Opinion

Derechos fundamentales, rehenes de los candidatos

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Héctor García Aguirre

martes, 01 junio 2021 | 05:00

"Ofrecer no empobrece, el dar es lo que aniquila" Refrán popular.

Existen en nuestro país una gran cantidad de disposiciones contenidas en múltiples ordenamientos jurídicos que no se cumplen. Representan, en el mejor de los casos “códigos de buenos deseos” pues contienen anhelos inalcanzables para una parte considerable de la población. Empezando por la Constitución Federal, que en su artículo 4o. ofrece a los mexicanos toda clase de satisfactores (imprescindibles y básicos adicionales) insatisfechos, como son: a) Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; b) Servicios de salud; c) Salubridad general; d) Medio ambiente sano; e) Agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; y, f) Una vivienda digna y decorosa. Pero no sólo los ofrece sino que dice garantizarlos. Diga usted si, conociendo la situación en la que se encuentran millones de conciudadanos, considera que esos satisfactores están al alcance de todos.

Campañas van y campañas vienen, y los derechos fundamentales vuelven a ser rehenes de los candidatos en turno al ofrecer lo que ni ellos mismos están convencidos que pueden cumplir, y así llegan al poder, permanecen en él saboreando las mieles del buen vivir, terminan su encargo sin pena ni gloria incumpliendo lo que prometieron. Y es que hay una razón muy poderosa para faltar a sus promesas, simple y sencillamente el erario mexicano no alcanza para cubrir los sueños.

La bandera más manoseada de los políticos de todos los colores es su “preocupación” por la desigualdad socioeconómica en el país, sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce que en 2018 había en México 52.4 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, de los cuales 9.3 millones vivían en la pobreza extrema. Para ubicarnos, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Entiéndase que una persona vive en pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Entre otros derechos, la Constitución dice garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, no obstante el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNICEF reconocen que en México, según la última encuesta nacional “los niños, niñas y adolescentes de los estados del sur del país tienen alrededor del doble de probabilidades de tener bajo peso o talla para su edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, que los que viven en el norte.” Esta revelación resulta una abierta contradicción entre lo que dice la Constitución, lo que prometen los políticos en campaña y lo que sucede en la realidad.

Según la Carta Magna “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.” Para contextualizar estas cualidades es oportuno acudir a la Ley de Vivienda (Reglamentaria del artículo 4º. constitucional), cuyo artículo 2 establece: “Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.”

Políticos van y vienen, y una casa, para millones de mexicanos, sigue siendo una necesidad insatisfecha. La ONU-Habitat estima que al menos 38.4 % de la población de México habita en una vivienda no adecuada, es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua y saneamiento.

Paradójicamente, la propia Ley Fundamental dice en el artículo 4º que “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” Lo cierto es que ese objetivo no se ha alcanzado, no obstante que con esa finalidad se reformó en 1983 el artículo 4º constitucional, lo que alimentó los sueños de millones de mexicanos de hacerse de una vivienda digna y decorosa, y ya ve usted, está muy lejos de concretarse ese anhelo.

Las promesas de campaña, en ese contexto, son sólo falacias, el presupuesto en México no alcanza para satisfacer la ambición propagandística de los políticos. Así que lo mejor será decantarnos por quienes se conduzcan con un discurso honesto, moderado y acorde con nuestra realidad económica, de otro modo, los votantes nos veremos una vez más…¡chamaqueados!