Opinion

Del pato laqueado al menú de papas en la cárcel

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GPS / Dominical

domingo, 12 junio 2022 | 05:00

Tomando al pie de la letra el trato que el gobierno de México le dio a Emilio Lozoya Austin, César Duarte Jáquez debería estar en estos momentos en un hospital, y desde ahí tendría que haber escuchado la imputación y en su caso la vinculación a proceso. 

Es más, hasta se podría haber ido a casa de una de sus hijas con prisión domiciliaria, bajo los principios laxos de interpretación de la ley, que algunos dirán corresponden a un sistema penal garantista bajo el principio de presunción de inocencia que Corral violó desde aquellos espectaculares y antes, con sus múltiples apariciones públicas desbozaladas.

Jamás habría pasado, como ocurrió hace una semana y días, que el exgobernador llegó en camiseta al penal de Aquiles Serdán, esposado, donde fue internado, y menos aún ser sometido a largas sesiones de juicio oral en que debió aguantar con hipertensión superior a 153/90, y una hernia inguinal con severo dolor, que lo postró en silla de ruedas durante tres días seguidos e incluso el miércoles que se le dictó vinculación.

Por mucho menos que eso, Emilio Lozoya, el poderoso exdirector de Petróleos Mexicanos, presentaba solo una anemia y lo que dijeron era una complicación en el esófago. Nunca se le vio en qué condiciones llegó, porque todo se hizo a espaldas de las cámaras y las molestas fotografías. Pero aún más, hasta donde sabemos, no hubo ningún estudio previo de carácter médico para determinar la gravedad de los padecimientos, aquella noche. Fue una decisión discrecional del Juez y de la FGR.

Sin decir nada, Lozoya fue trasladado a un hospital de lujo en la zona del Pedregal, desde donde se conectó por video conferencia para escuchar las imputaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, desde la amplia habitación en que fue mantenido varios días, hasta que se le dictó libertad condicional, con prohibición de salir del país.

Podría decirse que los delitos son mucho menores que los del “odiado enemigo”, pero el exfuncionario del gobierno federal está acusado de haber recibido diez millones de dólares –el doble de lo imputado a Duarte-, como parte de la red de corrupción de Odebrecht y la venta de Hidronitrogenados. Al exgobernador –por el momento- sólo se le imputa el peculado de 4.9 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Tampoco hace diferencia la manera en que uno y otro fueron detenidos. Igualito que Duarte, Lozoya fue arrestado en el extranjero, en este caso en un taxi en Málaga, España, desde donde se defendió jurídicamente como gato patas para arriba ante la solicitud de extradición del gobierno mexicano, hasta que llegó a un convenio, que ha salido a la luz como toda una farsa.

Se le cayó el teatrito cuando fue fotografiado en un restaurante de esos de alto postín en Las Lomas, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Departía con otros comensales en una elegante mesa redonda, impecable, cuando fue sorprendido. 

Lozoya debía estar en su casa, se supone, sin salir de ella porque en eso consiste la prisión domiciliaria, pero como Juan por su casa fue a comer pato laqueado, dicen, uno de los mejores en la CdMx.

La historia de Duarte fue totalmente distinta. 

No hay pato en el menú genérico del penal de Aquiles Serdán, encerrado en una pequeña celda en área de alta seguridad, entendemos, aislado del resto de los internos por el riesgo que pudiera existir en su salud e integridad. 

La única atención médica ha provenido de los mismos médicos e instalaciones del Cereso, nada que ver con el trato otorgado al junior Emilio Lozoya.

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Se ha documentado que inclusive los testigos protegidos captados por la Fiscalía General del Estado en la época de Corral, firmaron un ilegal convenio, con privilegios muy lejos de lo que considera el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Todos ellos ni siquiera han sido indiciados –salvo alguna excepción-, carecen de carpetas de investigación judicializadas, y ni siquiera han pagado –en su mayoría- la reparación del daño, para lo cual se señalaron puntuales montos y fechas, mediante compromiso firmadito.

Igual que en el caso de Emilio Lozoya, la administración de Javier Corral otorgó de manera discrecional prebendas a los testigos para evitar la cárcel, incluso –se ha denunciado- con el uso de métodos nada ortodoxos que han estado saliendo a la luz pública, y que serán investigados en la misma secuela procesal penal que se sigue contra Duarte.

Por eso, Corral y compañía, azuzaban –y azuzan- a la opinión pública en contra de la actual administración, inclusive antes de que tomara posesión, hasta estos días. No han dejado de acusar una complicidad judicial y administrativa, gracias a la cual habría alfombra roja a Duarte y trato mayúsculo de privilegios.

“Tengo confianza en el nuevo momento que vive Chihuahua”: César Duarte Jáquez, en la audiencia de vinculación a proceso. Nomás faltaba que no tuviera!!! Cuando ha vuelto a colocar en posiciones estratégicas del Gobierno del Estado a ahijadas y cómplices”, publicó Corral en redes sociales.

Duarte ha de estar pensando en exigirle a Corral que se cumplan sus vaticinios, que han salido igual de mentirosos y fallos, puras habladurías.

El jueves llegó Duarte Jáquez a Chihuahua por la tarde noche. Del aeropuerto directito a la cárcel. El viernes, pasadas las seis de la mañana, en vehículo utilitario, con fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado a la Ciudad Judicial.

Ahí tuvo que permanecer sentado muchísimas horas, el viernes, sábado y domingo. La audiencia era interrumpida por el dolor de la hernia inguinal, que lo dobló, hasta que tuvo que usar silla de ruedas. La molestia fue continua.

A la par la presión arterial subió hasta convertirse en riesgo de salud, a punto de colocarse en parámetros que médicamente advierten condiciones para que se presente algún accidente vascular. No faltaría algún médico especialista que pudiera certificar lo anterior y poner en predicamento al juez. Pero nada de eso ocurrió.

Elementos había, si se quiere mínimos, para ordenar alguna medida. Pero no se hizo. Se mantuvo al reo en la sala de juicio oral, inclusive hasta el miércoles en que se le declaró la prisión como medida cautelar por el riesgo de huir, por haber sido extraditado y tener una condición económica que posibilita su fuga.

Cayó como balde de agua fría el trato sin misericordia otorgado al exgobernador, lejos de los privilegios obsequiados a Lozoya o a los testigos protegidos de Corral.

Ha estado un paso adelante Maru de Corral Jurado. Desde el jueves puso a disposición a Duarte de la Fiscalía General de la República, pero AMLO, colmillo retorcido, no quiso la papa caliente, pese a la insistencia abyecta de Corral que se apareció patético en auto sedán en Palacio y no en Suburban blindada como estaba acostumbrado de gorra.

Aún más, de inmediato solicitó Maru a la FGR para que a través de la SRE pida excepción al principio de especialidad, y se juzgue por todos los delitos que jamás se pidió en la extradición, por irresponsabilidad corralista.

Lo había dicho la Gobernadora desde el jueves, ni perdón ni olvido. No le creyeron. Ahí están los datos del trato diferenciado, un mismo caso con privilegio mediante interpretación flexible de la norma, tanto del gobierno de México como del mismo Corral, y la mano dura, inflexible, contra Duarte.