en breve se darán a conocer resultados, dada la identificación plena que se tiene de los responsables, gracias a la coordinación que se evidencia, llevaron a cabo las corporaciones preventivas y de la fiscalía.

Por cierto, causó extrañeza que el Fiscal Roberto Fierro, sirviera solamente de acompañante para que el secretario Loya hablara de lo que la fiscalía ha realizado; orgánicamente se puede entender que la fiscalía esté por encima de la SSP, pero en los hechos, -se comprueba- Gilberto Loya es el fiscal secretario.

*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH