Opinion

Derechos humanos para todas y todos

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Rosa María Sáenz Herrera

domingo, 17 mayo 2020 | 05:00

EN MEMORIA DE PAQUITA JIMÉNEZ  BARRIENTOS

En el proceso electoral de 2018, en nuestro estado, varias ciudadanas nos organizamos formando el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, mediante el cual desarrollamos distintas tareas, a través de metodologías las que nos arrojaron  entre otros aspectos, el de la violencia política ejercida en  perjuicio de candidatas de diversos partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular por parte de distintos actores de la sociedad, desde medios de comunicación hasta integrantes de su mismo partido político durante el periodo electoral. 

En el informe final que realizamos del Observatorio al IEE en su página 102 encontramos que los tipos de violencia que destacan son: la difamación con un 28%, 15%  tiene que ver con el presupuesto asignado a su promoción de campaña, 5% violencia sexual y 1% ataques físicos. En la página 103 se muestra la gráfica no. 21.

Lo anterior dejó evidenciado el vacío legal existente y por ende  la necesidad de una propuesta legislativa, ésta vino a recaer en  el código Penal del Estado de Chihuahua publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 15 de junio de 2019,  quedando de la siguiente forma: 

Artículo 30. Catálogo de medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son:

I…II…III…IV…

V. Tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política

[Artículo adicionado con una fracción V mediante Decreto No. LXV/RFLYC/0854/2018 XVI P.E. publicado en el P.O.E. No. 48 del 15 de junio de 2019]

VIOLENCIA POLÍTICA

 [Denominación reformada mediante Decreto No. LXV/RFLYC/0854/2018 XVI P.E. publicado en el P.O.E. No. 48 del 15 de junio de 2019] 

Artículo 198. A quien por sí, o a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos, se le impondrá de tres a siete años de prisión, de cien a mil días multa, y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política. H. Congreso del Estado Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Biblioteca Legislativa “Carlos Montemayor Aceves” Código Penal del Estado de Chihuahua Última Reforma POE 2020.02.22/No. 16 54 de 145 La pena se aumentará en una mitad cuando este delito: 

I. Se cometa en contra de mujeres: embarazadas, personas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica, o por orientación sexual e identidad de género. 

II. Sea perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima. Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pública, se le inhabilitará para el desempeño del empleo, cargo o comisión público, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 

Este delito se perseguirá de oficio.

El 15 de julio de 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos “promueve la primera acción de inconstitucionalidad en la historia de este organismo” (cita pág. 113 del informe 2019 CEDH) en contra del artículo 198 del código penal de nuestro Estado, por considerar que es violatorio a los derechos humanos.

Bien, pues el pasado mes de abril del presente año la Suprema Corte de Justicia invalida los preceptos normativos del Código Penal del Estado de Chihuahua antes referidos, bajo el argumento que el órgano legislativo local no es competente para legislar en materia electoral, con lo cual estamos de acuerdo. 

Más sin embargo se queda totalmente descubierto un vacío legal, como es el hecho de que si la violencia cometida no proviene de un proceso electoral sino que es derivado de un ejercicio excesivo de poder, esto es, violencia de quién ocupa un cargo público en contra de una persona que se encuentra a su servicio, como vemos esto es el uso y abuso excesivo derivado del poder que le da ostentar un cargo público superior al subordinado no importa que este sea hombre o mujer por lo que tendrá que tipificarse esa conducta en un nuevo tipo penal. Si realmente pretendemos hacer historia defendiendo a las víctimas de estos atropellos. 

Aprovechando la coyuntura  instamos al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que haga uso de las facultades que  la ley le otorga para que realice una propuesta legislativa en este sentido, en virtud de que hay muchas mujeres que se encuentran frecuentemente en este supuesto y si bien es cierto una mujer con poder puede  también violentar a otras mujeres (recordemos que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género) la realidad es que en su mayoría son hombres agrediendo a mujeres, en Chihuahua se conocen ya varios casos, así como mujeres que han ejercido acciones legales en su defensa, pero que éstas no son suficientes por no existir los respectivos hipotéticos normativos. Además aunado que para dicho ejercicio va a depender si es mujer empoderada o no y ante ausencia de leyes que protejan los derechos desalentará a que las personas agraviadas se enfrenten a un litigio visualizado de antemano como fallido por no tener suficientes medios legales para su defensa.

No deja de llamar la atención a algunas de las organizaciones civiles que promovemos los derechos humanos que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua el Lic. Néstor Armendáriz Loya, haya promovido con tanta rapidez  una acción de inconstitucionalidad (además histórica como lo cita) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los  preceptos normativos antes citados y nos llama la atención no porque haya sido ilegal, sino porque al preguntarle en una reunión vía zoom que tuvimos con él recientemente, ante pregunta expresa de qué lo había motivado a ejercer dicha acción, manifiesta que fue la queja que promueven dos mujeres en contra de otras mujeres que ejercieron violencia contra ellas.  

Lo anterior nos lleva a reflexionar y preguntarnos ¿qué poder tuvieron esas dos mujeres que lograron interesar al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al grado de promover una acción de inconstitucionalidad? Pues tenemos en el Estado de Chihuahua no dos sino muchas personas que se han visto agraviadas por violaciones a sus derechos humanos como es el caso de la Directora Estatal de Colegios de Bachilleres Teresa Ortuño que llamó ofensivamente “machorras” a mujeres lesbianas y que también se ha opuesto a la educación o promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes estudiantes, población que por la edad en que se encuentran son vulnerables y que son 40,000 estudiantes a su cargo en el Estado. Hasta este momento no hemos tenido conocimiento que se haya emitido alguna recomendación que tenga que ver con una llamado de atención o la solicitud de removerla de su cargo, sólo a interpelación de los medios de comunicación su respuesta fue “Sí existen los derechos sexuales y reproductivos incluso tratándose de menores de edad”.

Y ya que sale a relucir el tema de la población homosexual está pendiente legislar en el código civil local su derecho al matrimonio a quienes con esta omisión legislativa también se violentan sus derechos humanos y no son dos personas son muchas.

Hay infinidad de casos Señor Presidente Néstor Armendáriz Loya, pero por hoy sólo citaré estos y lo exhortamos a que siga haciendo historia tal y como lo señala en su informe de 2019, a que  con el mismo ánimo que le llevó a defender a dos mujeres, defienda a miles de personas que aún esperamos la igualdad sustantiva, haciendo uso de todas las atribuciones que la ley le confiere a su investidura para que el acceso a la justicia sea una realidad para todas/os.

La autora es integrante del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C.

y del Movimiento Estatal de Mujeres.