Opinion

Derechos humanos, el desafío

Teporaca Romero del Hierro
Domingo, 09 Diciembre 2018 | 12:26

“El presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentará uno de los temas más desafiantes del sexenio, debido a la importancia del tema, estará bajo la observancia de organismos humanitarios internacionales, desde el primer día de su gestión”.
México, uno de los países más violentos del mundo, enfrenta una de las etapas más críticas en materia de derechos humanos, resultado de la impunidad y falta de protocolos de investigación, resultado del poco o nulo compromiso por parte de la autoridad.
Audios e imágenes se viralizan por las redes sociales y espacios informativos a nivel internacional, exhiben abusos de autoridad, actos de corrupción, desaparición forzada, discriminación, desigualdad, tortura, feminicidios, trata de personas, crímenes de políticos, de periodistas, de odio, de activistas sociales, pedofilia, pornografía infantil, adicciones, ecocidios, maltrato a niños, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, inseguridad, narcotráfico y violencia desmedida, producto de un tejido social depauperado, desinformado, sin compromiso social, carente de valores y de espiritualidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentará uno de los temas más desafiantes del sexenio, debido a la importancia del tema, estará bajo la observancia de organismos humanitarios internacionales, desde el primer día de su gestión. Hace unos días, Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para que el mandatario federal cumpla sus promesas en esta materia, particularmente en el tema de la desmilitarización del combate al crimen.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en comunicado de prensa señalo: "El gobierno del presidente López Obrador tiene una oportunidad histórica para construir un México donde se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas".   Tania Renaum, directora ejecutiva de dicho organismo en México, dijo que seguirá "con lupa" los pasos que dé López Obrador en sus primeros 100 días en el poder, para construir un mejor país.
Dicho organismo recomienda renunciar a la creación de una Guardia Nacional a cargo del ministerio de la Defensa, formada por agentes navales, militares y la Policía Federal; promover una reforma constitucional para reconocer los derechos laborales de los policías, enviando un "mensaje público de que no se tolerará el uso desproporcionado de la fuerza". Especialistas independientes de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, secundan esta propuesta.
López Obrador durante su campaña, prometió regresar al cuerpo militar a sus cuarteles tras 12 años de una guerra fallida contra el crimen, emprendida por el ex presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, hasta la fecha se contabilizan al menos 240 mil muertos y 40 mil desaparecidos. Sin embargo, según la prensa, las organizaciones lo acusaron de incumplir su compromiso antes de tomar protesta, luego de presentar su estrategia para combatir al crimen, que incluye la Guardia Nacional bajo la dirección del ministerio de la Defensa.
Aluden que seguirán aumentando los abusos contra civiles por parte de militares que participan en la campaña anticrimen, especialistas de la ONU señalan: "El creciente papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento de las violaciones de derechos humanos en México". 
Raine Huhle, integrante del Comité de la ONU contra desapariciones forzadas, al presentar un informe sobre México, criticó la iniciativa de la Guardia Nacional, y la definió como "un peligro" para el país.
  Dijo: "Hay qué distinguir entre lo que son competencias de un policía y lo que son competencias de una fuerza militar. Casi siempre hemos visto catástrofes cuando se mezclan estas cosas". Al respecto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México comentó que la iniciativa de Guardia Nacional no es "un asunto resuelto" sino algo que "debe ser debatido".    
Se requiere de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión, para que pueda aprobarse la iniciativa en comento.
  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó severamente la investigación del Gobierno saliente sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014 por graves violaciones en esta materia; agregó que se encontraron restos de 19 personas no identificadas en un basurero relacionado con el caso. Luis Raúl González, presidente de dicha comisión en conferencia de prensa puntualizó, que se hallaron restos en un basurero donde fiscales dijeron que los 43 cuerpos de los estudiantes habían sido quemados por miembros de pandillas que los asesinaron.
Investigadores internacionales independientes han planteado dudas sobre la versión oficial de los eventos, aseguran que los estudiantes fueron llevados al basurero y quemados allí. González advirtió que los restos aún no han sido identificados. Familiares de los estudiantes se han negado a aceptar la versión del oficial.
El Ombudsman, en diversos foros ha señalado, que el sexenio de Enrique Peña Nieto, quedará marcado por violaciones graves a los derechos humanos, dijo: “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto a los derechos humanos, tampoco se ha logrado fortalecer nuestro entorno democrático de Derecho ni se ha logrado modificar positivamente el entorno que, cuando inició su mandato, ya enfrentaban millones de mexicanos: inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”. Muchas voces consideraron que el gobierno saliente mantuvo una relación de tensión con organismos internacionales de derechos humanos, por el caso Ayotzinapa, donde hubo acusaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por ser víctimas de espionaje y obstrucción de sus tareas para desempeñar su trabajo.
La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH) consideró que la decisión del nuevo presidente de México,  Andrés Manuel López Obrador, de crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa supone un  “cambio sideral”  respecto a la anterior actitud de las autoridades mexicanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este lunes el decreto por el que se crea una comisión para contribuir a la verdad y la justicia para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Como uno de sus primeros actos de gobierno, con los padres y madres de las 43 víctimas y sus representantes legales, López Obrador firmó el ordenamiento para que “todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objetivo de fortalecer el derecho de que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad”.
Arranca una nueva era, donde una sociedad dolida por la pobreza, desempleo, falta de oportunidades educativas, inseguridad y violencia habrá de exigir resultados, condena la injusticia, la desigualdad social, la misoginia, la impunidad, la corrupción, el abuso de poder, el revanchismo político y la violencia; exige respeto a los Derechos Humanos, concientizar sobre su legalidad es el reto, como mexicanos merecemos vivir en un ambiente armonioso, que fomente la inclusión, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la cultura de la legalidad y el respeto mutuo. Sumemos Voces.