Opinion

Del lado de la justicia

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Francisco Garfias

sábado, 25 septiembre 2021 | 05:00

Ciudad de México.- Al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero,  y a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se les revirtió el asunto de las órdenes de aprehensión contra 31 académicos de ese organismo descentralizado, a los que se acusa de “crimen organizado y lavado de dinero”. 

El juez Gregorio Salazar Hernández negó a Gertz, en dos ocasiones, las órdenes de aprehensión. Pero el fiscal es terco. Anunció que va por su tercera solicitud para enviarlos a Almoloya de Juárez.  

A Álvarez-Buylla le fue peor. El escándalo desenterró una denuncia en su contra por desacato. Ignoró una suspensión definitiva, librada en marzo del 2020,  que le ordenaba canalizar recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (Reforma, 23 de septiembre, 21).

Con otra: la controvertida directora del Conacyt respondió “no sé de qué me hablas” a reporteros que la interrogaban sobre la denuncia que presentó en contra de los citados académicos. Esa denuncia tiene que ver con el supuesto desvío de 244 millones de pesos al citado foro.

*Lo mismo le pasó al senador de Morena, Armando Guadiana, que se trepó en el tren y tuvo la ocurrencia de pedir que se amplíe la investigación al uso de recursos en las universidades públicas, incluida la UNAM. “Se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”, alegó.

Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, tuvo que salir a deslindarse de esa ocurrencia dirigida a la UIF y a la Auditoría Superior de la Federación.

Muy pronto tuvo una respuesta tajante del mismísimo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera:

“La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”, escribió en Twitter.

*La solicitud de la FGR de que se libren las órdenes de aprehensión en contra de académicos y trabajadores del Conacyt ha provocado un rechazo generalizado en la comunidad científica.

La Universidad Iberoamericana –privada– compartió la preocupación por las acusaciones a los científicos y trabajadores de educación superior.  “Expresamos nuestra solidaridad para exigir que se haga valer el estado de derecho y prevalezca la justicia en el espíritu que debe sostener la vida democrática de nuestro país”, expuso en un comunicado.